La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha hecho público su informe anual. En lo concerniente al Principado, muestra su preocupación por el desmantelamiento de la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de la cárcel de Villabona, los suicidios ocurridos en ese centro, las listas de espera en Cirugía Cardíaca y el salario social. Una llamada de atención en espera de respuesta.
Durante el pasado año los asturianos enviaron 384 quejas a la Defensora del Pueblo. Este organismo, tras investigar cada una de ellas y detectar el problema concreto denunciado, formula una Recomendación. La Administración puede aceptarla o no, pero por ley ha de razonar los motivos de su decisión.
En el informe hecho público recientemente, aparecen varios temas que habían sido denunciados en otras ocasiones. La Defensora del Pueblo insiste.
La UTE, desmantelada
La Unidad Terapéutica y Educativa (UTE)de Villabona nació allá por los años noventa y tras mucha entrega personal y mucho trabajo, este modelo carcelario llegó a convertirse en un referente a seguir, no sólo en España sino en otros países como Irlanda o Colombia. Demostró que la reinserción es posible. ¿Cómo? En la UTE se creó un espacio alternativo, educativo, alejado de la subcultura carcelaria de delincuencia y marginalidad, y consiguió que se modificasen las relaciones entre internos y funcionarios, rompiendo la estructura vertical por la que se rigen los estamentos penitenciarios. Así se creó un equipo multidisciplinar en el que todos -presos y funcionarios- tenían voz y voto. Se consiguió que aquel espacio estuviera libre de droga y que el índice de reincidencia, según un estudio de la Universidad de Oviedo, fuese de un 16% frente al 50-60% de la media de las cárceles españolas.
A pesar de los éxitos conseguidos, hace años que la UTE está sufriendo un deterioro progresivo y un desmantelamiento por parte del director y de Instituciones Penitenciarias, como denuncian diferentes colectivos.
La Administración actual no quiere esa prisión alternativa basada en la reinserción, el cariño y el respeto entre los presos. Prefieren el sistema de castigo». Ante tal número de quejas, en 2014 -después de una investigación en dicho centro-, la Defensora cursa una Recomendación a la Administración Penitenciaria para que se dicten las instrucciones pertinentes para que esta Unidad vuelva a ser lo que tradicionalmente fue, «un referente de intervención penitenciaria en España». La Recomendación solo fue admitida parcialmente por Instituciones Penitenciarias, que sigue mirando hacia otro lado.
El diputado nacional Gaspar Llamazares ha pedido explicaciones reiteradamente al Gobierno por el incumplimiento de las recomendaciones de la Defensora, y acaba de presentar en nombre de Izquierda Plural una Proposición no de Ley sobre este tema que será debatida en el Congreso. «La UTE de Villabona es un modelo alternativo de prisión basado en la cogestión, educación e inserción con excelentes resultados que están ahí. Quizá por eso siempre ha sido ese oscuro objeto de deseo para el Partido Popular, que desde el principio ha querido desmantelarla. Había seis unidades que se han reducido a una, han troceado en tres dispositivos la unidad terapéutica, han desmembrado al Equipo Multidisciplinar y la figura del coordinador de toda la UTE es sustituida por otra sui generis que es el ‘Enlace’, quedando excluidos todos los profesionales excepto psicólogos o juristas. Esta figura, en definitiva, es el brazo ejecutor del director de la prisión».
«Se está aprovechando la crisis para llevar a cabo una involución importante en materia carcelaria. Un indicador muy representativo es la UTE». Gaspar Llamazares, diputado.
La Defensora también manifiesta su preocupación por los suicidios. Seis cárceles en España concentran más de la mitad, y una de ellas es Villabona. Para Llamazares esta situación «tiene que ver con el deterioro de la situación en la prisión. Primero se desmantela la UTE, luego vienen los enfrentamientos, el deterioro carcelario progresivo y la expresión de todo ello es el número de suicidios. Todo parece indicar que nos dirigimos hacia una privatización de la seguridad. Y curiosamente, esto se produce en un momento donde los delitos en España se han reducido, el número de presos -a pesar de que tenemos un nivel altísimo-, también ha descendido en el último año según datos del propio Ministerio, por lo que este tipo de medidas carecen de sentido. Se está aprovechando la crisis para llevar a cabo una involución importante en materia carcelaria. Un indicador muy representativo es la UTE».
Listas de espera en Sanidad
Las quejas que ha recibido la Defensora por las largas listas de espera en la Sanidad pública, se han traducido en varias Recomendaciones a distintas administraciones sanitarias. En el caso de Asturias, esta Recomendación es motivada especialmente por las demoras en el Servicio de Cirugía Cardíaca del HUCA, superiores a ciento ochenta días. Un problema que, consultando los datos facilitados por la propia Consejería de Sanidad del Principado al cierre del mes de enero, no es exclusivo de este servicio. Hay 1.381 pacientes que llevan esperando más de seis meses para ser intervenidos quirúrgicamente.
«En los últimos seis años, hemos perdido seiscientos médicos en Asturias, facultativos que no se han sustituido. ¿Cómo se va a hacer frente a las listas de espera si no se ponen recursos para ello?». Javier Alberdi, presidente del SIMPA.
De ellos, el 80,5% corresponden al HUCA, en concreto 1.113, y un 10% al hospital de Cabueñes (139 pacientes). Las listas de espera son un problema que se agrava. ¿Por qué? «Una tasa de envejecimiento tan elevada como la asturiana demanda cada vez más recursos sanitarios», explica Javier Alberdi, presidente del Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA). «Ante esto se pueden hacer dos cosas: incrementar la partida sanitaria para dar respuesta a esa demanda o disminuir las prestaciones. Como esta segunda opción es políticamente incorrecta, sólo queda la primera. Pero en los últimos seis años hemos perdido seiscientos médicos en Asturias, facultativos que no se han sustituido. ¿Cómo se va a hacer frente a las listas de espera si no se ponen recursos para ello?». En el mes de febrero la Consejería anunció un plan de choque para abrir los fines de semana el servicio de Radiología, debido a las elevadísimas listas de espera. «Para que eso funcione -advierte Alberdi- se tiene que contratar personal y pagarles, cosa que no se está haciendo.
Hay 1.381 pacientes que llevan esperando más de seis meses para ser intervenidos quirúrgicamente. De ellos, el 80,5% corresponden al HUCA.
Y en el caso de que el SESPA convoque alguna plaza, es con carácter temporal y en malas condiciones laborales. ¿Quién se va a trasladar al HUCA por un contrato de tres meses?». Aún así, la previsión de la Consejería para los próximos meses es «seguir reduciendo el número de pacientes con mayores esperas, y continuar trabajando para alcanzar el compromiso de cerrar con cifras próximas a cero los pacientes con esperas mayores de seis meses, en el primer cuatrimestre del año». De seguir así las cosas, desde el SIMPA lo ven impracticable. «Como sindicato, estamos haciendo propuestas al Consejero, hasta ahora sin resultados –puntualiza Alberdi-. El HUCA ha sido un hospital de referencia, todo el mundo quería venir aquí. Ahora se está viviendo el efecto contrario. Creemos que la Sanidad es la gran empresa del Principado -con quince mil trabajadores- y debería ser protegida y fomentada para captar recursos, proyectos, financiaciones… eso atrae capital humano y económico. La Sanidad puede ser un elemento dinamizador de la economía asturiana».
Recomendaciones aceptadas
La Defensora ha realizado otras Recomendaciones en temas concretos que han sido ‘aceptadas’ por la Consejería de Bienestar Social y la Consejería de Educación. Una de ellas hace referencia a la «falta de información suficiente para las personas que perciben una renta mínima y solicitan una pensión no contributiva».
La Defensora recuerda que en el transcurso de las investigaciones, se «observan todavía reticencias por parte de las administraciones. Por eso, en muchas ocasiones, es preciso insistir e insistir mediante requerimientos hasta lograr una respuesta: Si la ‘queja’ existe, algún motivo puede haber para ella y debemos indagarla».
Y la otra recoge un caso de denegación del servicio de transporte a una alumna de enseñanza no obligatoria con discapacidad. En este último, la Administración se vio obligada a cambiar los criterios que hasta ahora venía aplicando.
La Defensora recuerda que en el transcurso de las investigaciones, se «observan todavía reticencias por parte de las administraciones. Por eso, en muchas ocasiones, es preciso insistir e insistir mediante requerimientos hasta lograr una respuesta: Si la ‘queja’ existe, algún motivo puede haber para ella y debemos indagarla».