Los consumidores españoles pagan una de las facturas de energía más caras de Europa. La última Reforma del mercado eléctrico no ha hecho sino agravar el problema de pobreza energética y la desinformación que sufren millones de familias. La dificultad para tener una visión global de cómo funciona el mercado eléctrico permite el uso de argumentos simplistas e interesados para justificar las medidas que se están adoptando.
Para poner un poco de luz en todo este oscuro entramado, hablamos con Rosario Alonso, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo.
La jurista, exdirectora General de Suelo y Políticas Urbanas en el Ministerio de Vivienda (2008-2010) está versada en el modus operandi de las eléctricas. Por eso insiste en que «es importante estar bien informados y conocer nuestros derechos como consumidores».
-¿Por qué la electricidad española es tan cara?
-Porque el sistema energético actual español se caracteriza por ser un modelo centralizado y oligopolístico, y porque el proceso de liberalización en el mercado de la electricidad presenta más sombras que luces. Diría que existe una deficiente intervención pública, que no proporciona una regulación que garantice realmente la competencia y los derechos de los usuarios. Nuestro sistema energético no favorece en absoluto el autoconsumo, mediante paneles solares fotovoltaicos y térmicos, calderas de biomasa, sistemas geotérmicos, etc. Tampoco existe capacidad democrática de decisión sobre el modelo energético a escoger en el ámbito local o comarcal. No existe independencia energética, se desaprovecha que las materias primas renovables sean ubicuas; por el contrario, lo que tenemos es un sometimiento a los pocos que poseen recursos fósiles y nucleares. Buena parte de los problemas que padece nuestra economía se derivan de nuestra alta dependencia de los combustibles fósiles, de las más altas de Europa.
-¿Cómo se está posicionando el Gobierno ante el sector eléctrico?
-La transformación del sistema energético, de una forma tan profunda como la que se necesita en España, y en particular la del sector eléctrico, auténtico cuello de botella político en relación con el cambio de modelo, precisa del impulso político del Gobierno, que no se está produciendo. Lo perciben claramente los ciudadanos. Una de las conclusiones de una encuesta realizada por FACUA en octubre del pasado año ponía de manifiesto que el 97% de los usuarios desconfía de lo que está haciendo el Gobierno en la regulación del sector eléctrico. La urgencia en la transformación nos la impone el imparable deterioro medioambiental, pero también la creciente brecha social y pobreza energética, que afecta ya al 17 % de la población.
-¿Qué medidas deberían tomar las diferentes administraciones para evitar las malas prácticas?
-Es imprescindible rediseñar el sistema energético alrededor de un modelo sostenible y limpio, que ahora no existe. Deberíamos encaminarnos hacia un modelo en el que haya sitio para el ahorro, la eficiencia, y las renovables. Desde el Código Técnico de la Edificación, a los programas de rehabilitación residencial, pasando por los planes de movilidad y el transporte de mercancías, todas las necesidades de los ciudadanos y el funcionamiento de la economía deben construirse desde la perspectiva de la lucha contra el despilfarro energético; es decir, con criterios de ahorro y eficiencia energética.
«El 97% de los usuarios desconfía de lo que está haciendo el Gobierno en la regulación del sector eléctrico»
Nuestras administraciones públicas tendrían que estar ya desarrollando instrumentos de planificación del ahorro en los diferentes niveles territoriales, e incorporar plenamente las directivas europeas de ahorro, a las que se está resistiendo el Gobierno; normativa específica que defina las medidas de gestión de la demanda en los sectores finales, que regule las auditorias energéticas y las empresas de servicios energéticos, que establezca requisitos energéticos en el diseño de productos, que ponga fecha de caducidad a tecnologías obsoletas y a usos despilfarradores de la energía en iluminación o calefacción y que establezca medidas de eficiencia energética más avanzadas en edificios, equipamientos y vehículos, así como en el diseño urbanístico.
Las resistencias del Gobierno central por trasladar a nuestro ordenamiento las directivas europeas de ahorro, que tienen todo el sentido ecológico y económico, nos demuestran hasta qué punto son poderosos los poderes no democráticos existentes.
-¿Debería transformarse el mercado eléctrico?
-Sí, es necesaria una reforma en profundidad, una reforma para simplificarlo, para que los diferentes actores que intervienen en el suministro eléctrico se retribuyan de la forma más transparente posible, para que así la ciudadanía pueda participar con conocimiento en el debate sobre el modelo energético óptimo; una reforma para que exista una retribución justa de las diferentes tecnologías. No tienen sentido disfunciones como la que permite que centrales que entraron en funcionamiento antes de la reforma del año 1997 y, por tanto, con unas condiciones económicas determinadas, lleven años disfrutando de beneficios extraordinarios tras el cambio de su estructura de retribución.
-¿Qué hay tras el déficit tarifario?
-¿En qué medida el desconocimiento juega en contra del consumidor?
-Juega en contra claramente. Para tener un conocimiento adecuado del funcionamiento del mercado del servicio eléctrico es preciso diferenciar las distintas actividades realizadas por parte de todos los sectores intervinientes. Es necesario saber que el suministro de la energía eléctrica pasa por distintas fases, que serán gestionadas por distintas empresas, y que no es lo mismo la actividad de generación, que la de transporte, que la de distribución, o que la de comercialización.
No todas ellas, además, están sujetas al mismo régimen: la generación y la comercialización son susceptibles de prestarse en competencia, mientras que el transporte y la distribución no, en ellas existe un monopolio natural y lógico. A través de la actividad de comercialización se pone a la venta la energía al consumidor, es por tanto con las empresas comercializadoras con las que los consumidores nos relacionamos, con las que negociamos los distintos contratos. Son las que nos facturan la luz, las que ponen a la venta la energía eléctrica al consumidor.
«En un momento como el actual, resulta suicida tirar por la borda un sector productivo de alto valor añadido como es el de las energías renovables y la eficiencia energética»
El legislador impone a estas empresas una serie de obligaciones, entre ellas proporcionar una mínima información a sus clientes, como la referida a la necesidad de desglosar en las facturaciones al menos los importes correspondientes a la imputación de los peajes, los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, o los tributos que graven el consumo de electricidad. También les impone la obligación de tomar las medidas adecuadas de protección del consumidor. Pero es evidente que estas previsiones son insuficientes.
-¿Lo que falla entonces es la aplicación de la ley?
-Lo estamos viendo con ocasión de los actuales modelos de tarifas. Los proveedores pueden modificar la tarifa de electricidad sin garantizar que antes de su entrada en vigor se informe a los usuarios en tiempo oportuno sobre los motivos, las condiciones y el alcance de ésta. Las comercializadoras no nos envían ninguna información sobre las modificaciones antes de que entren en vigor las subidas, a diferencia de lo que ocurre en el sector de las telecomunicaciones, donde la legislación española les obliga a hacerlo con un mes de antelación.
Una importante Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de octubre de 2014 señala que los usuarios a los que se suministra electricidad y gas respondiendo a la obligación general de suministro deben ser informados en tiempo oportuno, antes de que entre en vigor cualquier subida de precios, de los motivos, las condiciones y el alcance de dicho incremento. Este pronunciamiento ha movido, por ejemplo, la reacción de FACUA-Consumidores en Acción, que está estudiando emprender acciones judiciales al considerar que la sentencia del alto tribunal europeo pone de manifiesto no sólo la ilegalidad de los actuales modelos de tarifas de electricidad y gas en España, sino también de los vigentes desde hace años.
-La sensación de impotencia ante el abuso de las compañías eléctricas es algo bastante común entre los usuarios ¿Qué pueden hacer para defenderse?
-Con la normativa actual, cualquier reclamación o queja que queramos realizar en relación al suministro de la energía eléctrica debe hacerse contra la compañía comercializadora, para que ésta responda o, en su caso, dependiendo de la responsabilidad, «en nuestra representación», tramite la reclamación ante la suministradora. En caso de no obtener el éxito esperado en esta reclamación con la empresa, se puede acudir al organismo competente en las comunidades autónomas. También desde las Oficinas Municipales de Consumo se puede asesorar y orientar respecto a las reclamaciones. Desde FACUA, teniendo en cuenta la complejidad de la normativa aplicable, se recomienda que se acuda a las asociaciones de consumidores, como ADICAE. Algunas empresas del sector están adheridas al Sistema Arbitral de Consumo, que es una vía rápida y gratuita para dar una solución al conflicto planteado.
«Sólo desde una opinión pública informada y crítica será posible romper la alianza de hierro que existe entre los gobiernos y las eléctricas»
En todo caso, tenemos que ser conscientes que los usuarios podemos y debemos ejercer la presión adecuada para que podamos alcanzar un mercado equilibrado. Sólo desde una opinión pública informada y crítica será posible romper la alianza de hierro que existe entre los gobiernos y las grandes compañías del sector de la energía, cuyos enormes beneficios y poder dependen de su modelo centralizado, contaminante y basado en maximizar la dependencia de los ciudadanos.
-¿Cómo valora las medidas que se están implementando para la energía fotovoltaica?
-En el sector de las renovables debe procederse a la inmediata restitución de la seguridad jurídica en España, fuertemente dañada en los últimos años y que condiciona enormemente su desarrollo futuro. En particular deben derogarse las disposiciones que afectan a proyectos renovables iniciados contenidas en los Reales Decretos-Ley 14/2010 (recortes retroactivos a la fotovoltaica) y 1/12 (moratoria indefinida a las renovables). Bastaría con la auditoría del sector eléctrico de la que hablaba anteriormente para que salgan a la luz ingentes recursos económicos que quedarían liberados para apoyar a las tecnologías aún no maduras. La transición hacia modelos de desarrollo de renovables debe contar con una estrategia clara a largo plazo, una adecuada planificación de las infraestructuras energéticas, sin parones bruscos de actividad ni medidas retroactivas que afecten a inversiones previamente realizadas, ni a inversiones futuras.
En un momento como el actual, en el que nuestro país necesita imperiosamente cambiar su modelo económico y productivo, resulta suicida tirar por la borda un sector productivo de alto valor añadido como es el sector de las energías renovables y la eficiencia energética, en el que nos habíamos posicionado a la vanguardia internacional.