La crisis y la nueva reglamentación de tráfico en temas de alcoholemia han llevado a un notable incremento en asistencias del Turno de Oficio y el Servicio de Orientación Jurídica para acceder a la justicia gratuita. El Colegio de Abogados de Oviedo busca mejorar la imagen del abogado de oficio con una serie de acciones.
-La crisis ha traído consigo un aumento de litigiosidad. ¿A qué se debe?
-A varias razones. Primero, que al no haber dinero la gente incumple sus compromisos: hay más despidos, faltas de pago en las empresas y los arrendamientos, en las relaciones proveedor-cliente… Hay también casos de reclamaciones que no se hacían porque no eran necesarias para el día a día. Por ejemplo, herencias que llevan incluso generaciones sin reclamarse, pero ahora la gente necesita dinero y se acuerda de esos prados que están en el pueblo, que alguien los estará usando sin pagar nada.
Por otro lado, hay personas que antes no tenían derecho a la justicia gratuita, pero ahora que se han reducido sus ingresos la reclaman. Y antes también había reclamaciones que no se hacían porque eran anti económicas, es decir, que contando con el coste mínimo del procedimiento -abogado, procurador, perito- no compensaba incluso aunque el asunto saliera bien. Sin embargo a través de la justicia gratuita compensa reclamar, aunque la cantidad sea baja, porque no existen esos gastos.
Hay otras causas que no tienen que ver con la crisis, como la reforma de la legislación de tráfico. Antes había infracciones por exceso de velocidad o por alcoholemia que suponían una sanción administrativa. Y la gente la pagaba -o no- pero no iba a juicio. Ahora pasados ciertos límites, que están mucho más bajos que antes, hay un proceso penal. La ley española impide que nadie sea sometido a un juicio por delito si no tiene un abogado, así que la administración nombra uno.
“Hay personas que antes no tenían derecho a la justicia gratuita, pero ahora que se han reducido sus ingresos la reclaman”
-¿Cuáles son los requisitos para acceder a la justicia gratuita?
-Se suele decir que hay que estar dos veces por debajo del salario mínimo. La referencia no es exactamente ésa, pero para entendernos: aproximadamente unos ingresos por debajo de los 15.000 euros anuales en la unidad familiar dan derecho a la justicia gratuita.
-¿No hay que acabar con la mala imagen del abogado de oficio, dado que la media profesional es de diez años de experiencia?
-No es un problema de experiencia. Los requisitos son tres años de antigüedad como colegiado ejerciente, en cualquier colegio de España, y además los cursos de formación que el colegio correspondiente haya implantado. Las críticas vienen muchas veces por la falta de motivación, en ocasiones el ciudadano compara al abogado de oficio con el funcionario y piensa: “éste como cobra igual, no se va a ocupar de mi asunto”. No es verdad: tenemos un ejemplo en España muy reciente y muy clarificador, que es el juicio del 11-M. Hubo muchos imputados para los que pedían miles de años de cárcel, que tenían abogados de oficio, y a algunos los absolvieron. Mientras que a otros con abogados de pago, penalistas de reconocido prestigio, les condenaron. Ahí está la prueba de que un abogado del turno puede perfectamente cumplir con su obligación y conseguir el mayor éxito para su cliente.
-¿Qué acciones se tienen previstas desde el Colegio para dignificar la imagen del abogado de oficio?
-Entre otras cosas, solicitar a los alcaldes de las ciudades donde hay colegios profesionales, como hemos hecho en Oviedo, que se dé el nombre “abogado de oficio” a una calle o a un espacio público. Ya hay ciudades españolas que lo tienen, y otras que están en trámite.
Hay otras acciones proyectadas, que se irán haciendo poco a poco. Sobre todo lo que pretendemos es que nadie que tenga algún derecho deje de reclamarlo porque no tenga medios económicos. Nosotros nos estamos ofreciendo permanentemente a la administración para que ensanche el campo de la asistencia jurídica gratuita, y estamos dispuestos a hacerlo a un coste bajísimo, porque las retribuciones que la administración nos da están muy por debajo del precio de mercado. Aparte del turno de oficio general, hay muchos colectivos específicos que necesitarían también un turno.
Por ejemplo, hay un problema serio con los presos. Ocurre muchas veces que alguien en un proceso penal tiene un abogado del turno, lo defiende con más o menos éxito, y al final lo condenan a prisión. En ese momento la persona queda completamente desamparada. A veces nos encontramos con casos en los que se está cumpliendo más prisión de la que corresponde, porque nadie se preocupó, y porque esa persona no tuvo medios ni económicos ni culturales para llamar a un abogado que le calcule la liquidación de la condena. Bueno, pues se están creando turnos de oficio penitenciarios. También turnos de oficios para menores, o específicos para ancianos, que están desamparados.
También el caso de la violencia de género es especial, en el sentido de que lo normal es que el abogado del turno de oficio asista al acusado, mientras que el fiscal se ocupa de la víctima. En violencia de género el abogado lo tienen los dos. Hay que decir que ahí el derecho penal está dando un cambio, porque siempre estuvo centrado en los derechos del acusado y ahora se está viendo que a veces de la víctima del delito no se ocupa nadie. En ese sentido hay mucho que hacer.