Lo experimenté en primera persona. Hace unos meses, buscando una casa de alquiler para todo el año por la zona del litoral del occidente asturiano, me encontré con una respuesta repetida: no les interesaba alquilar porque solo en los tres meses de verano –precios desorbitados– ganaban más que alquilando todo el año. Los dueños prefieren alquilar a turistas por días o semanas porque ganan más, así que los alquileres de larga duración poco a poco van desapareciendo del mercado para convertirse en alojamientos vacacionales. En Ribadesella, por ejemplo, nos han comentado varios hosteleros que tienen problemas para contratar a camareros durante las épocas estivales porque los alquileres no están a la altura de sus bolsillos. Y esto es solo la punta del iceberg.
Hay momentos en los que una sociedad se planta y dice basta. Lo estamos viendo estos días en la Puerta del Sol y en otras plazas de España. Personas de distintas edades, trayectorias e ideologías han decidido dormir en la calle para reclamar algo tan elemental como poder vivir bajo un techo sin miedo. Piden el fin de los desahucios sin alternativa habitacional, alquileres estables, menos especulación y más protección para quienes sienten que pueden perder su hogar en cualquier momento.
Detrás de estas pancartas hay muchas historias. Jóvenes que encadenan contratos temporales y no pueden emanciparse; familias que destinan una parte importante de sus ingresos al alquiler, personas mayores que viven con la angustia de no saber qué ocurrirá cuando termine su contrato o trabajadores que cumplen con sus obligaciones, pero sienten que la vivienda se aleja cada año un poco más.
Quizá por eso, esta protesta ha conectado con tanta gente. Porque no habla solo de ladrillos, habla de seguridad, de futuro, de la sensación de que algo esencial se está rompiendo. Sin embargo, sería un error pensar que esta crisis nació ayer.
El problema –según el economista Santiago Niño Becerra– arranca décadas atrás, en los años 50, donde se promocionaba la compra de viviendas para sacar rentabilidad. No es una emergencia repentina, es una enfermedad crónica que se ha ido agravando mientras gobiernos de distinto signo aplicaban remedios parciales sin abordar la raíz del problema. Para él, la cuestión fundamental sigue siendo la misma: no hay suficiente oferta de vivienda para responder a la demanda existente, si se amplía la oferta los precios bajan.
De hecho, una de las grandes trampas del debate actual es reducirlo todo a una guerra entre propietarios e inquilinos, entre izquierda y derecha, entre regulación o libre mercado cuando el problema es más profundo. Lo que está en juego es que las personas puedan construir un proyecto de vida.
El filósofo José Antonio Marina habla de la “obstrucción del futuro” y me parece una expresión muy acertada porque cuando una persona no sabe si podrá seguir viviendo en su casa dentro de unos meses, cuando no puede independizarse o cuando aplaza indefinidamente formar una familia, lo que se bloquea no es solo una operación inmobiliaria, es su futuro.
También la psiquiatra Marian Rojas Estapé recuerda algo que a menudo olvidamos… “una vivienda no es sólo un inmueble, es el lugar donde descansamos, recuperamos fuerzas, nos sentimos protegidos. Cuando esa seguridad desaparece, surge el estrés permanente, la ansiedad, el cansancio emocional, la sensación de vivir siempre en alerta”. Por eso la vivienda no puede medirse únicamente en euros por metro cuadrado. También debería medirse en tranquilidad, en estabilidad y en salud mental.
Los datos ayudan a entender la magnitud del problema. Aunque los desahucios han descendido respecto a hace una década, en 2025 todavía se registraron más de 24.500 en España. Asturias contabilizó 603. Y hay un dato especialmente significativo: hoy la mayoría de los desahucios ya no proceden de hipotecas impagadas, sino de situaciones relacionadas con el alquiler.
Mientras tanto, la confianza ciudadana se desmorona. La última encuesta del CIS refleja una realidad preocupante: 6 de cada 10 españoles creen que el acceso a la vivienda empeorará en el futuro y una amplia mayoría no espera soluciones a corto plazo. Y quizá ahí está el verdadero problema. No se trata solo de la falta de viviendas sino también de la falta se esperanza.
Por eso los decretos aprobados por el Gobierno deben entenderse como lo que son: una respuesta urgente ante una situación que se ha vuelto insostenible. Pueden aliviar tensiones, proteger a quienes están en una situación más vulnerable y ganar tiempo. Pero incluso quienes los apoyan reconocen que el desafío es mucho más profundo.
Desde posiciones muy distintas, analistas políticos coinciden en señalar que España necesita pensar a largo plazo. Construir más vivienda donde hace falta, movilizar parte del parque vacío, simplificar obstáculos burocráticos y crear mecanismos que permitan que las personas vivan con mayor seguridad.
Porque una vivienda nunca ha sido solo una vivienda. Es el lugar donde una pareja decide quedarse, donde un niño crece, donde un abuelo envejece, donde una persona puede cerrar la puerta al final del día y sentir que está protegido.
Cuando eso se convierte en un privilegio y no en una certeza razonable para la mayoría, el problema deja de ser inmobiliario. Pasa a ser, sencillamente, un problema de país.
