Han pasado varios meses desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley de la reforma sanitaria. Una batería de recortes que inciden negativamente sobre nuestra salud física y mental. En un año, la sanidad ha dejado de ser pública, universal y gratuita: éstas son algunas de las consecuencias.
Una de las mayores conquistas que la sociedad española consiguió en las últimas décadas fue el Sistema Nacional de Salud de carácter público, con cobertura universal, financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado y reconocido como derecho fundamental en la Carta Magna en el artículo 43:
1.- Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2.- Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
Además de derecho fundamental, es uno «De los principios rectores de la política social y económica», según señala la propia Constitución. Todas las actuaciones en materia social y económica que ponga en marcha el Estado deben moverse dentro de este marco legal. Es lógico por tanto que una de las prioridades absolutas de quien ostente el Gobierno de la Nación, sea la de velar por la salud y el bienestar de sus ciudadanos, los mismos que en su día le otorgaron legitimidad en las urnas.
Prestaciones que antes eran universales y estaban cubiertas sin necesidad de pago complementario, ahora suponen un coste añadido, insoportable para muchos bolsillos.
Algo que es tan obvio -y que recoge también la Declaración Universal de Derechos Humanos-, se derrumba de forma estrepitosa con el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, aprobado por el Gobierno, que establece entre otras medidas una exclusión en la protección del derecho a la salud para inmigrantes sin papeles, e introduce el copago y la exclusión de la financiación de medicamentos hasta ahora subvencionados. Prestaciones que antes eran universales y estaban cubiertas sin necesidad de pago complementario, ahora suponen un coste añadido, insoportable para muchos bolsillos.
¿Es legal este Decreto? En estos momentos el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite varios recursos de inconstitucionalidad contra diversos preceptos. Es la última baza de la oposición para frenar los efectos de un paquete de medidas que está blindado a las enmiendas, al ser un Decreto-ley. Un texto que fue convalidado en el Congreso con los votos de 178 diputados del PP, frente a los 137 de la oposición. La siguiente cuestión va más allá: ¿está un Gobierno legitimado para adoptar este tipo de medidas? No hay razón, ni política ni financiera, que se pueda esgrimir para legislar en contra de los derechos humanos, en concreto de la salud y la vida de los ciudadanos, derecho recogido en el artículo 15 de la Constitución.
«Hasta nosotros están llegando pacientes que se ven obligados a dejar los tratamientos porque no los pueden pagar: o compran medicamentos, o comen»
Hasta ahora disponíamos de uno de los mejores y más eficientes sistemas sanitarios del mundo, según la mayoría de valoraciones de instituciones expertas y organismos internacionales. Y, aunque necesitado de mejoras, el gasto sanitario español era uno de los más económicos de la UE. Por tanto, el objetivo de estas reformas no es hacer un sistema sostenible, que ya lo era, sino privatizable. ¿Por qué se pone en duda constantemente la sostenibilidad de la sanidad o la educación y se aplican recortes (sin datos que los avalen) y no se hace lo mismo con la insolvencia bancaria que se intenta resolver con dinero público, sin modificar su gestión? Ésta es la pregunta que se hacen los ciudadanos en la calle.
Impactos sobre la salud
Aunque la ministra Ana Mato defiende que se trata de una serie de medidas encaminadas a la sostenibilidad del Sistema, la realidad, advierten desde la Plataforma Cívica en Defensa de la Sanidad Pública en Asturias, es muy distinta. «Obedeciendo a una estrategia calculada, poco a poco se está cambiando el modelo sanitario, abriéndose espacios a la medicina privada y a la sanidad como negocio», apunta Carlos Ponte, médico internista del HUCA y miembro de la plataforma. «El gobierno del Partido Popular habla de pagar por recibir un servicio sanitario como si fuera algo parecido a ir de compras, pero un enfermo no decide comprar un servicio sanitario, lo hace porque lo necesita. Con estas medidas pagará más quien más enfermo esté».
El ser humano no sólo tiene derecho a la vida, sino a vivir sano.
Disminuye el gasto farmacéutico ¿A costa de qué?
En enero, el gasto farmacéutico en Asturias descendió un 15,9% respecto al mismo período del año anterior, según datos de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad. El número de recetas facturadas según esta misma fuente, baja un 11,98%, cumpliéndose así uno de los objetivos de la reforma sanitaria: «Hemos logrado los objetivos de política social y sanitaria que nos propusimos al inicio de la legislatura», aseguró la ministra en sede parlamentaria, explicando que el ahorro se había producido gracias a la compra centralizada de medicamentos y al copago de los ciudadanos. Sin embargo, «no se trata de una reducción del gasto farmacéutico sino que éste se ha trasladado al bolsillo de los pensionistas», señala Javier Alberdi, médico de Atención Primaria y presidente del Sindicato de Médicos del Principado de Asturias (SIMPA). «Hasta nosotros están llegando pacientes que se ven obligados a dejar los tratamientos porque no los pueden pagar: o compran medicamentos, o comen. A veces intentas negociar con ellos para evitar el mal mayor: Prefiero que me dejes esta pastilla a esta otra». Hablamos de gente que está yendo a la cocina económica, al banco de alimentos, Cáritas o parroquias. Los más afectados por estas medidas son los pensionistas, parados de larga duración, gente que está en la pobreza». Esto tendrá efectos a medio y largo plazo en las denominadas enfermedades de base o crónicas; también en la incidencia de enfermedades infecciosas que irán en aumento, así como un agravamiento de las patologías mentales. Peor salud implica menos años de vida, y menor calidad en los años que vivamos.
Entre un 11% y 15% de ciudadanos han acudido a la consulta de atención primaria por alteraciones emocionales y enfermedades mentales.
Otros recortes solapados
A los recortes impuestos por el gobierno central se suman otros que los gobiernos autonómicos pueden aplicar o no. «Aquí -señala Alberdi- se ha optado por una línea de recortes muy significativa hacia los empleados públicos, y en Asturias se centró de manera más encarnizada sobre el profesional médico, de ahí la huelga que tuvo lugar el último trimestre del año pasado. En los dos últimos años los médicos hemos perdido cerca de un tercio de nuestras retribuciones. Si a ello sumamos el incremento de la jornada laboral, las famosas dos horas y media extras sin retribución, da una idea del recorte. ¿Son más horas de prestación sanitaria? No: no se trata de una mejora del servicio público sino de un recorte de costes para suprimir personal, cuyo trabajo se cubrirá con los médicos que queden en plantilla. Al final llegamos a un acuerdo con el Principado, beneficioso para ambas partes. Ahora sólo queda cumplirlo».
¿Se están recortando prestaciones y servicios en Asturias? «Sí. En los últimos dos meses en el área de Oviedo, se han perdido dos plazas de médicos de atención primaria que se jubilaron y no se han sustituido y están previstas otras cuatro a corto plazo. En los hospitales se ha echado a médicos especialistas, se ha disminuido la plantilla de eventuales… en resumen, el paciente está peor atendido. Un médico no es una máquina que produce ocho horas ininterrumpidamente. Necesita un mínimo de tiempo para dar una asistencia de calidad al paciente. Si disminuyes la ratio por habitante estás empeorando la asistencia médica, y eso es lo que está haciendo el Principado», advierte Alberdi.
Los políticos evitan hablar de recortes, pero hay muchas formas de hacerlos. Javier Alberdi dice que «de cara a la galería se vende la idea de que el paciente tiene a su disposición medicamentos de última generación para cuando los necesite, pero luego por detrás se nos recorta. ¿Cómo? A los profesionales se nos lanza el mensaje de no utilizar determinadas líneas de tratamiento debido a su coste y sustituirlos por otros más baratos, y en muchos casos de menor eficacia. Nos envían circulares cada tres meses donde aparece lo que hemos gastado cada médico comparándolo con la media y diciéndonos que si utilizamos tal medicamento el gasto hubiese descendido. Eso, sumado al aumento de jornada, incrementa la presión laboral de los profesionales e incide sobre la calidad de la asistencia».
«En los hospitales se ha echado a médicos especialistas, se ha disminuido la plantilla de eventuales… En resumen, el paciente está peor atendido». Javier Alberdi, presidente del SIMPA.
Aumentan los problemas de salud mental
El incremento de desempleo, los desahucios, los problemas económicos y laborales, están provocando un aumento de casos de ansiedad y depresión. Entre el 11% y 15% de los ciudadanos han acudido a la consulta de atención primaria por alteraciones emocionales y enfermedades mentales. Así lo confirma el presidente del SIMPA: «Ha aumentado mucho el malestar psíquico y eso, unido a la excesiva medicalización que existe en la sociedad, hace que los casos que llegan a nuestras consultas no sean uno ni dos, sino muchos. Compañeros que trabajan en zonas deprimidas de Asturias, con un importante índice de paro, comentan que llega gente quejándose de que no se encuentra bien, no les duele nada pero están tristes, deprimidos. ¿Qué les das? ¿Cómo le explicas que lo que necesita es un trabajo, porque cuando lo tenía no aparecía por la consulta y ahora está cada dos días allí? No son casos de patologías orgánicas, sino que derivan de un problema social que afecta a su salud mental».
Asturias gasta al año 8,5 millones de euros en medicamentos para tratar la depresión y la ansiedad. Hay un elevado porcentaje de pacientes que los toma de forma prolongada, aumentando el riesgo de dependencia. El aumento de estas patologías, como recoge el Plan de Salud Mental 2011-2016, se está dejando notar en las arcas regionales: ansiolíticos y fármacos relacionados con cuadros de ansiedad suponen el 2,5% del gasto farmacéutico regional. Además, las enfermedades mentales son la segunda causa de baja por enfermedad común; sólo la ansiedad genera anualmente la pérdida de 380.000 jornadas de trabajo.
Acortando vidas
La incidencia de estos recortes es de tal calado que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU dio un toque de atención al Gobierno español para que revisara las medidas de austeridad que está aplicando, por perjudicar de forma «desproporcionada» a los colectivos más vulnerables y marginados: pobres, mujeres, niños, ancianos, discapacitados, desempleados, personas sin hogar. Al tiempo, recordó que precisamente en tiempos de crisis es cuando el Estado debe realizar mayores esfuerzos para que los Derechos Humanos guíen sus estrategias de recuperación económica. Ambas recomendaciones no han cambiado la política gubernamental hasta la fecha.
Pero la crisis, además de minar la salud, también está recortando vidas. Desde 2008 la cifra de suicidios ha ido en aumento: en 2010, según datos del INE, en Asturias se quitaron la vida 149 personas (111 hombres y 38 mujeres). Tan dramática situación exige cambios en los dispositivos asistenciales, reclaman desde los Centros de Salud de Atención Primaria, que se ven desbordados. El empobrecimiento de tantos miles de personas está pasando factura al cuerpo y a la mente.
El ser humano no sólo tiene derecho a la vida, sino a vivir sano y que su salud discurra por unos cauces adecuados de calidad. Es responsabilidad de un gobierno democrático garantizar este derecho.
Comunicado de Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge: https://www.sanidadpublicaasturias.org/?p=484