El 20 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley con medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Un paquete de medidas que cambia radicalmente el actual modelo universal y solidario. La respuesta de los ciudadanos no se ha hecho esperar.
Derecho a la Salud. Un derecho fundamental
El artículo 43 de la Constitución española recoge el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud y reconoce la competencia de «los poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto».
Este derecho empieza a tambalearse si tenemos en cuenta que las Comunidades Autónomas presupuestaron este año un 6% menos de media para la asistencia sanitaria de los ciudadanos, lo que sumado al recorte aplicado el año pasado y el tijeretazo de 7.000 millones de euros anunciado por el Gobierno, nos lleva a un sustancial descenso de más del 20% de inversión en salud, que se traducirá en menos prestaciones y menos calidad asistencial. A ello hay que añadir el recién aprobado Real Decreto-Ley.
El Real Decreto-Ley: Medidas
Aunque el ministro Montoro avisase semanas antes de que la reforma de la Sanidad iba a ser «estructurada y contrastada» con las Comunidades Autónomas, la realidad es que el viernes día 20 de abril nos enteramos de sopetón -como cada viernes- de que el Consejo de Ministros acababa de aprobar una reforma sanitaria con la que pretendía ahorrar siete mil millones de euros. Algunas de las medidas adoptadas son éstas:
Elimina la universalidad en la asistencia sanitaria. A partir de ahora no habrá beneficiarios de la asistencia sino asegurados, afiliados a la Seguridad Social. Quedarán sin asistencia miles de españoles que no han cotizado nunca, como personas que se encargan de cuidar familiares que tampoco pagan a la Seguridad Social, y ciudadanos que viven de rentas, que tributan a Hacienda pero que no están dados de alta en la Seguridad Social, así como las ama de casa divorciadas.
Es también muy grave la exclusión de los inmigrantes «sin papeles» que a partir del 31 de julio sólo recibirán atención en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente; asistencia al embarazo, parto y postparto y en caso de ser menor de 18 años.
Es muy grave la exclusión de los inmigrantes «sin papeles» que a partir del 31 de julio sólo recibirán atención en caso de urgencia.
Con el pretexto de racionalizar el gasto se reclasifican las prestaciones sanitarias en tres categorías: «básicas», «accesorias» y «suplementarias» y deja la puerta abierta a nuevas modalidades de exclusión y copago.
Se introduce el copago en servicios como farmacia, transporte sanitario, orto-prótesis y productos dietéticos. Los pensionistas deberán pagar el 10% de las medicinas, porcentaje que se incrementa para el resto de la población. Hay cuatro tramos de aportación: 60% para rentas superiores a 100.000 €; 50% para rentas entre 18.000 y 100.000 € y 40% para rentas inferiores a 18.000 € En el caso de los pensionistas se ponen unos topes máximos mensuales: 8, 18 o 60 € determinados en función de la renta. Los excesos pagados por los pensionistas por encima de estos topes máximos serán «objeto de reintegro por la Comunidad Autónoma correspondiente, con una periodicidad semestral».
Nuevas medidas en la prestación farmacéutica. Se abordan varias cuestiones dentro de un marco legislativo que genera bastante ambigüedad. Se recoge la prescripción por principio activo, aunque se permite recetar medicamentos de marca en tratamientos crónicos si no hay diferencia de precio. La receta electrónica es obligatoria y se excluyen una lista de medicamentos actualmente financiados por el Servicio Nacional de Salud de gran repercusión social: los ciudadanos a partir de ahora, tendrán que pagar de su bolsillo los antitérmicos, analgésicos o antihistamínicos. Medicamentos que, al dejar de estar financiados, pasarán a renegociarse al alza, es decir costarán más.
Nuevas tarjetas sanitarias. No lo señala el Real Decreto-Ley, pero para constatar el nivel de renta de cada persona y que se le puedan aplicar los diferentes niveles de pago de medicamentos, será necesaria una nueva tarjeta sanitaria -47 millones de unidades-, con un gasto estimado de 900 millones.
Médico y miembro de la Plataforma Cívica
en Defensa de la Sanidad Pública en Asturias
Una de las primeras acciones que van a poner en marcha es la presentación de una iniciativa parlamentaria mediante la cual solicitarán que la Junta General del Principado se pronuncie contra la reforma sanitaria. Así se sumarían a otros movimientos en distintas Comunidades Autónomas donde los profesionales sanitarios, ya están mostrando sus discrepancias por la aplicación de recortes: cierres de quirófanos y camas, privatización de servicios, reducción de plantillas, etc.
«La sanidad está siendo deconstruída», denuncia Carlos Ponte, médico internista del HUCA y miembro de la Plataforma. «Y está ocurriendo poco a poco, obedeciendo a una estrategia calculada que tiene como objetivo cambiar el modelo sanitario y abrir espacios a la medicina privada y la sanidad como negocio. De Guindos dice que las rentas más altas pagarán más, eso en la práctica significa que los que tienen rentas más altas -que son los que más aportan al sistema sanitario-, van a optar por mutuas privadas porque les desgrava, con lo cual se deja de ingresar el dinero que aportaban a través de sus impuestos, y la bolsa se reduce en perjuicio de todos. El gobierno del Partido Popular habla de pagar por recibir un servicio sanitario como si fuera algo parecido a ir de compras, pero un enfermo no decide comprar un servicio sanitario, lo hace porque lo necesita. Pagará más quien más enfermo esté».
Desde la Plataforma denuncian que el fin último es transferir los servicios más rentables a las aseguradoras privadas e incrementar los beneficios de las multinacionales del sector. En resumen, «hacer negocios con la salud: un cambio de modelo que ya está en marcha», puntualiza el doctor Matallanas.
«La sanidad está siendo deconstruída, obedeciendo a una estrategia que tiene como objetivo cambiar el modelo sanitario»
Copago, ¿medida recaudatoria?
«Nuestro sistema sanitario es absolutamente insostenible», advierte Ana Mato, ministra de Sanidad. Algo que no dicen las cifras, que indican que el gasto sanitario en España por habitante y año es claramente inferior al de la Unión Europea y «es además barato, comparado con los servicios que ofrece», puntualiza Matallanas. España se lo podría permitir. Pero si lo que se busca es recaudar, «se podría perseguir el fraude fiscal -entre 70.000 y 90.000 milones al año- en lugar de amnistiar a los defraudadores; o incrementar los controles para el cobro del IVA que se deja de recaudar cada año. Sólo con esto se podría mantener e incluso crear otro sistema similar si se quisiera». En cambio, introducen el copago que afectará a los más desfavorecidos y no recaudará grandes cifras. Las cuentas no salen, y menos si tenemos en cuenta que «para ajustar los copagos a los niveles de renta, será necesario que se cambien todas las tarjetas sanitarias que tenemos, con un coste elevadísimo cada año», recuerda Carlos Ponte.
El Decreto, ¿una improvisación?
«No obedece a una improvisación -asegura Ponte- sino que forma parte de una estrategia muy estudiada, orientada a un cambio del modelo sanitario. Pero está mal redactado, es una chapuza y desprende un fuerte aroma centralista que, a la larga, será fuente de litigios ante el Tribunal Constitucional, al invadir funciones que corresponden a las Comunidades Autónomas. Es poco transparente y poco democrático porque no han contado con nadie para su elaboración, ni con el propio Parlamento. Caminamos hacia un modelo privatizado que ya se está dibujando en Valencia, Madrid y Cataluña».