Gonzalo Olmos Fernández-Corugedo

Al principio algunos dejaban escapar la risa nerviosa y se limitaban a quitar relevancia a que un grupo de activistas semidesnudas montaran un escándalo en algunos actos públicos. El tratamiento que los medios de comunicación les otorgaban no difería mucho de la mirada entre condescendiente y rijosa que los poderosos lanzaban a las acciones de Femen.

Durante años, y especialmente a partir del surgimiento de los movimientos ciudadanos partidarios de la recuperación de la memoria histórica, se ha planteado en numerosos municipios de nuestro país un intenso debate sobre la retirada de los vestigios restantes en el espacio público dirigidos a la exaltación del golpe de estado de 1936 que dio lugar a la Guerra Civil y a la glorificación del Franquismo.

Poco le falta al partido gobernante en España para promover una remodelación del Ejecutivo en el que, al modo orwelliano, se refundan los Ministerios en el del Amor, el de la Paz y, sobre todo el de la Abundancia y el de la Verdad.

Al calor de la crisis económica y social, se ha despertado entre la ciudadanía un fuerte cuestionamiento del sistema de representación política propio de nuestra democracia parlamentaria.

El Gobierno de España continúa dando pasos para poner en marcha la modificación del régimen local y lo hace a pesar de que buena parte de las medidas que baraja han despertado fundados recelos en muchos de los gobiernos municipales del mismo signo político que el central y en la propia Federación Española de Municipios y Provincias.

Cada vez que los representantes de las instituciones financieras internacionales administran sus recetas purgantes a España, suelen acompañarlas de palabras de reconocimiento para los 'asombrosos esfuerzos' y las 'medidas decididas' adoptadas por el Gobierno, así calificadas en la jerga al uso de estas esferas.

En apenas un año de gestión hemos podido constatar el modelo de sistema judicial que propugna el Partido Popular y comenzamos a padecer sus consecuencias.

A la vista de los acontecimientos de los últimos meses cabe comenzar a cuestionarse si el proceder general de los cuerpos de seguridad, y en particular de los llamados antidisturbios, es el propio de un sistema en el que el ejercicio monopolista de la fuerza por el Estado se supone sometido a controles y limitaciones.

En los últimos tiempos ha hecho furor la denominación "clase política" para referirse a la dirigencia de los principales partidos políticos, los responsables públicos y los representantes de la ciudadanía en Cortes Generales, asambleas legislativas de Comunidades Autónomas, ayuntamientos, etc.

Los ataques a las legaciones diplomáticas norteamericanas en algunos países de mayoría islámica -encendidos por la película 'Inocencia de los musulmanes' que casi nadie ha visto- pueden resultarnos inquietantes por el carácter masivo de las protestas y su rápida proliferación en los últimos días.