El anuncio de la concesión a la Unión Europea del Premio Princesa de Asturias a la Concordia ha merecido las críticas de amplios sectores de la ciudadanía, que recuerdan la deficiente gestión de la crisis de los refugiados, la mayor tragedia humanitaria que ha vivido el continente desde la II Guerra Mundial.
El día del anuncio ante los medios de comunicación, el presidente del Principado, Javier Fernández explicó la decisión de conceder el Princesa de Asturias a la Concordia a la Unión Europea en reconocimiento a la labor de «difusión en el mundo de valores como la libertad, los Derechos Humanos y la solidaridad», y señaló que «proyectan esperanza hacia el futuro en tiempos de incertidumbre».
Enseguida las redes sociales empezaron a recoger comentarios de sorpresa, sarcásticos, de enfado y de vergüenza, señalando que la figura de la UE como representación de la «esperanza en tiempos de incertidumbre» tiene lagunas notables. Si bien no se le puede restar importancia histórica a la creación de una entidad supranacional de semejante calibre, también es innegable que ni pasa por su mejor momento interno, ni goza de una valoración sin fisuras por parte de los ciudadanos. Por un lado avanza el euroescepticismo que cuestiona la necesidad misma de su existencia; por otro, tampoco los que defienden la integración están plenamente cómodos. La UE se percibe como un aparato lento, de consenso difícil, competencias difusas y conflicto de liderazgos. La gestión de la crisis económica y el trato que se dio a algunos países abrió una brecha importante. En lo social, la distancia entre la calle y la institución se ha hecho más profunda recientemente con la crisis de los refugiados.
En semejante contexto, la concesión del Princesa de Asturias a la Concordia no ha caído en colchón de plumas, como era de esperar.
«Visto con perspectiva, tanto histórica como general, es indudable que la UE es un espacio privilegiado en cuanto a la vigencia efectiva de las garantías del Estado de Derecho. La exigencia de unos estándares mínimos en cuanto a garantías individuales, la protección de los consumidores y el medio ambiente, la protección de los trabajadores, y la fuerza expansiva del Derecho de la Unión ante incluso la pasividad de los Estados, son valores que en modo alguno se pueden despreciar», explica Julio J. Martínez Zahonero, coordinador de Juezas y Jueces para la Democracia en Asturias, y añade: «Siendo cierto lo anterior, tampoco podemos bajar la guardia, pues se nos ha puesto en evidencia con el trato que damos a la periferia de la UE. Soluciones como el acuerdo con la autocracia turca no son precisamente lo más ajustado a los Derechos Humanos, ni tampoco las condiciones vergonzosas en que se ha tenido y tiene a los refugiados. Por ello, siendo merecido el premio, por lo que representa la UE en el mundo y en la convulsa historia de Europa, no parece que estemos en nuestro mejor momento… Yo lo hubiera deferido para otra ocasión».
Refugiados, otra herida abierta
En lo que sí hay consenso es en que a nivel internacional estamos afrontando la peor crisis de desplazados que se ha vivido en la historia: más de 65 millones de personas huyendo debido a la violación de sus derechos fundamentales, es el número más alto registrado y la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial.
Entre 2016 y lo que llevamos de 2017, han muerto o desaparecido 7200 personas cuando trataban de llegar a Europa, según las cuentas de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones). Son cifras muy conservadoras, dado que es muy difícil, si no imposible, cuantificar aquello de lo que no se tiene registro. No se sabe cuántas embarcaciones parten desde las costas de Libia o Egipto y por tanto tampoco se sabe cuántos se quedan por el camino. Según la misma fuente, el año pasado llegaron 388.000 personas por tierra o mar. La mayoría entraron por Italia, Grecia y Bulgaria, provenientes de Siria, Nigeria, Iraq, Bangladesh, Afganistán, Guinea, República del Congo, Gambia, Costa de Marfil o Pakistán, entre otros.
Siria es el país que más refugiados genera en la actualidad. Más de cinco años de conflicto han provocado cinco millones de desplazamientos, más otros 6,6 millones de desplazados internos, según cifras de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado). Otras organizaciones humanitarias manejan cifras más altas. El éxodo masivo tuvo su pico en el verano de 2015, cuando se saturaron las rutas que atravesaban los Balcanes, cruzando Grecia, Macedonia y Serbia para entrar en Hungría. De ahí, quieren alcanzar la seguridad de Austria o de Alemania. Los países «frontera» esperan el respaldo de la UE, pero el respaldo no acaba de materializarse. A finales de 2016, más de 4,8 millones de refugiados sirios de los 5 millones que se calculaban, se encontraban repartidos entre Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto. Son cifras de Amnistía Internacional, al igual que estas: el número de reasentamientos comprometidos en todo el mundo supone el 4,7 % de la población total de refugiados que acogen estos cinco países.
La respuesta de Europa es proteccionista. En marzo de 2016 blinda sus fronteras. Firma un acuerdo con Turquía para detener y retornar a ese país a los que entrasen en la UE ilegalmente. Amnistía Internacional documenta devoluciones a gran escala de refugiados sirios. «En su día calificamos el acuerdo UE-Turquía como defectuoso, inmoral e ilegal -explica Ignacio Bernardo, presidente Amnistía Internacional Asturias-. Hoy sostenemos que constituye una vergonzosa mancha en la conciencia colectiva de Europa y ha provocado el sufrimiento de miles de personas refugiadas y migrantes. Los líderes europeos mantienen la ficción de que Turquía es un tercer país seguro para las personas refugiadas y solicitantes de asilo, pero los tribunales griegos no lo entienden así y han bloqueado la devolución a Turquía de solicitantes de asilo sirios. El resultado es que el acuerdo ha fracasado en sus propios términos y ha dejado a miles de personas expuestas a unas condiciones míseras e inseguras en las islas griegas».
En el mes de junio España solo había recibido al 7% del total de refugiados que se había comprometido a aceptar. No se cumplirán los compromisos en el plazo, que expira en septiembre.
Europa no cumple
En 2015 la UE acordó repartir a 160.000 refugiados. El plazo expira el 26 de septiembre y apenas se ha reubicado a 21.000. Las cifras de España son malas: en junio solo ha recibido al 7 % de los más de 17.000 comprometidos. No se cumplirán los compromisos en el plazo acordado. Lo corrobora Amnistía Internacional. «El emblemático programa de reubicación de la UE ha fracasado. Se adoptó tarde y cicateramente, con unas cifras claramente insuficientes que ni siquiera se están cumpliendo mínimamente. Nos estamos movilizando para que se cumplan los compromisos adquiridos, para que se amplíen significativamente las plazas de reasentamiento y para que se proporcionen rutas seguras y legales de entrada en la UE que eviten muertes absolutamente inaceptables». Y finaliza: «El último informe anual de AI deja constancia de que lo que ha caracterizado las últimas políticas migratorias de la UE ha sido la insolidaridad, tanto con las personas refugiadas como con otros Estados miembros, que solo hicieron planes conjuntos para restringir la entrada en territorio europeo y acelerar las devoluciones».