Ignacio González Vega. Portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. “Practicamos un activismo judicial”

Este juez asturiano es el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), asociación que reúne a más de quinientas magistradas y magistrados que lucha para que la administración de Justicia sea ante todo “un servicio público donde los protagonistas no sean los jueces, fiscales o abogados sino los ciudadanos”. Son la cara amable de un modelo de justicia que nada tiene que ver con la rigidez y el autoritarismo al que estamos acostumbrados.

Es un colectivo con amplia repercusión mediática. Es habitual ver a este juez participando en tertulias de televisión, entrevistas o debates, contestando a todo tipo de preguntas de los medios sobre temas de actualidad relacionados con la justicia. Detrás de sus palabras se perciben sus fuertes convicciones sociales, además de un optimismo nato que le hace soñar con frecuencia con la posibilidad de un mundo mejor, ¿cómo? “Seleccionando a los mejores jueces, modificando el ordenamiento jurídico, haciendo reformas en la administración de Justicia para que los magistrados podamos cumplir mejor nuestros cometidos… Creo que todo se puede mejorar y además es posible”. Ignacio González Vega es la cara visible de esta asociación de jueces progresistas comprometidos con la defensa de los colectivos más débiles: desahuciados por el impago de hipotecas, trabajadores en precario, discapacitados, migrantes, mujeres. Practican “activismo judicial” y saben que sus críticas no son siempre bien recibidas.

-¿Cuál sería la primera reforma que Juezas y Jueces para la Democracia reclamaría al próximo ministro o ministra de Justicia?
-Lo primero sería un pacto de Estado por la Justicia. La justicia es la gran olvidada y necesita de una profunda reforma. Tenemos una justicia del siglo XIX para unas necesidades del siglo XXI. Ha sido olvidada en el siglo XX y necesitaría un pacto que la sustraiga de los vaivenes políticos y contribuya a recuperar la confianza de los ciudadanos.

-¿Sirvieron para algo las movilizaciones que jueces y fiscales llevaron a cabo el pasado noviembre?
-Siendo optimistas creemos que sirvió para que los ciudadanos sean más conscientes de que algo no funciona en la justicia. Hace poco una encuesta del CIS era demoledora con la administración de Justicia pero si hay que buscar algo positivo detrás de ello es que la judicatura aparece, en esa misma encuesta, como el poder del Estado que más confianza ofrece a los ciudadanos por encima del legislativo o ejecutivo.

“Tenemos una justicia del siglo XIX para unas necesidades del siglo XXI. Es necesario un pacto de Estado por la Justicia”

-Concretamente la encuesta del CIS señalaba que un 50,8% de españoles desconfía de la independencia de los jueces y tribunales y un 71,3% cree que las penas aplicadas a los delincuentes son muy blandas, entre otras cosas…
-Los ciudadanos nunca van a entender porque es difícil de determinar, incluso para un juez, cuándo una pena es adecuada al mal perpetrado o delito cometido. España es uno de los países de la UE con las penas más elevadas y tiene un índice de criminalidad muy bajo, luego la cosa no va por ahí. Creo que no es una pregunta que yo haría a los ciudadanos en una encuesta de opinión pública.

-La sentencia de ‘La Manada’ sacó a la gente a la calle contra los jueces. La brecha entre la justicia y ciudadanos se hizo evidente. ¿Qué lectura hace usted de ello?
-En el caso de La Manada más que el tema de la pena era la calificación jurídica del delito. Los ciudadanos no entendían por qué unos hechos tan graves no eran calificados como violación, se hablaba de un delito de abusos sexuales, algo menos grave. La pena que en su momento se les impuso fue de nueve años de prisión, una pena de por sí importante. Creo que ahí el poder judicial no solo debe de imponer las penas sino que a veces también tenemos que explicar las cosas, por qué se hace de esta manera y no de otra. De hecho la propia Sala estaba dividida.

-Usted participa en tertulias, debates, escribe artículos en prensa… Como asociación están realizando una tarea pedagógica cara a la opinión pública que no es habitual dentro de la judicatura.
-A veces nos corresponde llenar un vacío que nosotros hacemos gustosos aunque no sea nuestra labor: la de explicar a la sociedad las resoluciones judiciales. Al poder judicial le hace falta implicación con la sociedad. El tema de La Manada es un caso paradigmático en el que los ciudadanos pedían explicaciones y eso nos tocó hacerlo, como otras muchas veces, a Juezas y Jueces para la Democracia. Nuestra labor va más dirigida a hacer valoración y crítica de las actuaciones del poder judicial, y sobre todo, defender los derechos fundamentales, a los colectivos más vulnerables y denunciar los abusos del poder. Nuestra tarea va más allá que hacer pedagogía.

-¿Cuál cree que debería ser la intervención del juez en el espacio público?
-En un Estado de derecho sobre todo se ha de controlar al poder para evitar cualquier tipo de abuso y garantizar los derechos de los ciudadanos. Dos funciones esenciales y también complementarias. Porque los derechos fundamentales están mucho más expuestos ya que además de estar recogidos en la Constitución española lo están en los tratados internacionales, la Carta Europea de Derechos Fundamentales, y el Convenio de Roma. En el tema de libertad de expresión por ejemplo, recientemente hemos visto cómo han tenido lugar ciertos ‘excesos’, recortes de derechos, criminalización de conductas, hemos pasado por una época donde la libertad de expresión ha sido puesta en cuestión. La labor fundamental de los jueces es denunciar la acción política cuando afecta a estos derechos fundamentales y a los colectivos más vulnerables.

-¿Cree usted que la actual plantilla de jueces y fiscales se corresponde con la diversidad ideológica de la sociedad?
-En España el número de jueces y de fiscales por habitante es sensiblemente inferior a la media europea. A eso hay que añadir que el actual criterio de selección en la carrera judicial no creemos que sea el más adecuado porque no elige a las personas que reúnen las mejores aptitudes para el ejercicio de la labor judicial. Es un sistema objetivo basado en pruebas memorísticas -saberse el código-, pero no busca otras habilidades que también serían necesarias para gestionar los conflictos que se le presentan a un juez. Cuando un magistrado ejerce su función debe decidir sobre la vida y hacienda de los ciudadanos, y para ello conocer el orden jurídico no es suficiente, necesita tener también experiencias vitales. Eso aportaría esa diversidad social por la que me preguntaba. La función jurisdiccional es muy compleja no es solo saberse de memoria los códigos.

“El tema de La Manada es un caso paradigmático en el que los ciudadanos pedían explicaciones y eso nos tocó hacerlo, como otras muchas veces, a Juezas y Jueces para la Democracia”

-JJpD se define como una asociación progresista. ¿Qué diferencia a un juez progresista de otro conservador?
-El juez tildado de progresista tiene una gran preocupación por el servicio público de la justicia; el poder judicial es un poder pero también un servicio público. Nosotros siempre hemos defendido ese aspecto que es inherente a la justicia y sobre todo estamos muy preocupados por la labor de garantizar los derechos humanos tanto en el proceso como fuera de él.

-¿Qué les hace falta a los jueces para poder destapar los casos de corrupción que tienen encima de la mesa?
-Sobre todo faltan medios, tanto materiales como personales. Los casos de corrupción muchas veces quedan sin investigar porque son investigaciones muy complejas, tramas que además de afectar a los poderosos están muy ramificadas con conexiones en paraísos fiscales y para hacer eso es necesario una investigación seria con medios sobre todo personales.

-Como portavoz de un colectivo de jueces, ¿cómo definiría el estado de ánimo de sus señorías en este momento?
-Depende de dónde esté destinado un juez. En general percibo que los jueces son conscientes de que tienen un importante papel dentro de un Estado de derecho, otra cosa distinta es que lo puedan desempeñar con los medios necesarios.

-¿Trae problemas hablar claro en nuestro país?
-En un colectivo como el nuestro, a veces surge el problema del corporativismo y es difícil hacer autocrítica, pero creemos que al poder judicial le hace falta porque los jueces, como seres humanos, también se equivocan. Cuando desde JJpD hacemos esa crítica hay personas a las que no les sienta bien, pero no nos preocupa porque no deja de ser una cuestión de sentimientos.

“Nuestra labor es, sobre todo, defender los derechos fundamentales, a los colectivos más vulnerables y denunciar los abusos del poder. Nuestra tarea va más allá que hacer pedagogía”

-¿Es difícil para un juez dejar su alma en el armario y juzgar al margen de sus convicciones?
-Es muy difícil apartar las convicciones pero uno ha adquirido un compromiso que debe cumplir, ha de ser consciente de que cuando está juzgando ha de aplicar la ley y el derecho. A veces hay situaciones que pueden ser injustas y uno trata de buscar remedios dentro del ordenamiento jurídico. En el terreno de la defensa de los derechos fundamentales, un juez no se debe limitar a ser solo “la boca que pronuncia las palabras de la ley”, existen mecanismos que le permiten hacer una interpretación a veces alternativa de un determinado artículo acudiendo a la Constitución, a los tratados internacionales o a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Es el modelo de juez que nosotros defendemos y en ese sentido llevamos a cabo un activismo judicial.

-¿Cuál ha sido el último piropo que le han dicho como juez?
-Cuando uno tiene cierto impacto mediático recibe tanto críticas positivas como negativas y eso es algo asumido totalmente. Seguimos centrados en nuestro trabajo, en alzar la voz para defender las causas de los más vulnerables. Hoy por la mañana por ejemplo, denunciamos una vez más las políticas antiinmigratorias y racistas que hay en algunos países europeos y algunas formaciones políticas. Urgen medidas, creemos que es un claro ejemplo de regresión que es necesario denunciar.

-El trabajo que realizan desde JJpD es reconocido por gran parte de la ciudadanía, que les ven como un soplo de aire fresco dentro del mundo de la judicatura.
-Nosotros tenemos una sobrerrepresentación en la carrera judicial. Puede que en la sociedad tengamos mayor implantación que la que tenemos a nivel judicial (somos la tercera asociación en cuanto a número de miembros). Eso nos hace meditar sobre si en la carrera judicial está representada realmente la sociedad española.