Los clubes profesionales del fútbol español mantienen una deuda de seiscientos millones de euros con la Hacienda pública española y la seguridad social. En 2012, la deuda total acumulada por estos ascendía a 3.300 millones de euros. Los políticos locales, regionales y nacionales poseen, además de sus sentimientos por unos colores, un amplio interés en el fútbol para que los equipos lleven el nombre de la ciudad y la región lo más lejos posible. Por su parte, los presidentes de los clubes disfrutan del agradable olor de los fondos públicos que les permite derrochar fondos por encima de sus posibilidades en jugadores y proyectos faraónicos.
El fútbol y el dinero generan una relación que mezcla deporte, intereses económicos y fiscales, y popularidad. Mientras muchas personas malviven, luchan por sobrevivir y llegar a fin de mes, los clubes de fútbol en España gozan de privilegios. El entramado es complicado debido a las figuras jurídicas que se han fomentado en los últimos años como las Sociedades Anónimo Deportivas (SAD). Esta figura ha permitido que los clubes se conviertan en empresas, de las que se han apropiado personas ajenas al deporte que han visto en el endeudamiento una posibilidad para fichar a algunos de los mejores jugadores. La falta de control de las deudas, representada en condonaciones y leyes favorables al mundo del fútbol por parte de la administración ha allanado el camino.
Una vez que la deuda es insostenible, las soluciones que se plantean es reducirla, no pagarla o esperar a que un magnate compre el club. Cerca de una treintena de clubes españoles se han acogido a la ley concursal, la solución más socorrida. Un parche que permite que los clubes en quiebra técnica eviten el descenso de categoría o la disolución. Bajo la dirección y supervisión de un tutor judicial negocian las cantidades adeudadas y reciben condiciones ventajosas para pagar la deuda en el largo plazo.
Para evitar el beneficio que suponía competir a los clubes bajo esta normativa con equipos saneados, desde 2012 existe el riesgo de descenso. Todavía no se ha dado el caso. En cambio, en Europa ha ocurrido en dos ocasiones. Es el caso de clubes como Glasgow Rangers, en Escocia, y Portsmouth, en Inglaterra, que fueron sancionados con pérdida de puntos en la competición lo que provocó que descendiesen de categoría.
En el mismo ámbito, el europeo, los posibles beneficios y sospechas de una competición adulterada son motivo de estudio. La Comisión Europea ha abierto expediente a siete clubes españoles de fútbol por supuestas ayudas públicas irregulares. Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna son investigados por su estatus fiscal, inferior al del resto de los equipos. Otras vías de investigación son la recalificación y venta de terrenos o las ayudas de gobiernos regionales como la Comunidad Valenciana en forma de avales por cuantías superiores a los cien millones de euros a los clubes Elche, Valencia y Levante.
En el fútbol se producen enormes transacciones de dinero por la compra o venta de un jugador. De momento, la liga profesional y el Gobierno han puesto parches. Falta atajar el problema de raíz. Quizá porque existe el miedo político de que unas medidas drásticas puedan encender los ánimos de una afición, de unos ciudadanos apasionados por los colores de su equipo y que esto pueda derivar en resultados electorales indeseados. Aun así la paradoja es cruel ya que una persona no puede pagar sus deudas en cómodos plazos y un club sí, incluso, se la perdonan.