Los recortes aplicados y la reforma educativa que quiere poner en marcha el ministro Wert a toda velocidad, tienen en contra a padres, profesores, alumnos, sindicatos y algunos políticos.
Más horas de docencia, aumento del número de alumnos por aula, merma de becas de estudio y libros, despido masivo de profesores interinos, inciden en la precarización de la escuela pública: Un ataque sin precedentes.
Concentraciones, manifestaciones, asambleas, encierros de profesores se suceden en toda la geografía española. Lo último, una huelga de tres días que paralizó la enseñanza pública para protestar contra el decreto aprobado por el Ministerio de Educación que aumenta las horas de clase a todos los docentes de la educación pública, permite incrementar el máximo de alumnos por aula y retrasa la cobertura de bajas para reducir plantillas. El objetivo: ahorrar 3.000 millones de euros. Este tijeretazo se va a traducir en un despido de docentes que afectará directamente a la calidad de la enseñanza pública: desaparición de las clases de apoyo, las optativas, aulas de compensatoria para los alumnos con dificultades, opciones de itinerarios, etc. A ello hay que sumar la polémica reforma educativa que quiere poner en marcha el ministro Wert para el próximo curso: «Es volver a la escuela de los años 50. Un paso atrás que además genera desigualdad social», denuncia Faustino Zapico, profesor de secundaria y miembro del Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias (SUATEA).
-Empecemos por el Real Decreto de recortes en educación. ¿Qué repercusión tiene en Asturias?
«El objetivo es convertir poco a poco a los centros públicos en un negocio con rentabilidad económica»
-¿Cómo van a afectar los recortes en la práctica?
-En principio van directos al profesorado, como consecuencia al alumnado y posteriormente al conjunto de la sociedad asturiana. Sus efectos son graves pero van a tardar en sentirse. Entre los estudiantes, la subida de la ratio de alumnos por clase representa que la atención a la diversidad -principio básico de cualquier escuela integradora- va a ser más difícil. A los profesores se les sube el número de horas lectivas además de la ratio, por lo que la eficacia en su trabajo no será la misma. Habrá por tanto una reducción de plantilla que afectará especialmente a los interinos. Y añadido a todo esto, tampoco nos parece justa la deslegitimación que realiza el Gobierno de la escuela pública, aprovechando este contexto de crisis para ponernos en el punto de mira como si fuésemos nosotros los responsables.
-Una de las protestas básicas es que los recortes inciden directamente en la escuela pública y se salva la concertada.
-Y en el año de gobierno de Foro se sumaron dos nuevos conciertos, que se unen a los ya existentes. En el fondo es pagar un negocio privado con dinero público y eso nos parece inaceptable, más cuando la red pública no tiene ningún problema de plazas y está en condiciones de absorber la demanda. Hay profesionales de sobra, hay interinos que están esperando una oportunidad para trabajar, y me atrevo a decir aún más, el nivel de los profesores en la escuela pública asturiana es de los más altos del Estado con diferencia. Los que estamos en la escuela pública es porque hemos pasado por un proceso de selección muy duro, sin comparación con la empresa privada. Todo esto son pasos previos a la privatización total del sistema público de enseñanza.
-¿Qué valoración hacen del anteproyecto de Ley que acaba de presentar el ministro Wert?
-Es una barbaridad que tiene varios objetivos. En primer lugar promueve la segregación temprana del alumnado al introducir itinerarios en función del rendimiento académico y no de las necesidades del alumno como persona.
Por otro lado sirve para fomentar aún más la red privada, incluso se habla de la escuela segregada. Además aprovechan para hacer caja, a través del negocio de la evaluación. Me explico: la idea de introducir las famosas reválidas -al final de Primaria, ESO y Bachiller- además de hacernos retroceder a la escuela de los años 50, sirve en última instancia para abrir la puerta a la privatización mediante empresas que se dediquen a evaluar los resultados de los chavales. La ley habla de evaluaciones «externas», y será el Estado quien tenga que pagarlas. Este será un negocio millonario que ya se está fraguando. Hablamos de multinacionales de la educación, que también podrán ser propietarias de colegios privados, de modo que al final puede haber empresas que acaben evaluando a sus propios colegios.
«La idea de introducir reválidas, además de hacernos retroceder a la escuela de los años 50, es un gran negocio»
-¿De qué manera afectará a la trayectoria del alumno el nuevo sistema?
-Esta ley pretende fomentar lo que llama las asignaturas instrumentales: lengua, matemáticas y ciencias, en detrimento de todas las demás. El objetivo, que en principio puede sonar bien, es que el alumno aprenda lo fundamental para especializarse a partir de ahí, pero el resultado final es formar mano de obra barata. Aquellos que tengan una adolescencia complicada irán directamente hacia una Formación Profesional Básica y luego se lanzarán al mercado de trabajo, sin cualificación y sin posibilidad de reengancharse al sistema educativo.
Por otro lado, y con la excusa de la especialización de los centros educativos, se pretende crear una especie de ranking de centros públicos. Esto en última instancia va a generar que haya centros públicos mimados por la Administración con una oferta muy amplia, y otros no. En Asturias esto repercutirá directamente en la escuela rural, la gran marginada.
-¿Y qué papel se otorga a los directores de los centros, consejo escolar, etc?
-El consejo escolar pierde su capacidad de decisión y pasa a ser meramente consultivo. Los directores tendrán más poder, incluso para diseñar su propio claustro. Se podrá llegar a la situación de que haya directores que elijan a los profesores que trabajen en su centro, cuando el sistema público está diseñado precisamente para evitar este tipo de cosas: uno entra por oposición, por méritos y por capacidad, no a dedo. El objetivo es convertir poco a poco a los centros públicos en un negocio con rentabilidad económica, y en ese proceso creemos que se vulneran muchos derechos al mismo tiempo. Estamos convencidos de que esta reforma no es algo improvisado, tampoco creemos que sea el ministro Wert su artífice. Ha salido de los despachos, sin contar con la comunidad educativa, aprovechando este momento de auge de ideas neoliberales -que con la crisis tienen campo abierto-, para introducir una reforma de gran calado, que intentarán que pase desapercibida porque hay muchos fuegos encendidos a la vez. Es mucho lo que nos estamos jugando.