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viernes 29, marzo 2024

‘Los problemas no están en el negro o el marroquí de al lado, sino más arriba’. Carmen Prado. Presidenta de SOS Racismu Asturies.

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Empezó como suelen empezar muchas historias, sumando casualidades. Conocía a unos senegaleses que acababan de llegar a Asturias, más a gente de otras comunidades que estaban en la federación de SOS Racismo, una cosa llevó a la otra, y al final Carmen Prado lleva ya casi veinte años trabajando en la rama asturiana de esta ONG. Más que trabajando: militando. Especialmente ahora, que hace ya tiempo que no reciben ningún tipo de subvenciones, esto se convierte en una labor vocacional y convencida. SOS Racismu comparte local y gastos de alquiler con otras asociaciones, y a cambio puede permitirse el lujo de tener un sitio en la calle Gascona, en pleno centro, para que sea lo más accesible posible. Allí nos vemos, para hacer repaso a los diferentes temas que manejan.



-¿Quién está detrás de SOS Racismu Asturies?
-Ésta es una asociación, más que de voluntarios, de militantes antirracistas. Llevamos trabajando desde el año 96 y somos unas siete personas las que nos dedicamos más activamente a esto de forma altruista, en nuestro tiempo libre. Nos ocupamos de temas de extranjería, proporcionamos información sobre documentación, ayudamos a presentar recursos, gestionar denuncias, etc.
-Es de suponer que la inmigración que recibe Asturias sea diferente a otros lugares, como por ejemplo allí donde llegan pateras. ¿Qué perfil de casos atendéis mayormente y qué tipo de ayuda solicitan?
-Hubo una época en la que había mucha gente de América latina, pero ahora mismo el perfil más habitual es el de hombre joven, africano, negro, irregular. Les ayudamos a conseguir los papeles, porque cada vez es más complicado y las exigencias son mayores. Les informamos de lo necesario y les acompañamos en todo ese proceso administrativo y burocrático: permiso de trabajo, permiso de residencia, etc.
-¿Y en cuanto al tema de los menores no acompañados?
-Hubo muchos en su momento y ahora están empezando a venir otra vez. Y no sólo marroquíes, sino del África negra también. No es un tema en el que estemos especializados, pero por comentarios de gente que trabaja con ellos, parece que de nuevo repuntan los viajes y empieza a llegar una generación nueva. No es tanto como hace unos años, que en primera acogida igual había cincuenta chavales, pero no hay que descuidarse porque puede suceder de nuevo, al fin y al cabo la gente sigue naciendo en condiciones de miseria en sus respectivos países y muchas veces los jóvenes son la esperanza de la familia entera. Nada de eso se va a acabar mientras no cambien las condiciones de esos países.

«En la Oficina de Extranjería hay muchos problemas y trabas burocráticas. No sólo exigen la documentación que recoge el reglamento, sino papeles que no están contemplados pero que consideran necesarios. Cuando los aportamos vuelven a pedir otro distinto»

-¿Cuáles son los problemas a los que tienen que hacer frente?
-Tienen muchas dificultades para ser acogidos por el Principado porque es complicado demostrar que son menores de edad, y a veces se encuentran en el más absoluto de los desamparos. Tratamos de ayudarlos a conseguir el pasaporte a través de voluntarios o gente de la Red de Avilés, que hacen viajes a las embajadas en Madrid. Ahora empieza a haber problemas con los pasaportes de países africanos con los que España no tiene convenios, por ejemplo porque un fiscal no reconozca esa documentación como suficiente y considere que éste es mayor de edad. En esas cosas estamos peleando.
-Habéis denunciado, y es especialmente preocupante, que muchos de los casos que encontráis son de racismo institucional. ¿El propio sistema está pensado para discriminar?
-Pues sí. Publicamos un informe referido a los casos de 2014, un año en el que nos encontramos con una serie de trabas administrativas. Por ejemplo para la inscripción de las parejas de hecho en el registro -especialmente del Principado, pero también municipal- se ponía un requisito que no contempla la ley de uniones de hecho. En aquel momento todavía existía la figura de la Procuradora general y denunciamos estos casos. Ella emitió una recomendación diciendo que aquello no se ajustaba a la ley y que esos requisitos debían ser retirados. Finalmente lo logramos. Era claramente racismo institucional, porque no se daba en el caso de parejas españolas.
-Todo eso causa un grave perjuicio a quienes están esperando arreglar su documentación, ¿no?
-Claro. En la Oficina de Extranjería está habiendo multitud de problemas y de trabas burocráticas. No sólo exigen la documentación que recoge el reglamento, sino que luego piden otro papel que no está contemplado en la reglamentación pero que ellos consideran necesario; cuando aportamos esa documentación vuelven a pedir otra distinta. Se convierte en un vía crucis de papeles. Te pongo un ejemplo: para gestionar un arraigo necesitamos tener una oferta de empleo, es decir, tienes que encontrar un empresario que te quiera contratar y que además quiera esperar diez meses a que Extranjería te conceda el permiso. La mayoría de las veces se pierde la oferta, porque al empresario lo llaman para presentar documentación, vuelven a llamarlo para hacerle una entrevista, luego le hacen una segunda entrevista… Hay quien aguanta y quien no.
-¿Cuáles son los plazos que se manejan?
-Resolver un arraigo tarda ahora mismo entre ocho y diez meses. Un expediente de reagrupación familiar, que es un derecho básico y fundamental, tarda más de un año aún cumpliendo todos los requisitos. O hay casos de matrimonios, en los que un miembro de origen extranjero se ha nacionalizado y quiere reagrupar a su familia, tarda más de dos años; te hablo de gente que lleva casada a lo mejor treinta años y tiene hijos en común. Esto no podemos entenderlo más que como racismo institucional. Juegan con la vida de la gente, con personas que tienen un proyecto de vida paralizado por un trámite, bien administrativo o bien policial.
-¿En qué sentido?
-Dicen que no se coordinan entre ambas partes, cosa que yo no me creo. La policía lo que tiene que hacer es comprobar las huellas, que no haya antecedentes, etc. No tiene que hacer más, sin embargo entrevistan al empleador y le preguntan por qué quiere contratar a un extranjero y por qué no contrata a un español, que es más fácil. No las hacen delante de nosotros, pero los empresarios nos lo cuentan. Entonces sí, hay cierta presión y cierta intimidación para que no se contrate fácilmente a un extranjero.
-A más crisis, ¿más problemas con los extranjeros?
-No. Yo creo que a más crisis, menos extranjeros, porque retornó muchísima gente. En todo caso, sería «más problemas» en el sentido de que resulta mucho más dificultoso conseguir un trabajo, imprescindible para conseguir los documentos. Muchos se quedaron sin papeles porque con la crisis perdieron el trabajo.

«Hubo una época en la que había mucha gente de América latina, pero ahora mismo el perfil más habitual es el de hombre joven, africano, negro, irregular»

-¿Cómo se ha gestionado en Asturias el tema de la asistencia sanitaria, que en otras comunidades se deniega a los «sin papeles»?
-La verdad es que el gobierno del Principado lo ha solucionado rápidamente. Hubo al principio un poco de lío cuando entró en vigor la nueva normativa, pero lo cierto es que la asistencia sanitaria nunca se cortó. La gente sigue acudiendo al Centro de Salud y les atienden, da igual que tengan papeles o no.
-¿Cómo funciona el sistema de los vuelos de deportación?
-Son vuelos que salen desde Madrid, aproximadamente una vez al mes, mediante un convenio con Air Europa. Vuelos de la vergüenza, los llamamos nosotros. Suelen llevar a gente de Senegal, Mali, Nigeria. La dinámica es la siguiente: cuando hay un vuelo, normalmente a principios de mes, advertimos a la gente, especialmente a aquellos que tiene expedientes de expulsión, de que no salgan porque hay peligro de que los detengan, sobre todo en los alrededores de las estaciones o en los locutorios. En realidad de lo que se trata es de llenar el avión. Hasta tal punto es así que en el verano de 2013 detenían a la gente en la propia oficina de extranjería, cuando iban a tramitar la documentación. No importa que el reglamento dijera que mientras están en marcha los trámites queda paralizada una orden de expulsión. La policía cogía a la gente y se la llevaba. En algún caso conseguimos pararlo, pero hubo quien nos llamó a los dos días desde Dakar. No pudimos hacer nada.
-Según vuestra percepción ¿se diría que ha aumentado la xenofobia?
-A nosotros denuncias de agresiones nos llegan pocas. Sí nos llegan por ejemplo denuncias por el acceso a locales. Sabemos que hay lugares donde no dejan entrar a marroquíes o a negros. ¿Cómo lo hacen? Pues como es muy fuerte decirle a alguien ‘tú no entras porque eres negro’, le piden que pague una entrada, cuando al blanco que está al lado no le piden nada. Creo que en general estamos más habituados a ver extranjeros y la xenofobia insultante es menos visible, aunque sigue existiendo: por desgracia están los cafres de siempre que hacen pintadas por la calle o reparten alimentos ‘sólo para españoles’.
-Hay lugares donde el discurso de la diferencia tiene representación institucional. Eso no ocurre en Asturias.
-Aquí es anecdótico, pero no en otros lugares como Cataluña o Valencia. Eso sí entraña peligro sobre todo porque utilizan un discurso engañoso. Algunas de estas personas tienen una base ideológica de extrema derecha, pero en la mayoría de los casos lo que se hace es explotar los instintos más básicos y la miseria intelectual de la gente, diciéndoles que les voten porque van a solucionar sus problemas. Mentira. Los problemas no están en el negro o en el marroquí que tenemos al lado, sino más arriba.

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