Se suele decir que los procesos electorales están llamados a cumplir tres funciones: ser cauce adecuado para la expresión del pluralismo político, propiciar la formación de gobiernos y otorgar mayor legitimidad al sistema.
Si es así, unas elecciones «ideales» serían las que contasen con una amplia participación ciudadana, que reflejara la diversidad ideológica propia de cualquier democracia avanzada; dieran lugar a un gobierno conectado con la ciudadanía y poroso a su voluntad, y la sociedad aceptara su resultado como expresión acabada del ejercicio de la soberanía.
Debiera ser preocupación prioritaria de los ahora elegidos para gobernar las instituciones, la construcción de políticas públicas que respondan a las demandas sociales y al interés general.
Si aceptamos estos postulados, las elecciones autonómicas del 25 de marzo en Asturias han quedado muy lejos de esos ideales: han sido los comicios con la abstención más alta (el 44%) de todos los celebrados hasta la fecha; no parece fácil que de los mismos surja un gobierno con estabilidad suficiente para satisfacer las acuciantes necesidades de la sociedad asturiana, y han evidenciado la creciente desconfianza de un número importante de personas no ya hacia las promesas de los políticos –con niveles mínimos de aceptación- sino hacia la propia política como promesa de cambio y mejora social. La concepción más idealizada de la democracia no desconoce los condicionantes de la realidad política ni ignora que un sistema de gobierno, por muy participativo y poroso a la ciudadanía que sea, albergará siempre una tensión entre ese ideal y el logro concreto. Pero lo que sí rechaza es la negación del ideal y la aceptación desesperanzada de cualquier cosa que puedan hacer los que gobiernan las instituciones políticas.
Por este motivo, debiera ser preocupación prioritaria de los ahora elegidos para gobernar dichas instituciones, la construcción de políticas públicas que respondan a las demandas sociales y al interés general, y tarea inmediata de la ciudadanía seguir siendo crítica con tales instituciones con el fin de que siempre se muestren abiertas a posteriores interpretaciones y reformas.
En suma, y como diría Habermas, hace falta una democracia en la que los procesos de formación de la voluntad política institucionalizada estén conectados con, y permanezcan porosos a, la formación de una opinión pública no formalmente articulada, lo más argumentativa posible. Esa sería una forma de recuperar lo que Arendt llamaba la promesa de la política.
Miguel Presno Linera. Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo.
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