Es un hecho: la muerte de Maricarmen ha vuelto a situar el problema de la vivienda en el centro del debate social. Para el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, su caso simboliza una realidad que vive cada día en silencio una parte creciente de la población. Su portavoz, Andrés García, analiza el impacto de los desahucios, la dificultad para acceder a una vivienda en Asturias, el auge de la turistificación y las consecuencias de un mercado inmobiliario que, asegura, está expulsando a jóvenes, familias y pensionistas.
-La muerte de Maricarmen ha conmocionado a gran parte de la sociedad. ¿Qué representa su caso para el movimiento por el derecho a la vivienda?
-Representa a miles de personas que han sufrido esta misma situación. Personas que han vivido procesos de desahucio, problemas graves de salud mental o física y mucho sufrimiento. El caso de Maricarmen se ha convertido en un símbolo que da visibilidad a una realidad que muchas veces permanece oculta. También representa la voluntad de transformar ese dolor en organización, movilización y lucha por el derecho universal a la vivienda.

-¿Crees que la ciudadanía entiende que detrás de un desahucio hay mucho más que un conflicto legal?
-Sí, cuando las personas llegan al sindicato suelen hacerlo con cuadros de ansiedad, angustia y un enorme desgaste emocional. Lo que hemos visto en el caso de Maricarmen lo vemos de forma habitual. Son situaciones que las personas suelen vivir en silencio, con miedo o vergüenza, como si fueran responsables de lo que les ocurre. Nosotros intentamos convertir ese sufrimiento individual en organización colectiva.
-¿Cuánto tiempo lleva funcionando el sindicato?
-Los sindicatos de inquilinas comenzaron a organizarse en lugares como Madrid y Cataluña en 2017. En otros territorios el proceso es más reciente. En Asturias llevamos alrededor de dos años construyendo esta organización, y en los últimos meses están surgiendo iniciativas similares en muchos puntos del Estado.
-Cuando se habla de emergencia habitacional solemos pensar en Madrid o Barcelona. ¿Qué está ocurriendo realmente en Asturias?
-Desde la pandemia se está acelerando un proceso de gentrificación, turistificación y mercantilización de la vivienda. En muchos barrios desaparecen los comercios tradicionales y van siendo sustituidos por negocios orientados al turismo. Además, tanto los fondos de inversión como los grandes propietarios están aumentando su presencia en el mercado libre y también en la vivienda pública. Lo que vemos es una tendencia a convertir la vivienda en un negocio en lugar de garantizar su acceso como un derecho.
«El caso de Maricarmen se ha convertido en un símbolo que da visibilidad a una realidad que muchas veces permanece oculta»
-Asturias pierde población desde hace años y, sin embargo, encontrar una vivienda resulta cada vez más complicado. ¿Cómo se explica esa aparente contradicción?
-Es una situación compleja. Existe vivienda vacía que permanece fuera del mercado a la espera de obtener una mayor rentabilidad. También influyen las segundas residencias y la llegada de compradores de otros territorios. Al mismo tiempo, Asturias recibe población migrante. Todo ello ocurre mientras se normalizan situaciones que antes parecían impensables, como personas o incluso familias viviendo en habitaciones porque no pueden asumir el coste de un alquiler completo.
-¿Hasta qué punto influye el turismo en esta situación?
-No estamos en contra del turismo, sino de la masificación. Muchos pisos y apartamentos turísticos están transformando el mercado residencial. El problema aparece cuando la vivienda deja de destinarse a quienes viven y trabajan aquí para orientarse principalmente a actividades más rentables económicamente.
-¿Qué diferencias observáis entre las grandes ciudades y las zonas rurales o costeras?
-Los modelos son diferentes, pero comparten un mismo patrón: el negocio de la vivienda. En las zonas rurales y costeras la presión turística suele ser más intensa, mientras que en las ciudades adopta otras formas. Sin embargo, el objetivo final es el mismo: obtener la máxima rentabilidad posible de la vivienda. Asturias ya empieza a reproducir dinámicas de acceso a la vivienda que hasta hace poco parecían propias de Madrid o Barcelona.

«Cuando las personas llegan al sindicato suelen hacerlo con cuadros de ansiedad, angustia y un enorme desgaste emocional. Son situaciones que las personas suelen vivir en silencio, con miedo o vergüenza, como si fueran responsables de lo que les ocurre»
-Se habla mucho de las zonas tensionadas cuando las comunidades autónomas tienen competencia para legislar en esos casos. ¿Crees que falta voluntad política?
-Nuestra opinión es que existe una falta de decisión para intervenir en el mercado de la vivienda y regular determinadas prácticas. Consideramos que hay actores económicos con una gran capacidad de influencia y que las administraciones no están afrontando el problema con la profundidad necesaria.
-¿Quiénes son las personas más afectadas por la crisis de la vivienda en Asturias?
-Por nuestra experiencia, las mujeres que sostienen solas a sus familias, las mujeres mayores con pensiones bajas, las mujeres jóvenes, las personas migrantes y la juventud en general. Pero más allá de colectivos concretos, el problema afecta a buena parte de la clase trabajadora, que tiene dificultades para llegar a final de mes debido a la combinación de salarios bajos, pensiones insuficientes y un aumento constante del coste de la vida.
-¿Qué os dicen quienes acuden al sindicato por primera vez?
-Intentamos que vengan al principio, cuando aparece problema, pero muchas veces llegan cuando el conflicto está ya muy avanzado. Los casos más frecuentes tienen que ver con desahucios, impagos de fianzas, problemas de mantenimiento o no renovaciones de contrato motivadas por futuras subidas del alquiler. Más allá del problema concreto, lo que encontramos es un enorme impacto emocional. La vivienda es un elemento fundamental en la vida de cualquier persona y afecta a todos los órdenes de su vida.
«En muchos barrios desaparecen los comercios tradicionales y van siendo sustituidos por negocios orientados al turismo. Lo que vemos es una tendencia a convertir la vivienda en un negocio en lugar de garantizar su acceso como un derecho»
-¿Las personas mayores también están sufriendo especialmente esta situación?
-Sí, muchas personas mayores viven con pensiones bajas o medias que cada vez cubren menos gastos. No solo suben los alquileres, también lo hacen la alimentación, la energía o los suministros. Esa descompensación hace que muchas personas tengan dificultades crecientes para mantenerse en sus viviendas.
-Los jóvenes, directamente, son expulsados de ese mercado del alquiler al no tener ni acceso a su primera vivienda…
-La juventud es uno de los colectivos más afectados. Existe una importante fractura generacional entre quienes pudieron adquirir o heredar una vivienda y quienes hoy tienen enormes dificultades tanto para alquilar como para comprar. Eso retrasa la emancipación y genera una sensación de falta de futuro que está impulsando la movilización de muchos jóvenes.
-¿Cuáles son los próximos pasos del Sindicato de Inquilinas de Asturias?
-Estamos participando en reuniones con sindicatos laborales y otros movimientos sociales para coordinar acciones y organizar espacios de participación en distintos puntos de Asturias. La idea es impulsar asambleas abiertas en municipios, centros de trabajo, plazas y centros de estudio para ampliar la movilización social en torno al derecho a la vivienda.

