El artículo 2.1 del Convenio de Estambul recoge todas las formas de violencia contra las mujeres, que afecta de manera desproporcionada a la mitad de la población. Por ello, desde Juezas y Jueces para la Democracia queremos hacer un llamamiento para mejorar la aplicación del mencionado convenio, especialmente, en relación con las formas de violencia que actualmente reciben menor desarrollo legislativo y menor atención en las políticas públicas. Para ello, se debe resaltar la especial importancia de la lucha contra la violencia sexual, el acoso sexual, el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina y el aborto/esterilización forzosos, sin olvidarnos de la violencia física, psicológica y económica, el acoso y la intimidación sexual en el trabajo o en instituciones educacionales, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada.
Consideramos necesario el seguimiento de la implementación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (próximo a finalizar en septiembre de 2022 sus primeros 5 años de vigencia), e ineludible la valoración del impacto de las medidas ya implementadas y las partidas económicas que las han acompañado, así como la calidad de su ejecución, mediante un conjunto de indicadores predefinidos que evalúen lo ya realizado y posibiliten el cumplimiento de los objetivos pendientes de forma coordinada, global y efectiva a nivel estatal y descentralizado.
Llama la atención el hecho de que las políticas que se llevan a cabo en aplicación de los presupuestos del Pacto de Estado han dado lugar a contrataciones poco especializadas que se han utilizado para justificar las inversiones del dinero que se traslada con el Pacto. Por ello, sería necesario que en las licitaciones se ponga el debido énfasis en la experiencia profesional y técnica de los licitadores, asegurando que las prioridades de actuación a nivel estatal y descentralizado estén alineadas lo máximo posible con las medidas establecidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y su efectividad práctica.
Una sociedad en igualdad entre hombres y mujeres, respetuosa con los derechos humanos y libre de violencia contra la mujer es una exigencia democrática y un logro posible.
Destacamos así mismo la necesidad de llevar a cabo con calidad la recogida de datos sobre la aplicación de las recientes reformas legales en materia de visitas a menores y protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, así como la realización de informes especializados con el fin de valorar la forma en que los juzgados españoles garantizan la seguridad de las mujeres y los niños y niñas afectados por contextos de violencia, con el fin de garantizar la calidad y efectividad de las decisiones que se adopten al respecto en la vía judicial, para lo que resulta imprescindible la calidad y cualificación de los servicios de la administración a disposición de los órganos jurisdiccionales, solo así se podrá garantizar de forma dinámica el resultado de las decisiones que se adopten al respecto en la vía judicial. Añadir como elemento indispensable la mejora en la coordinación y cooperación entre los juzgados y servicios de apoyo a las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas, intensificando la financiación y la dotación de personal en servicios psicosociales de atención y puntos de encuentro familiar, de forma que se facilite la identificación de los menores en riesgo y su comunicación a todas las autoridades.
No olvidamos la necesidad de eliminar las diferencias que se aprecian entre el ámbito rural y el urbano, respecto a la atención y servicio en supuestos de violencia de género, que hacen pertinente la mejora de las estructuras de coordinación y unidades de apoyo local, así como el desarrollo de actuaciones para detectar y abordar sistemáticamente los actos de violencia sobre las mujeres que residen en las zonas con más dispersión geográfica.
Los poderes públicos debemos ser asertivos en el convencimiento de que una sociedad en igualdad entre hombres y mujeres, respetuosa con los derechos humanos y libre de violencia contra la mujer es una exigencia democrática y un logro posible.
EL SECRETARIADO
