Parece mentira que llevemos años dándole vueltas a la manera de otorgar seguridad jurídica a la realización de conciertos en vivo en locales de hostelería de Oviedo, de manera que no tengan que desarrollarse en un entorno de incertidumbre o, como mucho, tolerancia y alegalidad.
Han pasado lustros, «gobernadores, alcaldes e ingenieros», que diría la canción de Víctor Manuel (incluso un autodenominado «alcalde-ingeniero»), mayorías políticas de uno y otro signo en la Junta General del Principado de Asturias y al fin parece que un gobierno municipal sensible con la cultura popular y con voluntad de cambiar las cosas (a pesar de las muchas dificultades en el camino) está dispuesto a dar un paso al frente y a utilizar el margen competencial y normativo local para buscar acomodo razonable a la voluntad de la escena ovetense de sobrevivir a prohibiciones y persecuciones.En el camino nos hemos dejado sinsabores y pérdidas irreparables, empezando por los cierres de La Santa Sebe y el Ca’Beleño (lugares de referencia de la cultura musical local durante décadas) que, en última instancia, traen causa de la amargura de perder su identidad al no poder programar pacíficamente. Pero alguien, al fin, asume su obligación de remediar una situación absurda, o de, al menos, intentarlo cabalmente, porque ya veremos la suerte que corre la anunciada modificación de la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente y contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, cuando confronte el escrutinio judicial al que algunas asociaciones vecinales probablemente la someterán (supongo que más en el orden contencioso-administrativo que invocando la intervención de la Fiscalía, como algún portavoz se ha precipitado a decir, tal que si el anuncio de la propuesta fuese la notitia criminis).
De lo visto en los medios de comunicación, se desprende que se busca regular, con garantías suficientes (aforos específicos para conciertos, horarios restringidos, sistemas de control de la presión acústica, registro de los niveles de sonido, etc.) un procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones extraordinarias para que locales con licencia de música amplificada puedan celebrar conciertos, al amparo de la Ley del Principado de Asturias 8/2002, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Se busca regular, con garantías suficientes, un procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones extraordinarias para que locales con licencia de música amplificada puedan celebrar conciertos
Aunque los titulares de los locales se pasarán la vida comunicando con antelación sus programas de conciertos (lo que tiene un inconfundible aire añejo de censura de los espectáculos, que repugna) y los escasos funcionarios municipales se las tendrán que ver con el papeleo correspondiente, parece que la solución es la forma ideada para sortear las insuficiencias y disfunciones del Catálogo de los Espectáculos Públicos, las Actividades Recreativas y los Establecimientos, Locales e Instalaciones Públicas, mientras no se modifique el Decreto 91/2004 que lo regula. Norma reglamentaria que, seguramente sin pretenderlo, en su interpretación más severa impide la celebración ordinaria de conciertos en locales con licencia de música amplificada, aunque éstos puedan programar música enlatada con un nivel de potencia más o menos similar. A primera vista, hay flancos abiertos en la propuesta de modificación de la Ordenanza, empezando por prever un cauce extraordinario para lo que es muchas veces una actividad ordinaria (y esforzada, porque no es nada fácil mantener una programación estable y menos si es de calidad) que se desarrolla periódicamente en algunos locales. Y otra debilidad quizá sea el propio instrumento normativo escogido, ya que la materia hubiera requerido una Ordenanza ad hoc para espectáculos públicos y actividades recreativas. No obstante, cruzo los dedos, confío en que se hagan las cosas razonablemente bien y las piezas encajen.
Dos cosas más (o al menos, dos), entre tanto, podrían hacerse. La primera, plantear junto a la Federación Asturiana de Concejos un diálogo renovado con otros ayuntamientos donde se vive (con distintas intensidades) el mismo problema, y con el Gobierno del Principado de Asturias, para dotar de una vez a esta Comunidad de una normativa más adecuada en la materia, que evite tener que recurrir a parches como éste. Y, la segunda, tratar de calmar las inquietudes de los refractarios, algunos ya en pie de guerra. Que gente decente y luchadora como las personas que dirigen algunas asociaciones vecinales que se han llevado las manos a la cabeza con la propuesta, no tengan una representatividad absoluta del movimiento vecinal (plural, por fortuna) y además se equivoquen de cabo a rabo pensando que los conciertos en vivo son causa de las molestias en sus barrios (y alguno haga declaraciones que ciertamente desafinan), no significa que no tengan preocupaciones legítimas y que estén justificadamente hartos de otros problemas asociados al uso intensivo de determinadas calles para el ocio de copas o el botellón. Hablar más, tratar de aproximar posturas, buscar medidas correctoras de los verdaderos problemas y demostrar capacidad de escucha y empatía también es cometido del gobierno local en este asunto, incluso aunque el consenso sea una auténtica utopía.