¿Justicia para todos?. Julio Martínez Zahonero. Juez y delegado en Asturias de ‘Jueces para la Democracia’

Jueces, fiscales, abogados y funcionarios de justicia de todo el país salen a la calle para protestar contra la Ley de Tasas judiciales. Una medida ‘discriminatoria’ que vulnera el derecho de los ciudadanos a una justicia efectiva y que, junto con otras ya en marcha, define la línea de reformas que está llevando a cabo el Ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón. El juez Julio Martínez Zahonero, delegado en Asturias de ‘Jueces para la Democracia’ explica la trascendencia de algunas de estas decisiones.

-Esta reforma ha conseguido sacar a la calle a jueces, fiscales y abogados de todo el territorio español. Por primera vez se ha creado un frente común.
-Siete asociaciones de jueces y fiscales a nivel nacional se han unido en esta protesta porque lo que está en juego es la justicia, y eso nos afecta a todos. Digamos que aunque se habla de reforma en singular, en el fondo se trata de varias reformas que se van produciendo de forma casi simultánea, sin dar tiempo para reaccionar. Unas ya están aprobadas -como la Ley de Tasas- y otras aún son anteproyectos de ley. En conjunto, es una batería de reformas masiva y general, por ello desde la Asociación de Jueces para la Democracia (JpD), estamos poniendo especial hincapié en explicar a los ciudadanos qué está pasando y qué está en juego.

«Creemos que este endurecimiento es una respuesta ultraliberal por parte del Estado a la situación de crispación social que existe»

-Esas cantidades van desde 200 € si se quiere reclamar una multa de circulación, hasta 1.200 € por acudir al Tribunal Supremo. ¿Esta medida no atenta contra el artículo 24 de la Constitución, que garantiza el acceso de todos los ciudadanos a los Tribunales de Justicia?
-Aunque se apunta la posibilidad de inconstitucionalidad de la norma, parece que desde el Gobierno han tenido especial cuidado en que las tasas sean proporcionales y no limiten el acceso de los ciudadanos a la justicia. Aunque todas las personas que apelen o recurran tendrán que pagar -lo mismo un multimillonario que una familia normal-, se contemplan exenciones para el que tenga menos recursos, que en principio tendría derecho a una justicia gratuita. Pero que la norma sea constitucional no quiere decir que sea correcta. En el tema de sanciones de tráfico, por ejemplo, debe abonarse una tasa de 200 € -que no se devuelve- para reclamar una multa de 90 €. Aunque ganara el procedimiento, el ciudadano siempre pierde dinero. Esto hará que muchos desistan.
-Se habla de medidas disuasorias para descongestionar los juzgados.
-El efecto disuasorio ya existe ahora. Si una persona decide pleitear sabe que si pierde y es temerario, debe pagar sus costas y las de la parte contraria. Las tasas en este caso son una medida recaudatoria pura y dura. El Estado, en vez de financiarse a través de impuestos progresivos, lo hace a través de tasas donde paga lo mismo el que tiene como el que no tiene.
-¿Qué otras reformas hay en marcha?
-Otro frente abierto es el anteproyecto de reforma del Código Penal. El ministro habló en su día de despenalizar conductas y lo que ha hecho es endurecerlas aún más, sin base alguna. Convierte faltas, que no dejan antecedentes penales, en delitos. Por otro lado establece medidas de seguridad postdelictuales compatibles con las penas. Es decir, se podrá imponer una pena y además una medida de seguridad en prevención de lo que puedas hacer en un futuro. Esto a nuestro entender, es algo perverso.

-¿No es una medida populista?
-Totalmente. Se aumenta la discrecionalidad judicial para imponer penas, hasta llegar a una especie de ‘orgía punitiva’. Son medidas que responden a titulares de prensa de casos que todos conocemos, con nombres y apellidos.
-También hay un endurecimiento de penas en lo referente a los delitos contra el orden público. ¿Un intento del Gobierno de blindarse ante la conflictividad social?
-Creemos que este endurecimiento es una respuesta ultraliberal por parte del Estado a la situación de crispación social que existe. Es aumentar la represión para silenciar a los movimientos sociales. Se va a castigar penalmente la difusión a través de Facebook, por ejemplo, de convocatorias o movilizaciones que no estén autorizadas. Otra cosa inaudita es la posibilidad de castigar a una persona que dé cobijo humanitario a inmigrantes ilegales de paso por nuestro país. Todas ellas son medidas represivas recogidas en el proyecto de reforma del Código Penal.
-Ante tanta injusticia y represión empieza a sonar en la calle el derecho a la desobediencia civil como estrategia de defensa. ¿Cómo definiría este tipo de resistencia?
-Como derecho no existe, ya que es una contradicción con el propio Estado. Así que nosotros, como jueces, no podemos llamar al incumplimiento de la ley. Sin embargo, no creo que haya actos de desobediencia civil en España, sino protestas legítimas y razonablemente ordenadas. Teniendo en cuenta que hay más de seis millones de parados, las cuestiones de orden público han sido puntuales. No es correcta la imagen que intentan dar de que el país arde por los cuatro costados, precisamente para justificar este tipo de medidas represivas. Las escenas de violencia que vimos alrededor del Congreso, aparte de las represivas, fueron diez personas con palos: diez entre decenas de miles. Por tanto la necesidad de reprimir estas protestas es gratuita.

«Se va a castigar penalmente la difusión a través de Facebook, de convocatorias o movilizaciones que no estén autorizadas»

-También hay cambios en la normativa de desahucios. Se van sucediendo de forma indiscriminada en nuestro país hasta que a un juez se ‘le enciende la bombilla’ y acude a instancias europeas. A partir de ahí, el Gobierno responde con un paquete de medidas urgentes. ¿Cuál es su valoración?
-Al juez Fernández Seijo -miembro de Jueces para la Democracia-, no se le enciende la bombilla ahora, sino hace algunos años, junto a otros compañeros que empiezan a plantear si se pueden aplicar aquí criterios de normas europeas que protegen al consumidor. Con esta base, Fernández Seijo plantea al Tribunal de Justicia de la UE si el sistema de desahucios español es respetuoso con el consumidor. La respuesta -no vinculante- es que incumple la directiva comunitaria. Se está trabajando en esta línea desde 2008, lo que ocurre es que son procesos muy lentos.
-¿Y las medidas estructurales que ustedes habían solicitado?
-Hay saturación en los juzgados, no se crean plazas de jueces y encima han eliminado a los sustitutos. Hay más trabajo por la crisis, pero se echa gente a la calle. Las reformas estructurales que habíamos propuesto han quedado guardadas en un cajón por falta de inversión. Se ha optado por recaudar y privatizar.
-2012 se cerró con una larga lista de indultos. ¿Existe algún criterio en esto?
-Ese es uno de nuestros puntos de desencuentro con el Gobierno. Los casos de corrupción, los Mossos que cometieron torturas y luego fueron indultados… para nosotros son hechos gravísimos. Da la sensación de «barra libre» y eso es demoledor para el ciudadano, pero también para los jueces, porque qué sentido tiene nuestro trabajo si determinadas conductas acaban siendo objeto de indulto. Es un intento por parte del Gobierno de acaparar poder: dejar al Consejo General del Poder Judicial como apéndice del Ministerio de Justicia, haciendo un Código Penal represivo pero guardándose luego en la manga la carta de los indultos.