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viernes 29, marzo 2024

Contra los expoliadores

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Canadá acaba de reconocer la vivienda como un derecho humano fundamental. Un paso histórico, dado con valentía por el primer ministro, Justin Trudeau ante la crisis de vivienda en la que estaba inmerso el país.
Un paso que se concreta en una estrategia que incluye la construcción de cien mil viviendas asequibles, reparación de otras trescientas mil que ya existen, la reducción del número de personas sin techo en un 50% y la puesta en marcha de subsidios para el pago del alquiler a cientos de miles de familias necesitadas porque, en palabras del mandatario, «todo el mundo se merece un lugar seguro y asequible que pueda llamar hogar». Lo realmente histórico no es solo que la vivienda sea considerada un derecho humano sino que eso se reconozca a través de una estrategia articulada en la legislación para que ese derecho sea exigible y real, así como la inversión de cuarenta mil millones de dólares para impulsarlo.
En España, lamentablemente, sólo se informa de este derecho en nuestra Constitución, no es vinculante y aquello que no vincula por lo general no se cumple, como es el caso.
Aunque no estamos en las cifras del principio de la crisis, el informe de Amnistía Internacional nos recuerda que se siguen produciendo miles de desahucios en nuestro país, no solo por el impago de los créditos sino cada vez más, por impago de alquiler. Empleo precario, sueldos bajos, alquileres excesivos y ayudas sociales que tardan en llegar, llevan a muchas familias a vivir este drama que la mayoría de las veces les marcan de por vida ya que no consiguen remontar una situación que tiene además otros costes añadidos: ruptura de parejas, padres avalistas que corren la misma suerte, personas dependientes o enfermos crónicos, traumas en los niños. Nadie da respuesta a este problema. Primero la mirada iba a los bancos, ahora es la Administración quien no está dando respuestas al problema.
Existen leyes tremendamente injustas en nuestro país que los partidos políticos mantienen y eso está generando mucho sufrimiento humano. Las campañas que Amnistía Internacional y Plataforma Antidesahucios están llevando a cabo pretenden precisamente eso, recoger firmas de los ciudadanos para exigir ese cambio legislativo.
De todos los crímenes de esta estafadora crisis el más repugnante es ver cómo mientras personas terminan con sus enseres en la calle, sin techo y con sus vidas rotas, el Gobierno que salvó a los bancos se niega a salvar vidas.
Es momento de exigir soluciones, exigir justicia. En Canadá tenemos un referente.

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