Transición y amputación energética

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Gonzalo Olmos
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En los últimos meses se ha suscitado con fuerza -no es para menos- un intenso debate sobre el rumbo de la economía asturiana, en el contexto de la llamada transición energética y la descarbonización.
En efecto, los objetivos del Marco sobre Clima y Energía para 2030 de la Unión Europea (reducir un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de los niveles de 1990, obtener una cuota del 32% de la energía renovable y un objetivo de ahorro energético a través de la eficiencia del 32,5%) obligan a cambios estructurales, que afectan a todos los ámbitos (desde la generación de energía, la movilidad, el consumo, etc.) y que tienen impacto sobre numerosos sectores productivos. En Asturias, se afronta una nueva reconversión industrial porque un sector estratégico, como es el de las centrales térmicas, que convirtió a nuestra Comunidad en exportadora de producción eléctrica a otros territorios, inicia casi irremediablemente el principio del fin, comenzando por el cierre, en unos meses, de las centrales que Naturgy e Iberdrola tienen aquí. Unido a ello, aparecen nuevos riesgos para la industria electrointensiva radicada en la región, fundamental en su corazón productivo.
En todo este escenario, existe una inquietud y posición compartida donde el conjunto de la sociedad asturiana y sus representantes políticos, sociales y empresariales, pueden encontrarse y hacer frente común. Debe haber cierta gradualidad en el proceso de cambio (aunque la gravedad de la crisis climática global no permite grandes concesiones); debe preservarse el músculo industrial de Asturias, crucial para el futuro de esta tierra; debe exigirse que todos participen proporcionadamente en el esfuerzo global de reducción de emisiones (desde la Alemania aún muy dependiente de las centrales térmicas, hasta los países en vías de desarrollo en los que se apuesta por esta tecnología para satisfacer sus crecientes necesidades energéticas); y, sin reeditar en sus mismos términos experiencias pasadas que han resultado en parte insatisfactorias (véase los programas de reactivación de las comarcas mineras), debe apoyarse a los territorios que resulten más afectados y con menos alternativas posibles (el caso del Suroccidente asturiano es paradigmático, visto el fin, primero, del sector minero privado y, ahora, el cierre de la central de Soto de la Barca). Buscar puntos de confluencia y aunar voces diversas, con el objetivo de ser influyentes en esta materia en todos los niveles, debería estar al alcance de los responsables de partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, aunque por el momento predomina el regate corto.

En Asturias necesitamos políticas públicas para evitar una amputación energética, es decir, la sustitución de la producción térmica de carbón por la nada

Entre las reacciones a este entorno de incertidumbre, encontramos algunos planteamientos difícilmente defendibles. Uno de ellos es el que pretende situarnos en la Numancia de la economía del carbón, como si se pudiese dilatar sine die la transformación en ciernes. Pero no es una posición sostenible, tanto por razones medioambientales como por la progresión fulgurante y la creciente eficiencia económica de las tecnologías de producción renovable (en las que España tiene grandes ventajas competitivas y un sector que vuelve a crecer con vigor) y un horizonte de redes de transporte de electricidad más seguro e integrado. Claro que hay que pelear por la gradualidad, las compensaciones y las alternativas, pero instalarse en la pura resistencia sabemos que acabará en el fracaso y la melancolía, una vez más. La otra respuesta errónea es la del oportunismo político, singularmente de los partidos de derecha, que pretenden situar a la Ministra del ramo, Teresa Ribera, como la gran ogresa de la reconversión, casi como si todo respondiese exclusivamente a su capricho. Sin embargo, la realidad es más compleja, los compromisos internacionales priman sobre las decisiones de personas concretas y si, precisamente, el Gobierno de España ha adoptado en los últimos meses un enfoque proactivo (véase el Real Decreto-Ley 15/2018, de Medidas Urgentes para la Transición Energética, o los trabajos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático) ha sido para aprovechar las importantes oportunidades que nuestro país (con posibilidades de liderazgo y empresas punteras en energía eólica, fotovoltaica y termosolar, entre otros subsectores) tiene en esta transición, evitando además quedar a merced de la inercia, mientras las transformaciones se suceden.
Es cierto que, si bien en el conjunto de España hay regiones con perspectivas optimistas ante este nuevo rumbo, Asturias puede sufrir especialmente por su especialización, hasta la fecha, en el sector térmico del carbón. Por eso, es legítimo exigir una respuesta diferenciada para esta Comunidad, incluyendo inversiones obligatorias alternativas a las empresas del sector energético que cierren plantas; desarrollo de energías renovables donde sí se tengan potencialidades por explorar (biomasa, biogás, geotermia, etc.); puesta en marcha efectiva de la regasificadora y recepción de parte de las inversiones que convertirán a los ciclos combinados en la tecnología de respaldo; garantías de suministro, mejoras de la red y precio competitivo para las industrias más relevantes; medidas de diversificación económica; impulso a los sectores que puedan aprovecharse de oportunidades en los mercados globales (las ingenierías y constructoras de proyectos industriales, las empresas que han actuado en la estela de la actividad minera, energética e industrial, etc.); y, no sobra decirlo, restauración rápida y adecuada, para otros usos, de los espacios que quedarán abandonados con el cese de la actividad. En Asturias no habrá, por las características de nuestra geografía, grandes huertos fotovoltaicos, plantas termosolares o muchos más parques eólicos de los ya existentes, así que las ventajas de este cambio no vendrán solas, en absoluto. Necesitamos, en suma, políticas públicas para evitar una amputación energética, es decir, la sustitución de la producción térmica de carbón por la nada. Estamos legitimados para plantearlo así, con toda la determinación necesaria; lo que nada tiene que ver con ponernos de espaldas ante la inevitable transformación, de la que formaremos parte, lo queramos o no.

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