Nuestro ordenamiento jurídico-constitucional prevé como finalidad de la Administración Pública la de servir a los intereses generales de la sociedad, actuando para ello de acuerdo con unos principios propios de un Estado social y Democrático de Derecho.
La reforma y modernización de la Administración Pública y, en concreto, de la Administración de la Comunidad del Principado de Asturias, constituye un proceso dinámico y de continua adaptación, en sus formas organizativas y funcionales, a las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas de su entorno. En este sentido, la Administración no puede permanecer ajena a la introducción en sus organizaciones de la cultura y las técnicas de gestión de la calidad, responsabilizándose, así, de la calidad global de los servicios, cuyos costes directos y los derivados de la ausencia de calidad en su prestación repercuten sobre los ciudadanos, en tanto que destinatarios y sostenedores de los mismos a través de los tributos.
Cada ciudadano tiene derecho a conocer cómo se utilizan los recursos a los que contribuye, debiendo responder nuestra Administración con un esfuerzo informativo y un ejercicio de transparencia para que conozca cabalmente cuáles son las prestaciones que puede demandar, así como en qué términos, con qué requisitos, con qué extensión y en qué condiciones o formas se le ofrecen.
Estableciendo un nivel adecuado de calidad de los servicios del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), de acuerdo con las expectativas de los usuarios y de las posibilidades del Organismo, a lo largo de esta legislatura se está desarrollando un sistema de control y seguimiento de los procesos que impacta positivamente en la mejora de su gestión.
Observatorio de Condiciones de Trabajo del Principado de Asturias
En consonancia con lo anterior, en el año 2009 se ha implantado la Carta de Servicios del Observatorio de Condiciones de Trabajo del Principado de Asturias (OCTPA) concluyendo este proceso satisfactoriamente con la superación de la Auditoría de Certificación según la Norma UNE 93200 de Carta de Servicios. El IAPRL es el único Instituto de Seguridad y Salud Laboral que cuenta con este documento certificado y el primer Organismo en la Administración del Principado de Asturias en llevarlo a cabo.
Según Manuel Carlos Barba Morán, Director del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales “esta Carta de Servicios además de su función de comunicación, representa una herramienta de gestión que mejora y facilita las relaciones con los usuarios, sirviéndonos también para definir estándares de servicio y establecer objetivos ambiciosos para lograr el mayor impacto posible en los usuarios de nuestros servicios. Es el primer paso para la necesaria modernización de este Instituto y convertirlo en instrumento eficaz de gestión de políticas de seguridad y salud laboral que responda y satisfaga las expectativas de nuestros grupos de interés.”
El IAPRL es el único Instituto de Seguridad y Salud Laboral que cuenta con este documento certificado y el primer Organismo en la Administración del Principado de Asturias en llevarlo a cabo.
El Observatorio de Condiciones de Trabajo del Principado de Asturias es un instrumento de actuación del IAPRL que tiene como misión recopilar, estudiar y difundir la información relacionada con la seguridad y salud laboral en el Principado de Asturias, dirigiéndola a todos los organismos y agentes implicados en la Prevención de Riesgos Laborales, observando y aplicando los Códigos de Buenas Prácticas relativos a Estadísticas y haciendo llegar la información a los usuarios de forma clara y concisa mediante memorias, documentos y publicaciones periódicas.
Respondiendo a las expectativas de los usuarios de acuerdo con sus necesidades, experiencias previas y deseos, a través de esta Carta de Servicios el IAPRL ha establecido una serie de compromisos de calidad en su prestación, unos indicadores de medición del grado de cumplimiento de esos compromisos, el procedimiento de presentación de sugerencias, quejas y reclamaciones sobre el servicio prestado y medidas de subsanación o compensación en el caso de incumplimiento de los compromisos.