En el momento de escribir estas líneas se ultima el acuerdo para la reforma del modelo de financiación autonómica, que previsiblemente obtendrá el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano de coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas.
El vivo debate, que se ha prolongado –en exceso- durante más de un año, quedará en buena parte zanjado, al menos en principio y aún con voces discrepantes, pero parece que con el respaldo necesario al nuevo modelo para que pueda quedar reflejado en la inminente reforma de la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que tendrá que ser tramitada y aprobada en las Cortes Generales.
A punto de ser superada la parte más difícil de este proceso –el acuerdo entre el Estado y por lo menos una mayoría de las Comunidades Autónomas-, cabe apreciar, en primer lugar, que no se ha alcanzado aún la madurez necesaria en el sistema de toma de decisiones que debe ser propio de un Estado compuesto como la España de las Autonomías. A esta constatación contribuye el hecho de que el debate haya permanecido abierto durante un tiempo tan prolongado, el importante coste de oportunidad -en términos políticos- de la discusión, y la sensación, ampliamente difundida, de que la presión de algunas Comunidades Autónomas ha sido tan determinante que ha erosionado la dinámica de multilateralidad, causando mella en la confianza y colaboración mutua que debe presidir la relación entre el Estado y las Comunidades, y a su vez entre éstas.
En segundo término, pese a que el margen de análisis es amplio, y los diferentes responsables autonómicos vienen realizando una valoración dispar en función de los respectivos intereses territoriales a los que se deben, las informaciones ofrecidas respecto al nuevo modelo sí permiten concluir que éste se corresponde en gran medida con el grado de desarrollo actual del proceso autonómico. A la mayor capacidad de decisión sobre el haz de competencias que tiene atribuidas cada Comunidad Autónoma se acompaña una mayor dependencia sobre los recursos económicos que es capaz de generar cada territorio. En coherencia con esta lógica, en el nuevo modelo se estima que hasta el 90% de los ingresos de las Comunidades Autónomas procederá de los tributos propios y, sobre todo, de los tributos estatales cedidos, íntegra o parcialmente, planteándose en estos últimos, de importante capacidad recaudatoria, un significativo incremento el porcentaje de cesión (del 33% al 50% en el IRPF, del 35% al 50% en el IVA y del 40% al 58% en los impuestos especiales).
El menor dinamismo económico de Asturias, en parte corregido en la última década pero que aún se deja sentir, en un escenario en el que cada Comunidad dependerá más de sí misma y menos del conjunto, puede provocar profundos problemas de sostenibilidad de nuestro modelo de políticas públicas a corto o medio plazo.
Es cierto que una parte importante de lo recaudado por la Administración tributaria estatal en las Comunidades Autónomas nutrirá los fondos que estructuran el conjunto del sistema: fondo de garantía de servicios públicos fundamentales, fondo de suficiencia global, fondo de cooperación y fondo de competitividad. Además estos fondos se han diseñado teniendo en cuenta las diferentes realidades a las que atender, considerando de forma destacada en el fondo de garantía de servicios factores como la población escolar, el envejecimiento, la superficie, la dispersión o la insularidad. Pero el resultado, en suma, es indicativo de la tendencia: a la larga los ingresos de cada Comunidad Autónoma dependerán en mayor medida, respecto a la situación precedente, de la riqueza que se genere en su propio territorio.
Esta constatación debe ponernos sobre alerta en Asturias. En los últimos años, y sobre todo desde que nuestra Comunidad Autónoma es titular de las competencias más decisivas en materia de educación, sanidad y servicios sociales, se ha configurado un modelo propio de políticas públicas que merece especial consideración. La red de infraestructuras y servicios puestos a disposición de los ciudadanos para garantizar su protección es la nota predominante de las realizaciones de este periodo; la cohesión social ha sido, probablemente, el principal objetivo que han perseguido tanto la Administración autonómica como la mayoría de ayuntamientos. Efectivamente, visto en perspectiva, se han conseguido unos estándares de calidad de vida y dignidad material bastante apreciables, superiores a la media estatal en muchos aspectos, y desde luego mucho mejores que los de otros momentos históricos. Sin embargo, el menor dinamismo económico de Asturias, en parte corregido en la última década pero que aún se deja sentir –más en época de crisis-, en un escenario en el que cada Comunidad dependerá más de sí misma y menos del conjunto, puede provocar profundos problemas de sostenibilidad de nuestro modelo de políticas públicas a corto o medio plazo. Por eso, definidas en lo esencial las reglas del juego para los próximos años, corresponde situar como prioridad de referencia el impulso de la actividad económica, con todas las medidas posibles: promoción empresarial, política fiscal –con la prudencia necesaria-, incentivos a la actividad, infraestructuras que permitan el mejor asentamiento del tejido productivo, etc. Sólo incrementando sustancialmente nuestras tasas de actividad y potenciando la iniciativa económica podremos plantearnos seriamente el mantenimiento y mejora de nuestro desarrollado modelo de servicios públicos. §