Las nuevas tecnologías han producido grandes cambios en nuestras vidas y en el mundo, tanto a nivel económico, laboral o cultural, como en lo cotidiano y privado. Su impacto en general ofrece nuevas oportunidades pero también genera efectos negativos: la recogida de información sensible que puede vulnerar nuestra intimidad al multiplicarse datos, controles o estadísticas. ¿Cuánto saben de nosotros empresas y gobiernos?
El desarrollo de las nuevas tecnologías facilita que las grandes organizaciones nos vigilen. Ir al supermercado, repostar gasolina, acceder a un cajero, acudir a tu lugar de trabajo o algo tan sencillo como pasear por la calle, son actividades que diariamente son captadas por cámaras de videovigilancia. Javier López Lozano, director comercial de Outlet Seguridad, reconoce que «ha habido un incremento importante en las ventas de cámaras de seguridad en los últimos tiempos, en mi opinión no tanto debido a un aumento de la delincuencia como sí de una bajada de precios importante. Si en el año 2006 un equipo de grabación para cuatro cámaras podía costar entre mil y tres mil euros, ahora se puede conseguir por unos doscientos, una cantidad al alcance de cualquier bolsillo». Con el fin de controlar la actividad y productividad de los trabajadores, muchas empresas han optado por grabar a sus empleados. Algo totalmente legal. «Ésa es una de las razones por las que algunos de nuestros clientes adquieren cámaras de videovigilancia, la segunda es por seguridad: saber lo que ocurre dentro y fuera de mi negocio o de mi casa», señala Javier López. La Ley Orgánica de Protección de datos obliga a quien instala un dispositivo de videovigilancia, a informar -tanto si se trata de un lugar cerrado como abierto- de que es una zona videovigilada (el popular cartel amarillo), así como tener a disposición de los interesados unos impresos donde se detalla la información que obliga la Ley.
«Los clientes son tanto particulares como empresas instaladoras. La Ley Omnibus, que entró en vigor en diciembre de 2009, especifica que cualquier persona puede instalar, sin consentimiento previo, un sistema de seguridad que no esté conectado a una central de alarma o centro de control. Únicamente se necesita contratar a una empresa de seguridad en el caso de que incluya conexión con centrales de alarma. Otra de las cosas a tener en cuenta es que las videocámaras no pueden captar imágenes del espacio público, ya que el tratamiento de imágenes fuera de la propiedad particular solo puede ser realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, salvo que haya una autorización gubernamental. Sea el caso que sea, cualquier cámara de seguridad que grabe en un espacio público está obligado a darse de alta en el registro de la Agencia de Protección de Datos, y ésta envía un documento con un número de registro».
Grabamos para sentirnos seguros y nos graban por la misma razón. Nos encontramos ante una gran paradoja: por un lado estamos más protegidos que nunca, pero por otro ninguna generación anterior ha experimentado tanto como nosotros la sensación cotidiana de inseguridad.
Dron, el ojo del águila
Al principio los drones se utilizaban exclusivamente en el ámbito militar pero hoy los podemos ver por todas partes, hasta el punto de que cualquiera puede comprar uno en internet o en una tienda de juguetes. El uso de drones se ha popularizado de tal forma que el Gobierno ha tenido que aprobar a toda prisa un marco regulatorio hasta que una ley completa pueda ser elaborada. «Los niños son los principales clientes, que han visto en el dron el sustituto de los antiguos teledirigidos. Por unos cincuenta o setenta euros se puede adquirir uno», comenta Gonzalo Canel, vicepresidente de la Asociación de Operadores de Drones de Asturias. «Las utilidades más comunes son la fotogrametría, que consiste en hacer modelos 3D a partir de fotografías, y es muy útil para mediciones y movimientos de tierra. También se utilizan drones en fotografía y vídeo, para control de plagas en el campo, para regar o en el sector de emergencias. Hay varias comunidades autónomas que disponen de escuadrones de drones que colaboran con los bomberos y policía local para maniobras, prevención de incendios, comprobar la temperatura de un edificio en llamas -disponen de cámaras térmicas- para ver por dónde se puede empezar a trabajar. Los drones tienen tantas aplicaciones como una persona pueda imaginarse, porque se pueden hacer por encargo».
«Una persona puede comprar un dron sin ningún tipo de control, si pasara algo no hay a quién pedir responsabilidades»
(Gonzalo Canel. Dron Asturias)
Los drones han conseguido popularizar grabaciones y fotografías aéreas, pero antes de operar con uno de estos aparatos hay que asesorarse tanto jurídica como técnicamente. «Para volar un dron como hobby no hace falta ningún tipo de curso ni de documentación pero sí cumplir una serie de normas que marca la Ley 18/2014, como son no volar en núcleos urbanos, ni sobre una aglomeración de personas o de edificios, ni por encima de ciento veinte metros de altitud -porque entraríamos en el espacio aéreo- y distanciarse como mínimo 15 kilómetros de aeródromos o aeropuertos. Aquí en Asturias existe además la zona CTR, un espacio de aproximación de aviones al aeropuerto en el que está prohibido volar, y que va desde Avilés a Gijón y luego a Oviedo (hasta la zona de La Fresneda). La zona más peligrosa es Salinas y San Juan de Nieva. Por otra parte, para volar un dron como profesional es necesario ser piloto de drones -nosotros impartimos esos cursos- y además ser operador de drones -una empresa que te contrate y con la que a la vez puedas facturar-, una persona puede sacar ambos títulos. Y debe tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra un mínimo de trescientos mil euros», apunta Canel.
Un dron puede pasar por encima del jardín de una casa, grabar escenas familiares, a uno tomando el sol o bañándose con sus hijos. ¿Dónde termina el espacio público y empieza nuestra intimidad? «Lo que nosotros denunciamos es que a día de hoy una persona puede comprar un dron y no existe ningún tipo de control: nadie le pide nada, ni un DNI, ni existe un número de registro… si pasa algo con ese dron, no hay a quien pedir responsabilidades. En cuanto al tema de las grabaciones el planteamiento es como en cualquier espacio público: si alguien no quiere salir en esas imágenes grabadas, por ejemplo, en la calle Uría, nuestra obligación sería pixelar su rostro. Si estamos en otro espacio donde la gente no se percata de que está siendo grabada, éticamente tendría que avisar a los vecinos del día y hora en la que voy a grabar, pero la realidad es que no existe ninguna ley al respecto», lamenta Canel. Teniendo en cuenta que muchos drones están equipados con circuitos cerrados de televisión, sería lógico aplicarles la misma regulación establecida para las cámaras de vigilancia fijas. No obstante, debido a la naturaleza móvil y no tripulada de los drones resulta muy difícil cumplir con dicha regulación.
Internet, el Gran Hermano
La disolución del anonimato se debe en gran parte a internet y las redes sociales que llegan a todos los rincones de nuestra vida. Un fenómeno apoyado por los teléfonos con cámaras incorporadas o los hosting de fotos y vídeos gratuitos. Colgamos en Facebook y en Twitter nuestros datos, imágenes, actividades. Los detalles más insignificantes de nuestras vidas quedan registrados y son examinados como nunca antes. Somos lo que publicamos. Hemos transformado momentos de nuestra vida en registros digitales, por tanto información susceptible de ser utilizada o transmitida. Un pago con la tarjeta de crédito, utilizar la tarjeta sanitaria o nuestro DNI, el correo electrónico, los artículos que compramos on line, la música que escuchamos, las búsquedas que hacemos en Google… todo son datos que quedan registrados. A primera vista puede parecer una información inconexa pero existen programas capaces de relacionar y sacar conclusiones de toda esa información. A raíz de todo ello se extraerá un perfil interesante tanto para esos servidores que podrían vender la información a posibles proveedores comerciales o venderla a los gobiernos que pueden diseñar estrategias mucho más personalizadas, conociendo al dedillo los gustos e ideologías de sus potenciales clientes o votantes.
Con el fin de controlar la actividad y productividad de los trabajadores, muchas empresas han optado por grabar a sus empleados. Algo totalmente legal.
¿Qué interés puede tener un gobierno en espiar a un ciudadano normal de la calle? Edward Snowden, el informático ex-empleado de la CIA que destapó el espionaje masivo que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estaba realizando no solo a miles de estadounidenses, sino también a otros ciudadanos del mundo y mandatarios del planeta, explicó que el objetivo no era la lucha contra el terrorismo ni la seguridad nacional sino hacerse con información, secretos o intimidades de cualquiera que en un momento determinado pueda llegar a ser influyente: jueces, fiscales, abogados, periodistas, políticos… información es poder. Para ello se contó con la colaboración de varios países, entre los que se encontraba España.
Gobiernos que nos vigilan
¿Si eso estuviera pasando dentro de nuestro país, habría alguna forma de saberlo? El magistrado Julio Martínez Zahonero, delegado en Asturias de Jueces Para la Democracia es tajante en este tema: «No podría ocurrir en nuestro país, al menos dentro de la legalidad. Y si alguien supiese que está ocurriendo debería denunciarlo porque es un delito castigado severamente. Otra cosa es que de forma clandestina se acceda a esa información. A mí no me consta, desde luego, pero desconozco lo que sabe el señor Snowden. Por otro lado, recientemente hemos conocido por la prensa la existencia de aparentes grabaciones al Ministro del Interior en conversaciones con el Director de la Oficina Antifraude Catalana. Si es una grabación efectuada por uno de los interlocutores sería lícita e incluso válida como prueba en un juicio. Si ha sido efectuada por terceros, es delictiva y nula como prueba».
En España existe un sistema de escuchas telefónica del Ministerio del Interior utilizado por la Policía Nacional, Guardia Civil y el CNI, organismo que lo controla. «SITEL no es más que una herramienta tecnológica -entre otras- para la obtención de datos y metadatos en los procesos de comunicación telefónica, y como tal, ni más ni menos ‘legal’ que los primitivos sistemas de grabación con cintas magnéticas», explica Julio Martínez. «La cuestión es quién puede utilizarlo, bajo qué condiciones, y quién controla su uso. La interceptación de las comunicaciones es una medida restrictiva del derecho al secreto de las comunicaciones que se garantiza como fundamental en el artículo 18.3 de la Constitución. La regla general es que toda injerencia en el secreto de las comunicaciones requiere de autorización judicial, en este caso concreto, sólo puede autorizarse por el Juez de instrucción en el caso de ciertos delitos graves o de los cometidos a través de las tecnologías de la comunicación. Y únicamente podrían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por orden del Ministro del Interior o del Secretado de Estado de Seguridad, interceptar las comunicaciones sin autorización previa judicial en los casos de terrorismo y actuación de bandas organizadas, por razones de urgencia y recabando en 24 horas la ratificación judicial».
La ley obliga a informar cuándo se está en una zona videovigilada.
Atendiendo a las exigencias europeas de una regulación legal más garantista y exhaustiva, a finales del pasado año entra en vigor la Ley Orgánica 13/2015, una reforma que a juicio del magistrado, «tiene de positivo que regula de forma detallada los supuestos y requisitos de las intervenciones de las comunicaciones, pero por otro lado da al Estado la posibilidad de ejercer un control enorme de todo acto de comunicación, no sólo conversaciones telefónicas sino también conversaciones directas en la vía pública, en el hogar o incluso en un calabozo. Es un Gran Hermano cuyo control queda supeditado al celo del Juez Instructor a la hora de filtrar las peticiones policiales».
A modo de conclusión
Con todo lo expuesto, parece difícil pensar en la privacidad, sobre todo porque hay quien no la considera importante. Mucha gente no tiene problema en contestar a las encuestas de internet, quieren sistemas automatizados que les conozcan bien y así se ajusten a sus gustos personales. Millones de personas entregan cada día películas de su vidas con todo lujo de detalle. Y como casi todo lo que hacemos da pistas de lo que ocurre en nuestras mentes, estamos ofreciendo un dos por uno a ese Gran Hermano que nos vigila en este complejo laboratorio del comportamiento humano.
Cuando un usuario utiliza los servicios de Google, está confiándole toda su información. Así lo dice la propia compañía en el apartado de términos y condiciones de privacidad. Y así es: Google conoce nuestro nombre, dirección, edad, correo electrónico, número de móvil, modelo y compañía de telefonía, así como la factura de consumo. Conoce las palabras que más utilizamos en los correos, los que van a la papelera, nuestros contactos, direcciones y teléfonos. Las búsquedas que realizamos, la frecuencia, a qué hora navegamos, con quién nos relacionamos, vídeos que visualizamos, música que nos gusta… A cambio recibimos una cuenta gratis de correo con un par de gigas de almacenamiento en la nube. El servicio que presta no se paga con dinero sino con datos, que al final valen mucho más.