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Entrevistas Entrevistas “La protección social debe reforzarse”. Noemí Martín. Consejera de Bienestar Social y Vivienda

“La protección social debe reforzarse”. Noemí Martín. Consejera de Bienestar Social y Vivienda

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Escrito por Lupercio González   
Lunes, 31 de Agosto de 2009 11:31
Tras abandonar su puesto como Parlamentaria regional, Noemí Martín está al cargo de una Consejería con muchos frentes abiertos, todos ellos de gran calado. Temas como la Ley de Dependencia o las viviendas protegidas pasan por sus manos, con una intensidad de trabajo nada desdeñable. Más ahora, que la crisis ha puesto los derechos sociales en el punto de mira.

Noemí Martín. Consejera de Bienestar Social y ViviendaLa vocación política le viene por tradición familiar, y aún con su experiencia, Noemí Martín afirma que con este cargo está descubriendo los entresijos más prácticos de la política: la gestión de los recursos de los ciudadanos. En esta Consejería se tiene claro que hay que priorizar, y favorecer primero a los más desprotegidos.

-Los temas que lleva esta Consejería son muchos y complejos. ¿Dónde se centran sus prioridades?
-Cuando llegamos aquí destacamos tres prioridades, lo que no significa que el resto de los temas no sean importantes, como la cooperación al desarrollo, o distintos temas de inclusión social. Pero una de las mayores preocupaciones, quizá porque sabemos que afecta a muchas personas es en primer lugar la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, que está siendo muy compleja. Me preocupa porque estoy detectando que genera frustración en la gente, cuando es una ley muy importante, que garantiza un nuevo derecho, por lo tanto creo que se pueden hacer las cosas mucho mejor de lo que las estamos haciendo. Es cierto que es el inicio, y no podemos pretender que una ley nueva entre en funcionamiento de forma correcta al cien por cien, pero sí es una primera preocupación.
Otra segunda es todo lo que tiene que ver con la política de infancia, que a veces es la hermana pobre de las políticas de bienestar social. Sin embargo, creo que con todos los cambios que se están produciendo, por ejemplo la llegada a Asturias de menores extranjeros no acompañados, ha cambiado mucho el perfil desde que se creó la red de atención a los menores en Asturias, hace veinte años. Es cierto que la red se ha quedado obsoleta en ciertas cuestiones, por tanto hay que adecuarla a los tiempos que corren. La política de infancia es un terreno muy sensible y complejo, y ahí hay que hacer un esfuerzo importante, porque es verdad que ha estado relegada a un segundo plano.
Por último, evidentemente, nos preocupa todo lo que tiene que ver con la política de vivienda. Hoy hay muchas familias que no tienen capacidad para acceder a una, por tanto es un derecho básico que al final se convierte en un artículo de lujo. Hay que ver qué medidas se ponen en marcha en Asturias, para tratar de minimizar el impacto que está teniendo en la pérdida masiva de empleo de muchas personas que trabajaron en el ámbito de la construcción.
“Nosotros entendemos que los limitados recursos públicos deben vincularse y dirigirse hacia la gente que más desprotegida está”
-La crisis actual está haciendo más vulnerables a los sectores sociales más desprotegidos. ¿Peligran los derechos sociales, el salario social, la Ley de Dependencia, las prestaciones, etc.?
-Me preocupa que puedan peligrar, efectivamente, porque a veces no se consideran una prioridad. Esta crisis la crearon unos y la están pagando otros, como siempre. Nosotros entendemos que los limitados recursos públicos deben vincularse y dirigirse hacia la gente que más desprotegida está. Creo que el salario social es un instrumento muy importante del que nos dotamos la pasada legislatura, no exento de polémica. A veces parece que cuando diriges recursos hacia estas políticas estás malgastando el dinero, idea que nosotros no compartimos: una sociedad que se dice moderna debe garantizar unos mínimos de vida dignos a la gente. Es verdad que la Ley de Salario Social se aprobó en un contexto distinto, no existía crisis económica, pero es un instrumento muy válido precisamente en este momento, en que por una situación también coyuntural la gente se está quedando sin empleo, y al menos podemos garantizar que las necesidades básicas estén cubiertas. Todo esto tiene un riesgo, y es que se reducen los recursos públicos porque hay menos ingresos. Pero hay que tener claro que la prioridad es la protección social, más allá de la creación de empleo, de la necesidad de cambio de modelo productivo. Hay que proteger a la gente que peor lo está pasando. A veces se escuchan discursos del tipo “eso es consolidar vagos” o “no estás invirtiendo en nada productivo, sino en algo que no tiene futuro”, discursos que yo no comparto, porque una cosa no excluye la otra. Hay que cambiar el modelo, invertir mucho más en investigación y desarrollo, seguramente diversificar muchas actividades que vienen siendo tradicionales pero no tienen futuro, pero eso no debe ser incompatible con que en momentos como éste la protección social se refuerce. Además, es una obligación política para quienes nos decimos de izquierdas.
“Las administraciones públicas estamos obligadas a facilitar el acceso a una vivienda, no a la propiedad de una vivienda”
-A esto hay que sumarle que nuestra región tiene una población envejecida. ¿Qué va a pasar con las pensiones en el futuro?
-Debe haber un pacto que garantice la supervivencia de las pensiones en el futuro, porque no son un regalo, sino un derecho adquirido por parte de los ciudadanos después de toda una vida trabajando. La comunidad asturiana es, efectivamente, una comunidad con un alto porcentaje de población envejecida, eso requiere un mayor esfuerzo presupuestario. Si esto además lo relacionamos con la Ley de Dependencia se plantea como un derecho de prestación de servicios a las personas que tienen un nivel de dependencia determinado, y no sólo eso, sino también el derecho a la prevención de dependencia, es decir, a todo un conjunto de acciones que tienen que ver con evitar, en la medida de lo posible, que las personas tengan una situación de dependencia, o intentar alargar el periodo previo a esa situación.
-Acceder a una vivienda sigue siendo un sueño inalcanzable para muchos jóvenes. ¿Cómo se enfoca este tema desde la Administración?
-Para nosotros hay un principio básico, que necesita un cambio de mentalidad: las administraciones públicas estamos obligadas a facilitar el acceso a una vivienda, no a la propiedad de una vivienda. En este país tenemos una mentalidad distinta a muchos otros del entorno europeo, donde el alquiler predomina por encima de la adquisición. Es cierto que para eso tienen que producirse otros cambios, y es que no puede costar lo mismo alquilar un piso que comprarlo, porque en ese caso la gente evidentemente prefiere pagar una hipoteca que un alquiler.
Por eso, y en primer lugar estamos haciendo un esfuerzo importante por seguir construyendo viviendas protegidas, porque tiene que haber un cambio sustancial de modelo donde la vivienda protegida predomine. Será la única manera de cambiar esta tendencia, que ya se está rompiendo por otras razones, como la especulación, que acaba convirtiendo la vivienda en un artículo de lujo.
Como ejemplo, en Gijón acabamos de entregar un grupo de viviendas, con la característica de que las que estaban al lado costaban justo el doble, de veintidós millones a cuarenta y cuatro. Al hacer más vivienda protegida estamos obligando al mercado a bajar los precios más allá del contexto actual, porque en los últimos años se dejó que el libre mercado interviniese con procesos especulativos, que dieron lugar a ese boom inmobiliario cuyas consecuentes estamos pagando ahora.
“Hay que priorizar el alquiler y la rehabilitación de las viviendas”
Noemí Martín. Consejera de Bienestar Social y Vivienda -¿Cómo se va a impulsar el alquiler?
-Desde Vipasa, la Sociedad Pública de Alquiler, se ofrecen alquileres a precios razonables, especialmente a los jóvenes. Las familias pagan un 20% de sus ingresos a la vivienda, lo que es razonable, no dedican el 50% o más para pagar un alquiler, como está pasando. Nuestros alquileres son asequibles en ese sentido, en que limitan el porcentaje de la renta que se dedica a esto. Y de este modo conseguimos que la gente joven, o no tan joven pero con menos ingresos, pueda tener una vivienda sin hipotecarse, y sin estar con el agua al cuello todos los meses, especialmente con la cantidad de empleos precarios que hay en este país.
-¿Se está valorando también la rehabilitación de viviendas ya existentes?
-Desde luego, porque es un modelo más sostenible. No queremos construir por construir, sino mejorar el parque de vivienda ya existente, público o privado, especialmente ahora, que esto genera la posibilidad de dar empleo a muchos autónomos y pequeñas empresas. En este país se estaban construyendo ochocientas mil viviendas al año, viviendas que no necesitábamos. Hay que mejorar las ya existentes, y estamos trabajando en ese sentido.
“Debe haber un pacto que garantice la supervivencia de las pensiones en el futuro, porque no son un regalo, sino un derecho adquirido por parte de los ciudadanos después de toda una vida trabajando”
-¿Cómo es el apoyo financiero, en colaboración con bancos y cajas, para ayudar a las familias a acceder o a mantener una hipoteca?
-Está claro que la inyección económica que se produjo en las entidades financieras no está llegando a la gente que lo necesita, por tanto esas inyecciones deben hacerse con condicionantes para que ese esfuerzo público tenga los resultados buscados. Es un primer elemento de reflexión porque nos estamos dando cuenta de cómo las entidades financieras están generando inmensas dificultares a familias que seguramente hace dos años eran muy bien recibidas. Por eso, tenemos una línea de avales con un doble objetivo: favorecer el acceso al crédito de promotores que hagan vivienda protegida y que a la vez esos avales se puedan subrogar en hipotecas para un futuro comprador, de manera que se facilite al promotor una serie de seguros ante posibles impagos. En cierto modo, las administraciones comparten el riesgo, siempre garantizando que el comprador tiene solvencia para acceder a ese crédito, entendido como que pueda destinar una parte de su salario, un 30% o 40%. Para una familia que no tenga esa capacidad de comprar, ahí están las otras líneas de alquiler. Todo esto son medidas que buscan ir dando solución a los obstáculos que ahora mismo se plantean, ya que la solución al sector ahora mismo es mucho más compleja.
-Antes de ocupar esta Consejería, usted fue Diputada regional durante muchos años. ¿Ha notado mucho el cambio en la forma de trabajar?
-Supuso un cambio muy importante, porque la visión parlamentaria y la visión de la gestión son dos ámbitos de trabajo radicalmente distintos. En el Parlamento decimos cómo se deben hacer las cosas, pero aquí hay que hacerlas, y nos enfrentamos con la gestión del día a día. El trabajo lo afrontamos, tanto yo como el equipo que me acompaña, con toda la ilusión y con energía, que es muy necesaria; más en un contexto como el que estamos viviendo, y en una Consejería en la que hay que priorizar, gestionando el dinero de los ciudadanos de la mejor manera posible, y dirigiéndolo a la gente que peor lo está pasando.
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