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Opinión Firmas Gonzalo Olmos Necesidad de la memoria

Necesidad de la memoria

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Escrito por Gonzalo Olmos Fernández-Corugedo   
Jueves, 26 de Noviembre de 2009 12:34
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El Gobierno del Principado de Asturias se ha sumado en los últimos años, con diversas iniciativas, a las actuaciones dirigidas a la recuperación de la memoria histórica sobre los hechos sucedidos durante la guerra civil y la represión franquista posterior, ambas especialmente intensas en nuestra tierra.
Gonzalo Olmos Fernández-CorugedoUna de estas iniciativas, quizá la más destacada, es la investigación que, por encargo de la Administración autonómica, desarrolla la Universidad de Oviedo para la localización de fosas comunes en nuestro territorio, que al parecer ascienden a más de 260, en las que yacen numerosas víctimas de aquel periodo. Confluye este proyecto con las actividades de diferentes organizaciones sociales que trabajan en esta materia, dirigidas a rescatar del olvido miles de historias personales de víctimas de la contienda y la dictadura, incluso promoviendo o facilitando exhumaciones como las de la fosa de Valdediós o la del Alto del Acebo. Por otra parte, se baraja impulsar la normativa autonómica necesaria, incluso de rango legal si fuese preciso, que complemente el marco jurídico dado por la llamada Ley de Memoria Histórica (la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura) y todo el corpus reglamentario de su desarrollo.El proceso de recuperación de memoria histórica se fundamenta también en la capacidad moral -e incluso la autoridad- que la sociedad puede legítimamente atribuirse para analizar determinadas conductas sucedidas en un tiempo que sigue estando relativamente próximo.
En todos los casos, ya sea en lo relativo a las acciones ciudadanas, ya sea en las actuaciones gubernamentales –también las de ámbito estatal-, estas iniciativas están animadas por un deseo de reconocimiento a las víctimas silenciadas y sus familias, a quienes durante un periodo prolongado de tiempo apenas pudieron recordar en público, por miedo a las consecuencias, la tragedia vivida, y, particularmente, a quienes pagaron con un alto precio -a veces con su propia vida- su defensa de los valores de libertad y progreso que encarnó el malogrado esfuerzo modernizador de la II República. Por eso han sido gobiernos progresistas los que, una vez afianzado el sistema democrático, y con perspectiva suficiente desde los años transcurridos tras la recuperación de las libertades, han reconocido la necesidad de esta reparación.
No obstante, el proceso en curso de recuperación de memoria histórica no sólo se sustenta en otorgar, de forma compasiva y solidaria, la atención debida a las personas que padecieron aquellos años bárbaros. Se fundamenta también en la capacidad moral –e incluso la autoridad- que la sociedad puede legítimamente atribuirse para analizar determinadas conductas sucedidas en un tiempo que sigue estando relativamente próximo, y donde no todos los comportamientos fueron, ni mucho menos, similares. En ocasiones se esgrime, por los detractores de esta clase de procesos, la imposibilidad o la inutilidad de juzgar hechos pasados de esta naturaleza, bajo el argumento de que cada acontecimiento es producto de su momento y circunstancias, y que con los valores y criterios de hoy no se pueden contemplar los sucesos del ayer. Este razonamiento, no siempre bienintencionado, esconde que, aunque efectivamente los patrones éticos que inspiran a la sociedad y sus reglas mudan –y generalmente progresan-, esta diferencia no puede suponer dejar en la impunidad (al menos en el escrutinio público, al no resultar ya posible el procesamiento penal) las atrocidades del poder dictatorial, que, atemporal y objetivamente merecen ese calificativo. Es preciso, en consecuencia, evitar situar en el mismo plano de meros actores de un escenario histórico a víctimas y verdugos.
El juicio de la historia, por enunciarlo en términos comunes, es, por lo tanto, doblemente procedente cuando quien se sitúa en posición de juzgador es la misma sociedad (a través de sus actores sociales, sus instituciones legítimas y sus representantes democráticos) quien es ahora capaz de mirar retrospectivamente su pasado, adquiriendo conciencia de la gravedad de hechos como los acaecidos, extrayendo de la experiencia la vocación de justicia y la voluntad de afianzar y extender los valores que impidan la repetición de tales sucesos. De esta forma, la recuperación de la memoria histórica adquiere un componente regenerador y sumamente útil, que permite hacer más sólidos los principios que sostienen nuestra Constitución democrática.
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