El último informe de Amnistía Internacional es contundente: El derecho a la vivienda en España está en crisis. Tan solo en 2016 hubo 34.193 desahucios de viviendas por impago de alquiler, además de 26.397 desalojos hipotecarios. El Gobierno en vez de tomar medidas ha dado pasos hacia atrás facilitando la especulación. Es momento de exigir soluciones.
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Esto es lo que dice el artículo 47 de nuestra Constitución. Sin embargo, la práctica deja mucho que desear.
Lucía tiene cuarenta y cuatro años y es de Madrid. Trabajó de cajera en un supermercado, de jardinera y de ayudante personal, pero en los últimos cuatro años no ha tenido ningún trabajo remunerado a causa de una pérdida de visión del 80% derivada de una enfermedad rara y hereditaria denominada retinosis pigmentaria. «Me reconocieron la incapacidad total pero yo quería trabajar en algo, quería seguir activa». A Lucía le asignaron una pensión de 636,10 euros.
Cuando Amnistía Internacional (AI) habló con ella, tenía una niña, llevaba separada desde 2012 y su exmarido no le pasaba la pensión alimentaria de doscientos euros. Madre e hija de siete años habitan en una vivienda social en el Ensanche (Vallecas-Madrid) que pertenecía a la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (IVIMA). En octubre recibe una carta de este organismo en la que le comunican que considerando sus circunstancias personales, le van a conceder una reducción en el alquiler del 85% durante dos años: solo ha de pagar 47,72 euros al mes. A principios de 2013 se entera que su vivienda ha sido vendida a Encasa Cibeles. «No recibí ninguna carta. Estuve pagando esa cantidad todos los meses hasta que en 2014, empezamos a recibir visitas y llamadas de personas que decían pertenecer a Encasa Cibeles. Como ya no era inquilina del IVIMA no tenía derecho a esa reducción y el alquiler real del piso es de 400 euros. En este momento vivo gracias a mi hija que es mis ojos y mi madre que me ayuda económicamente pero nadie me sabe explicar esta situación. Vivo con miedo e incertidumbre permanente. ¡Ni siquiera sé lo que va a pasarme de aquí a final de año!», comenta Lucía.
«No solo no se han adoptado las medidas para proteger a más personas sino que se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura» (Francisco Javier Fdez. Presidente AI – Asturias)
Este es uno de los veintitrés casos que recoge el informe de AI, «La crisis de la vivienda no ha terminado» pero hay muchos más. Cientos de personas se encuentran en riesgo de sufrir un desahucio -como el caso de Paula- o lo han sufrido en los últimos meses. Esta situación, lejos de mejorar se ha recrudecido en los últimos años. «No solo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano y no de un bien de inversión», apunta Francisco Javier Fernández, presidente de AI-Asturias.
Esta organización trabaja conjuntamente en esta campaña con la Plataforma Antidesahucios Asturias (PAH-Asturias), para informar a los ciudadanos y recoger firmas para «pedir al Gobierno la adopción de un Protocolo Marco sobre desalojos que garantice la coordinación entre juzgados y autoridades municipales, orientado a asegurar alternativas de vivienda a las personas sin recursos; y también que trabaje en coordinación con las CCAA para ampliar el parque de vivienda social y proporcionar ayudas adecuadas a la vivienda».
Situación en Asturias. Baile de cifras
En el primer trimestre del pasado año fueron embargadas 101 familias asturianas por impago del crédito, 64 en el segundo y 34 en el tercero, una cifra que parece seguir descendiendo si se la compara con el mismo período del año anterior. No obstante, estos datos no hablan de la realidad que se está viviendo en la región. «Sí es cierto que hace unos años asistimos a un boom de desahucios de familias que directamente no pudieron pagar su hipoteca y quedaron en la calle. Recuerdo que llegaron a producirse cinco desahucios al día en Asturias. Ahora las ejecuciones están afectando a esas otras familias que consiguieron subsistir con ayuda de los suyos o quitándoselo de la comida o la calefacción pero ante un recrudecimiento de la situación no pueden seguir pagando. A estos casos hay que sumar los desahucios de alquiler. El empleo cada vez más precario, los sueldos bajos, los alquileres excesivos y las ayudas que conceden los distintos concejos que tardan en llegar, han provocado esta nueva situación. Si además en este intermedio de tiempo hay que seguir haciendo frente a los gastos de luz, gas, agua… el dinero no llega para todo. Y aquí se produce el efecto bola de nieve, los que no pueden pagar una hipoteca, tampoco pueden hacer frente a un alquiler y acaban desahuciados. Es lamentable que aunque tengamos un decreto de adjudicación de viviendas de alquiler en Asturias se pongan tantas trabas a las peticiones de dichas viviendas por desahucios de alquiler», denuncia Miguel Angel García, portavoz de la Plataforma Antidesahucios de Asturias (PAH-Asturias).
Todos estos casos no están recogidos en los datos que facilita el INE por un fenómeno que está pasando en la región. «La mayoría de las ejecuciones hipotecarias -en concreto las que tienen cláusulas de vencimiento anticipado-, están paralizadas en la Audiencia Provincial por ser consideradas abusivas, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE sobre esta materia. Este hecho contribuye a que descienda el número de desahucios», explica el portavoz de la PAH-Asturias.
«En el primer trimestre del pasado año, fueron embargadas 101 familias asturianas por impago del crédito» (Datos del INE)
Impacto de género
La crisis del derecho a la vivienda no afecta a todas las personas por igual. Tiene un efecto añadido sobre las mujeres, especialmente las que encabezan los hogares monoparentales maternos, las mujeres con discapacidad o las víctimas de violencia de género. «La principal víctima en esta situación es la mujer, normalmente separada y con hijos. En estos seis años de activismo que lleva la Plataforma hemos visto cómo a medida que avanzan los problemas económicos y se deja de pagar la hipoteca o el alquiler, es la mujer la que acaba quedando con los niños y la vivienda. El marido por lo general no le pasa la pensión de manutención porque tampoco tiene recursos, el salario social resulta insuficiente así que o encuentra un trabajo o no tiene salida», comenta el activista asturiano. La ley tampoco obliga al tribunal a examinar la proporcionalidad de un desahucio, no tiene en cuenta la situación en la que se encuentran las personas que viven en la casa -si se trata de mujeres con menores a su cargo, víctimas de violencia de género, ancianos, discapacitados-, no valora caso por caso ni tampoco la desigualdad material que pueda existir entre el arrendador y el inquilino. Son solo papeles en un juzgado.
Casos sangrantes
Tener un trabajo precario, cobrar un sueldo pequeño o estar en paro no solo significa tener ingresos bajos, sino que puede derivar en que tengas que vivir en una casa en condiciones infrahumanas, perderla o enfermar por ello.
«Después de tantos años no sabría hablar de cifras pero sí recuerdo el nombre de la mayoría de personas a las que hemos ayudado desde la PAH. Hay casos muy sangrantes. El temor a ser desahuciado deriva muchas veces en problemas de salud mental, ansiedad, dificultades para dormir u otro tipo de enfermedades. Aquí tenemos que ser un poco psicólogos, abogados, amigos… No es que te destrocen la vida, es que te destruyen de por vida porque el sistema no te ayuda a remontar. Recuerdo un intento de suicidio de una persona cuando el banco le fue a desahuciar, otra que falleció durante el proceso o el caso de unos padres de ochenta años con sus bienes embargados después de avalar a su hijo a quien el banco ya había quitado su casa y querían echarles a la calle. Se siguen aplicando leyes injustas que los partidos políticos mantienen y esto está generando mucho sufrimiento», comenta Miguel Ángel García.
Contra quién va dirigida la lucha
«Antes nuestro enemigo eran las entidades financieras, principales responsables de la crisis que estamos padeciendo. Ahora nos enfrentamos a un gran número de desahucios de alquiler, detrás de ellos no están los bancos sino las administraciones públicas que son en teoría quienes tenían que ayudar. Los discursos políticos intentan tranquilizarnos diciendo que todo está bien, que hay soluciones y a la hora de la verdad no está habiendo cambios. Desde la PAH estamos presentando recursos administrativos contra las administraciones, algo impensable hace unos años. Luchamos contra políticos que no escuchan, que no van a las asambleas, que desconocen los problemas reales de la calle. Cómo puede legislar sobre educación, vivienda o sanidad alguien que desconoce la problemática y además, sin contar con los sectores implicados. Es increíble que a día de hoy hayamos conseguido más cosas de las entidades bancarias que de las administraciones públicas, que hacen ver que los culpables de esta situación son las personas cuando precisamente son las víctimas. No analizan más que números», lamenta el portavoz de la plataforma.
La PAH trabaja en la calle, en las asambleas, organiza charlas y debates para visibilizar la vulneración sistemática del derecho a la vivienda: «Tenemos una Ley de Arrendamientos Urbanos que es de las peores del mundo. La mayor parte de los desahucios son consecuencia de procedimientos derivados de esta ley, por eso es necesaria una reforma. En estos seis años de lucha hemos conseguido pequeños cambios pero hace falta un gran cambio en la política de vivienda de nuestro país», puntualiza García.
El derecho a la vivienda no se vende
Solo destina el 2% del total de viviendas a vivienda social, frente a otros países como Holanda que destina el 32% o Reino Unido, el 18%
Somos el país de la Unión Europea donde el gasto personal en vivienda se ha incrementado más. Del 17,4% del gasto total de un hogar en 2005, ha pasado a ser el 23% en 2015. Cifras insostenibles.
Por ello Amnistía Internacional insta al gobierno español a regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho a la vivienda, presentando en el Congreso un proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda basado en las normas internacionales de derechos humanos. Así como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que obligue a los jueces a evaluar caso por caso y razonar las causas del desahucio teniendo en cuenta la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. La reforma del artículo 53 de la Constitución para reforzar la garantía de protección del derecho a la vivienda. Y por último, pide al Gobierno que ratifique la Carta Social Europea que prevé un sistema de reclamaciones colectivas.
Amnistía Internacional y la PAH-Asturias trabajan conjuntamente en la calle para informar a los ciudadanos y recoger firmas para pedir al Gobierno la adopción de medidas concretas y urgentes que garanticen el derecho a la vivienda. Mientras la sigan considerando como un bien de consumo e inversión, en vez de un derecho humano no se hará frente a esta situación. «No nos engañemos, la situación del acceso a la vivienda no ha mejorado en estos años sino al contrario. Nuestros derechos no pueden seguir hipotecados y para defenderlos hace falta el apoyo de todos», recuerdan los organizadores de la campaña.