Cinco años de crisis económica están dejando una huella profunda en la sociedad asturiana. Con una tasa de desempleo que sobrepasó en 2011 los 90.000 parados, desde 2008 ha aumentado notablemente el número de familias con graves dificultades para mantenerse a flote. El riesgo de pobreza severa y exclusión social se ha multiplicado y no se ve el final del túnel. Paralelamente, los recortes cierran programas de ayuda y limitan la acción de las organizaciones sociales.
Según el estudio sobre «Exclusión y Desarrollo Social» elaborado por Cáritas, en el que se advierte que la pobreza ha aumentado en todo el país y que es «más extensa, más intensa y más crónica que nunca», la tasa de pobreza en Asturias se coloca en un 12,3%. El aumento de la brecha salarial amenaza con crear una distancia difícil de superar entre distintos sectores de la sociedad y las diferencias se agudizan cada vez más. En cifras globales, un 22% de hogares españoles viven por debajo del umbral de la pobreza y otro 25% está en situación de riesgo.
La EAPN, siglas en inglés de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza es una coalición de ONGs y otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En Asturias, la organización, creada en diciembre de 1990, abarca a numerosas asociaciones. Víctor García, presidente de EAPN-AS, aporta una visión global de las graves repercusiones socioeconómicas de la crisis en la región: «Lo más llamativo es la persona que está pidiendo o que duerme en un cartón, pero la pobreza es en una gran mayoría invisible».
-¿Cómo ha cambiado Asturias con la crisis?
-Hay cada vez más personas que están viviendo en niveles de pobreza y de vulnerabilidad. No obstante, hay que aclarar que los índices de pobreza ya eran preocupantes antes de la crisis. La exclusión en los años de mayor bonanza no llegó a descender en Europa. Todo el desarrollo de la construcción y el crecimiento del PIB no iban en sintonía con la reducción de la exclusión social, lo cual ya era una contradicción dentro del propio sistema.
«La política social debe ser contemplada como una inversión y no como un gasto»
-¿Estamos viendo nuevos tipos de pobreza?
-Estamos viendo un aumento de casos de hacinamiento familiar. Padres jubilados que con su pensión sustentan a los hijos. Prestaciones que se terminan y una red de solidaridad en la familia que se agota. Los nuevos indicadores plantean que el nivel de pobreza no se mide sólo por los ingresos, sino por lo que llamamos privación material severa (la capacidad de una unidad familiar de afrontar los gastos cotidianos de alimentación, calefacción, etc.) e intensidad de trabajo (número de personas en un hogar y cuántas trabajan de las que tienen edad para ello).
-¿Qué sectores son los más vulnerables?
-Se están viendo muy afectados sectores de población que en la última década se habían incorporado al mercado de trabajo, sobre todo en construcción o servicios. El desempleo está golpeando muy duramente a grupos que hace años ya estaban viviendo situaciones de vulnerabilidad o de exclusión social y que normalmente parten de una baja cualificación profesional. Si a eso añadimos cuestiones de género, minorías étnicas, inmigración, factores geográficos, etc., se van sumando desventajas. El habitante de un núcleo rural de una zona aislada o reducida, tiene menor acceso a prestaciones y servicios sociales que el de un ayuntamiento del área central.
-¿Cómo está afectando la crisis a las organizaciones de ayuda?
-Nos está haciendo mucho daño porque se están reduciendo las subvenciones. La situación es complicada: por una parte las administraciones llegan cada vez menos a los núcleos de exclusión social, y por otra se está limitando peligrosamente la respuesta desde las ONGs. Disponemos de menos recursos y hay entidades que están cerrando programas, alguno de los cuales tenían una incidencia social importante.
-¿Cuál es la situación con respecto a las administraciones?
-En nuestra Comunidad no estamos en una situación tan complicada como por ejemplo Baleares o Valencia, que sufren retrasos tan grandes que han cerrado incluso centros de atención a dependientes. Hay Comunidades Autónomas en las que, teniendo una subvención aprobada, finalmente no llega. Hay que entender que nosotros como entidades tenemos unos compromisos adquiridos con proveedores y con nuestros recursos humanos. Si solicitamos créditos para cubrir los retrasos en los pagos y no llegan las subvenciones corremos el riesgo de una quiebra técnica. La situación es delicada, pero tenemos la esperanza de que las administraciones mantengan su compromiso con nosotros. Si no es así, la respuesta a la realidad social sería muy limitada.
«En Asturias están paradas unas 3.700 solicitudes de Salario Social Básico. Son 3700 familias a la espera y en una difícil situación»
-¿Es una solución reducir las políticas sociales en tiempo de crisis?
-No, en absoluto. La política social debe ser contemplada como una inversión y no como un gasto.
-¿En qué medida es una ayuda el Salario Social Básico?
-Esta prestación es una herencia de la legislatura anterior y pone a Asturias por encima de la media en cuestión de protección social. Pero las solicitudes son numerosas y no hay procedimientos ágiles para resolverlas. Dada la naturaleza de esta ayuda entendemos que se solicita con carácter urgente para resolver una situación de necesidad, por lo tanto el trámite no se debería demorar más allá de un mes. En Asturias están paradas en este momento unas 3.700 solicitudes. Son 3.700 familias a la espera y en una difícil situación.
-Ante este aumento de las cifras relativas a la pobreza ¿cuál está siendo la reacción de la sociedad asturiana?
-Por parte de la ciudadanía está habiendo una respuesta solidaria. Quizá las grandes donaciones no son tantas, pero es mayor el número de personas que contribuyen de forma altruista con aportaciones más pequeñas, por tanto existe cierto equilibrio. Hay entidades sociales que tradicionalmente son muy valoradas, como pueden ser Cáritas o Cruz Roja, aunque hay muchas más. Desde nuestra Red, uno de los objetivos es favorecer el voluntariado y la participación social.
-¿Qué medidas se deben poner en marcha de manera inmediata?
-Las medidas de ayuda deberían tener ahora más intensidad. No pueden ser ayudas generalistas, sino que tendrían que estar en función de la renta de la unidad familiar. Es necesario que haya un pacto social por el empleo que tenga en cuenta a los colectivos más vulnerables. Que se desarrollen iniciativas que generen empleo joven, formación ocupacional, desarrollo de las empresas de inserción que favorecen que las personas que lo tienen más difícil puedan acceder al mercado de trabajo.
-¿En qué dirección se enfocan las políticas europeas para combatir la pobreza?
-A nivel europeo tenemos diseñada la Estrategia 2020. Para lograr los objetivos que plantea, que es reducir en 20 millones las situaciones de pobreza en Europa, las políticas de protección y gasto público no se deben reducir, sino todo lo contrario. Y no nos referimos solo al Salario Social Básico, que es una medida paliativa, sino a un enfoque que abarque empleo, bienestar social, vivienda, salud, etc. Para intervenir en la exclusión social hay que hacerlo de manera integral desde todos esos ámbitos.