Las administraciones locales se tambalean económica y financieramente. La crisis actual obliga a pensar en un nuevo modelo sostenible, eficiente y que termine con las duplicidades administrativas. Leopoldo Tolívar, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo, jurista de reconocido prestigio, cree que las reformas son necesarias y deberían haberse realizado hace tiempo.
-En medio de la crisis, la indignación popular aumenta ante el despilfarro de las administraciones públicas y de los políticos. Sobran organismos, cargos y parcelas de poder. Una indignación fundamentada, ¿no cree?
-Totalmente. La cuestión es que salte ahora ante una situación de emergencia, cuando es un problema que arrastramos hace tiempo. Todos somos un poco cómplices. Nos creíamos ricos porque funcionaba el ladrillo y los fondos europeos que recibíamos nos hacían sentir una potencia más. No le dábamos importancia a todos estos despilfarros y llevamos 25 años así.
«Si continúan los recortes en las prestaciones, se irritará más a la población y florecerán movimientos como el 15M»
-En el caso de Asturias se habla de la necesidad de fusionar ayuntamientos: demasiados municipios, escasa población y pocos recursos. Una situación insostenible en muchos aspectos.
-Es otro tema que también tenía que haberse abordado. Esos ocho mil ayuntamientos que existen en nuestro país tienen su origen en la Constitución de Cádiz que imponía la creación de un ayuntamiento allí donde hubiera mil habitantes. Esos habitantes de entonces han disminuido en muchos sitios y se han quedado en cien o doscientos. Así que la crisis, a las bravas, nos obliga ahora a tomar medidas. Estos pequeños ayuntamientos, más que estar endeudados -que algunos sí lo están pero no es la tónica-, no ofrecen los servicios adecuados y no son administraciones, son más bien corporaciones de vecinos. Por tanto, además de tener una estructura muy cara generan insatisfacción vecinal porque el nivel de servicios no es el adecuado.
-Hace algún tiempo en Asturias se elaboró un estudio con propuestas para llevar a cabo distintas fusiones de ayuntamientos. No llegó a ver la luz por intereses políticos. Si se hiciera ahora ¿ocurriría lo mismo?
-Creo que no. El gobierno central estudia agrupar los ayuntamientos con menos de cinco mil habitantes. Hay reuniones en estos momentos entre el ministerio y la Federación Española de Municipios para acordar ese baremo. De los ocho mil ayuntamientos que hay en España, siete mil tienen menos de siete mil habitantes. Aunque el ejecutivo no tiene potestad para realizar esas fusiones ni para fijar los baremos de habitantes porque es competencia de las Comunidades Autónomas, sí puede adoptar otras medidas. Llevar adelante un plan así, siempre se va a encontrar de frente con el localismo y sobre todo, con las afinidades políticas. Si un municipio es absorbido por otro puede generar un descontento hacia la fuerza gobernante, y eso los políticos lo tienen muy en cuenta.
«No creo que una ciudad media como Oviedo o Gijón necesite 27 concejales»
-Actuar sobre el control de déficit o poner límites al nivel de endeudamiento de las administraciones por parte del Estado, ¿no es una merma del Estado social?
-Sí, y estamos hablando de principios que están en la Constitución. El concepto de España como Estado social y democrático de Derecho supone la asunción de un conjunto de principios rectores que están en la Carta Magna, en el sentido de mejorar la calidad de vida del ciudadano, las prestaciones de los servicios esenciales, corregir los desequilibrios progresivamente y mejorar la calidad de los servicios que se prestan. Con este tipo de actuaciones que estamos viendo, el gobierno está asumiendo funciones «dudosamente» constitucionales como si estuviéramos en un auténtico estado de excepción, que la Constitución prevé cuando hay altercados de orden público o terrorismo. Pero, no estaban previstos estados de excepción económicos. Nos estamos «acostumbrando» a vivir así y eso es peligroso.
-¿Tienen las administraciones públicas algo que aprender del 15M?
-Hay descontento en la calle hacia un sistema que se ha corrompido a sí mismo: dispendios, derroches, deseconomías de escala, inversiones megalómanas, etc. Despilfarros consentidos por todos y a veces, hasta motivo de orgullo. Somos cómplices de no haber sido más críticos.
En España hay unos treinta mil concejales liberados. Mientras en Cataluña se habla de suprimir las comarcas, en Aragón las acaban de implantar. Hay que reducir tanto el aparato local como el número de representantes. No creo que una ciudad media como Oviedo o Gijón necesite 27 concejales. Con la mitad son suficientes. El tema de las diputaciones también hay que revisarlo, pero sobre todo, no crear más organismos.
Habría que sentarse y entre todos hacer una revisión pensando en una situación estructural y no coyuntural. ¿Cuál es el modelo que requiere España? ¿Cuántos escalones de administración hacen falta? ¿Quién debe prestar este servicio para evitar solapamientos?
Hay un malestar fundado. Si continúan los recortes en las prestaciones, se irritará más a la población y movimientos como el 15M florecerán. Pero si a los ciudadanos se les explica bien qué es lo esencial y lo que estorba, se llegará a un consenso y la gente se comprometerá.
«El gobierno está asumiendo funciones ‘dudosamente’ constitucionales como si estuviéramos en un auténtico estado de excepción»
-¿Qué otros elementos añadiría en esa reforma que propone?
-Si el Estado quiere racionalizar el mapa municipal yo aconsejaría que igual que el PSOE y el PP en cinco minutos se pusieron de acuerdo para reformar la Constitución en materia de déficit, que hagan lo mismo y fijen un umbral mínimo en el número de habitantes de los municipios, o de los recursos o de la extensión. No es lo mismo un municipio de la Meseta que tiene dos o tres núcleos de población que Cangas de Narcea que tiene cientos. Hoy en día todo este tema está en manos de las CCAA, que pueden hacer de su capa un sayo. Si no se quiere centralizar, que se haga un pacto de Estado con las distintas comunidades y que se fijen unos mínimos que garanticen las prestaciones a los ciudadanos. Que todos tengamos una calidad de prestaciones estándar.
-La Sindicatura de Cuentas del Principado detectó irregularidades en varios ayuntamientos: presupuestos alejados de la realidad, contrataciones a dedo, gratificaciones injustificadas. ¿Existe un descontrol generalizado o son casos excepcionales?
-Creo que son casos relativamente aislados. Europa endureció el tema de la contratación porque había una gran libertad que se convirtió en arbitrariedad. Cuantitativamente no son cifras muy relevantes pero motivan alarma social, desconfianza y no ayudan a mejorar la economía. Algunos contratistas y proveedores se consideran excluidos de antemano porque saben que hay redes de adjudicación a determinadas empresas. Eso desmoraliza y no crea riqueza ni empleo. Aquí hay que ser muy duros.
Luego están algunos pequeños ayuntamientos que con cargo al Plan E o al Plan A, han podido hacer alguna chapuza. Esto no afecta a la macroeconomía, afecta más bien a la ética, la corrupción y debe ser perseguido.
«Nos creíamos ricos porque funcionaba el ladrillo y los fondos europeos que recibíamos nos hacían sentir una potencia más»
-¿Cree que la sociedad asturiana está suficientemente madura para afrontar una reforma territorial de este calibre?
-Dado que estamos en caída libre y con la inestabilidad política que arrastramos hace meses, la gente ha pasado de esperar a un mesías, que a lo mejor fue lo que propició el triunfo de Foro, a esperar reformas profundas. Asturias, que lo está pasando mal hace tiempo, quizá sea una comunidad receptiva a los cambios siempre que no afecten a los servicios sociales, la sanidad, las pensiones o la educación. Si a la ciudadanía le explican bien los cambios, creo que los aplaudiría.
-¿Qué coste está pagando Asturias por la situación de ingobernabilidad que hemos padecido en los últimos meses?
-Enorme. Somos una comunidad que está a la cola, no a nivel de deuda pero sí a nivel económico. Hemos padecido una reconversión además de esta crisis. No tenemos crecimiento de población, los servicios prestados a los ciudadanos -dada la dispersión poblacional- tienen un coste muy elevado. No tenemos unos ingresos fijos por el sector turístico como otros sitios. A ello le sumamos los problemas internos que hemos padecido: no se podían aprobar leyes porque los partidos no se ponían de acuerdo; no teníamos un presupuesto adecuado a nuestras necesidades; tampoco teníamos una gestión diaria perceptible, estábamos desgobernados.