Una campaña internacional avanza a contrarreloj. Circula en español e inglés, pide firmas desde Asturias hasta Yucatán y busca elevar una petición ante el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El objetivo es claro: detener la criminalización del defensor asturiano Sergio Oceransky, un activista con más de tres décadas de trabajo junto a comunidades indígenas que hoy se enfrenta a amenazas, persecución y procesos judiciales fabricados. La campaña en change.org, puesta en marcha por su hermana Katia Oceransky desde Asturias, lo resume con una frase contundente: No se puede usar la justicia para castigar a quienes protegen la vida y el futuro.
Sergio Oceransky nació en Asturias, pero su vida profesional se ha desarrollado entre continentes. Es español y mexicano, y desde hace más de treinta años acompaña a comunidades vulnerables en la defensa de sus territorios y derechos.
Su labor fue reconocida en 2009 con la prestigiosa beca Ashoka, un sello reservado a quienes impulsan transformaciones sociales profundas y sostenibles. En los últimos años, su trabajo se ha centrado en la península de Yucatán, donde ha apoyado a comunidades mayas en su lucha contra megaproyectos que amenazan selvas, manglares, cenotes y zonas de pesca tradicionales. Su presencia en el territorio, su conocimiento técnico y su capacidad para articular procesos legales sólidos lo han convertido en una figura clave… y también en un objetivo incómodo para intereses económicos de gran escala.
En los últimos años, el trabajo de Oceransky se ha centrado en la península de Yucatán, donde ha apoyado a comunidades mayas en su lucha contra megaproyectos que amenazan selvas, manglares, cenotes y zonas de pesca tradicionales
La Fundación Yansa: cuando las comunidades recuperan el control
Oceransky dirige la Fundación Yansa, una organización que trabaja codo con codo con las comunidades indígenas para recuperar el control sobre sus tierras y recursos. Según la información recopilada, Yansa ha sido fundamental en la defensa de territorios ancestrales y en la suspensión de proyectos que pretendían urbanizar ecosistemas frágiles o instalar industrias altamente contaminantes.
Su enfoque es simple y radical: que las comunidades decidan sobre su propio futuro. Esto implica procesos judiciales, acompañamiento técnico, fortalecimiento organizativo y una defensa férrea del derecho a la tierra.
Ese trabajo ha permitido frenar proyectos inmobiliarios en zonas de alto valor ecológico, detener granjas industriales en manglares y proteger acuíferos esenciales para la vida local. Pero cada victoria ha tenido un coste: cuanto más avanzan las comunidades, más se intensifica la presión sobre quienes las acompañan.
El detonante: un hito judicial que frenó un negocio millonario
El punto de inflexión llegó en octubre de 2025. Gracias al acompañamiento de Yansa, las comunidades mayas obtuvieron una suspensión judicial definitiva contra el megaproyecto inmobiliario Ciudad Maderas Península, que pretendía urbanizar 1.000 hectáreas de selva y manglares. La resolución judicial detuvo un negocio de miles de millones de pesos y protegió un ecosistema frágil que alimenta acuíferos, sostiene la biodiversidad y garantiza la pesca tradicional.
Ese triunfo legal, celebrado por las comunidades indígenas, fue interpretado por ciertos sectores económicos como una amenaza directa. Y, desde entonces, la maquinaria de criminalización se puso en marcha.
La respuesta: amenazas, persecución y procesos judiciales fabricados
Tras el éxito judicial, Oceransky comenzó a sufrir una escalada de amenazas: acoso digital, persecuciones con vehículos sin matrícula, campañas de desprestigio y acusaciones sin sustento legal.
El episodio más grave ocurrió en abril de 2026, cuando fue detenido arbitrariamente en Jalisco, pese a contar con una orden federal de protección. Durante su detención fue incomunicado y se ignoró su estatus de defensor de derechos humanos. La acusación inicial por extorsión se desvaneció rápidamente y fue sustituida por un cargo menor de amenazas, para finalmente quedar en nada. Cuando recuperó la libertad, se reactivó en Yucatán un proceso fabricado en 2023 por un supuesto delito de ocupación ilegal de un terreno. La reactivación de esta causa, según su equipo, no es casual; «forma parte de una estrategia coordinada para desgastarlo, intimidarlo y apartarlo de su labor».
A ello se suma la presencia de grupos de choque que, bajo la fachada de sindicatos u organizaciones sociales, ejercen violencia, extorsión, control territorial, en este caso dirigida al equipo de Yansa, e incluso han destruido una cabaña durante una asamblea comunitaria en la localidad de Dzitnup. Las autoridades, según denuncia Oceransky, se han mantenido al margen hasta el momento, bien por omisión o mostrando total indiferencia.
La campaña en change.org busca sumar apoyos. Cada vez que se comparte, se amplifica la vigilancia pública y se evita que esta historia quede en la sombra.
Lo que está en juego: el derecho a decidir, protección e integridad
La situación de Sergio Oceransky no es un caso aislado, es un síntoma de un patrón más amplio de criminalización contra defensores del territorio en México. Pero su caso tiene una particularidad: es asturiano, es conocido internacionalmente y su trabajo ha logrado frenar proyectos de enorme impacto económico.
Lo que está en juego no es solo su seguridad personal, sino el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio, la protección de ecosistemas esenciales y la integridad de quienes se atreven a cuestionar intereses de los poderosos.
La campaña internacional pide el cese inmediato de la criminalización, protección efectiva para él y las comunidades, y una investigación imparcial basada en los estándares internacionales.
El caso de Sergio Oceransky no puede quedar en silencio. Lo que está ocurriendo exige atención y una respuesta colectiva. Cuando alguien trabaja para que un territorio siga siendo un lugar digno para vivir, no debería verse amenazado por represalias y maniobras que en el fondo buscan apartarlo del camino.
Por eso es importante sumar apoyos. Cada firma ayuda a que esta situación no se diluya. Cada vez que se comparte, se amplifica la vigilancia pública y se evita que esta historia quede en la sombra, silenciada.
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