Cada vez que los representantes de las instituciones financieras internacionales administran sus recetas purgantes a España, suelen acompañarlas de palabras de reconocimiento para los ‘asombrosos esfuerzos’ y las ‘medidas decididas’ adoptadas por el Gobierno, así calificadas en la jerga al uso de estas esferas.
La retórica de los gobernantes, fieles seguidores de tales mandamientos, es similar, siendo sus destinatarios los propios ciudadanos, repletos de confusión y hartazgo a partes iguales, aunque hasta ahora ninguna alternativa estructurada haya cuajado ni es esté en previsión de hacerlo. El mensaje que se traslada desde el poder, los medios de comunicación y los centros de proselitismo del ideario anticrisis en boga, insiste en la invocación al sacrificio y en un futuro alentador después de la cura, una vez que de los servicios públicos queden poco más que piel y huesos, y que, de paso, se hayan socavado principios elementales del Estado Social y Democrático de Derecho que hasta ahora se decía defender. Los receptores del mensaje cada vez se creen menos estas letanías, sobre todo porque el túnel se hace interminable y cada vez más frío y oscuro, pero del escepticismo, la amargura y la protesta puntual poco más está brotando, al menos de momento.
Quien desde los centros de decisión o de ejecución de estas políticas diga que comprende el impacto que comportan para las personas que las padecen, o miente o en el mejor de los casos recurre al tópico, porque no tiene ni idea –ni se lo puede imaginar- del enorme daño que está causando en la vida diaria de la gran mayoría de la población.
Lo peor de este año de recortes salvajes y apreturas asfixiantes no es sólo el deterioro, quizás irremisible, de prestaciones, servicios y garantías hasta ahora proveídas desde lo público, es decir, como conquista colectiva. Es más humillante si cabe que tales decisiones vengan acompañadas de una cadena de condescendientes palmaditas en el hombro, como quien anima a la vez que pisa: de las corrientes del mercado financiero al FMI y la OCDE; de estos organismos a la UE; de la UE al Gobierno de España; y de éste a los ciudadanos. A éstos se les insiste en que continúen con el denodado esfuerzo, pero, a la par, se quita hierro a todas las medidas cada vez que se presentan o se detectan, anunciándolas como si fuesen soportables. El problema es que para muchísimas personas ya no lo son. Si hay que realizar copagos por medicamentos, prestaciones sanitarias accesorias (o principales, si directamente se reduce la cartera de servicios de facto), disminuyen las becas, se amputan servicios, sube la presión tributaria –en particular los impuestos indirectos- se reducen en la práctica salarios, pensiones o subsidios, y hay que buscarse en el mercado privado bienes que hasta ahora eran públicos, no hay economía familiar media que lo aguante. Y quien desde los centros de decisión o de ejecución de estas políticas diga que comprende el impacto que comportan para las personas que las padecen, o miente o en el mejor de los casos recurre al tópico, porque no tiene ni idea –ni se lo puede imaginar- del enorme daño que está causando en la vida diaria de la gran mayoría de la población.