El Gobierno la presenta como una garantía de libertad para todos los ciudadanos. Pero un amplio sector social no comparte esta visión y denomina popularmente a esta norma como ‘Ley mordaza’: una restricción inédita del derecho de manifestación y expresión, según denuncian diferentes colectivos.
El pasado 29 de noviembre el Consejo de Ministros daba luz verde al Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. A pesar de que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tratado de presentarlo como garante de las libertades, lo cierto es que se trata de un polémico texto cuyo borrador ya tuvo que ser modificado a la luz de las primeras críticas planteadas por la oposición y varios sectores de la sociedad, suavizando sus efectos.
‘Medidas disuasorias’ Se consideran infracciones graves las protestas no comunicadas frente a instituciones del Estado, alterar el orden público encapuchado o con elementos que hagan difícil la identificación; actos de obstrucción que pretendan impedir la actuación de cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial a la hora de cumplir sus funciones… Todas ellas serán actuaciones que, al margen de los procedimientos establecidos, conllevan multas de entre 1.000 y 30.000 euros. Crece el número de sanciones administrativas para diferentes actuaciones hasta ahora no punibles. Algo que parece tranquilizar al delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, que confía en que «estas sanciones económicas sean disuasorias» y mucho más eficaces «que pedir pena de prisión para algo que luego un juez puede decir que está contemplado en la Constitución». Desde la Delegación del Gobierno se insiste en que no hay detrás «ningún ánimo represor», sino la intención de «velar por la seguridad de los ciudadanos».
¿Existe algún hecho objetivo que justifique esta ley de Seguridad Ciudadana? Para el delegado en Asturias de Jueces para la Democracia, el magistrado Julio Martínez Zahonero, «no se puede sostener que España padezca graves problemas de orden público que justifiquen este proyecto de ‘toque de queda’ ciudadano. Teniendo en cuenta el nivel de paro existente y la situación que viven muchas familias, y sumándolo al dato de que en estos años de crisis se ha producido un incremento de la acumulación de riqueza en manos de pocos, lo que destaca es precisamente la serenidad ciudadana. Hoy, la ciudadanía acude a los Tribunales para reclamar sus derechos y se manifiesta mayoritariamente con civismo. La única justificación que vemos es ideológica: tratar de silenciar la protesta social mientras se desmantela el Estado de Bienestar». Las cifras de seguridad ciudadana demuestran que no nos encontramos ante un problema de seguridad. Lo que preocupa al ciudadano es la situación económica, el paro, la corrupción… factores que sí están aumentando el nivel de conflictividad social y las protestas.
Julio Martínez Zahonero. Delegado en Asturias de Jueces para la Democracia. «No se puede sostener que España padezca graves problemas de orden público que justifiquen este proyecto de ‘toque de queda’ ciudadano»
¿Es este un intento de amordazar al ciudadano? Para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH-Asturias), esta ley es «una muestra más de cómo este gobierno afronta los problemas reales de la población, criminalizando la denuncia en la calle e intentando ocultar la realidad para que sólo queden los mensajes lanzados desde los estamentos oficiales.»
«No sólo los movimientos sociales se han mostrado en contra de esta ley -denuncian desde la PAH-, también jueces y policía han destacado que recorta derechos fundamentales y asesta un golpe directo a la democracia. Responde a un ‘berrinche’ de nuestros políticos, porque con la actual ley los juzgados están dando mayoritariamente la razón a los ciudadanos. Casos archivados, sentencias a favor de los denunciados, recursos ganados… Nos están dando la razón, lo que hacemos no sólo es legal, sino que es necesario y es nuestro deber. Esta forma de legislar, a medida que surgen nuevas formas de protesta, demuestra que con nuestras acciones estamos consiguiendo mucho más de lo que quieren reconocer. Ponen de manifiesto la debilidad y la ilegitimidad del Gobierno y muestran que el miedo está cambiando de bando. Quieren evitar que se ‘moleste’ a la casta política con los escraches o a los poderosos bancos con las ocupaciones, por citar dos ejemplos de acciones no violentas que están resultando efectivas. Bajo el engañoso nombre de ‘Seguridad ciudadana’ lo que realmente hacen es aumentar la inseguridad: pretenden que renunciemos a la defensa de nuestros derechos, acatemos sin protestar las medidas injustas que están aplicando, que no se puedan mostrar las imágenes de los excesos policiales. Quieren, en una palabra, que nos sintamos indefensos».
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH-Asturias). «Desconocen la fuerza de la inteligencia colectiva, de las personas que ya no tienen nada que perder»
La inseguridad de la ley. Es algo que preocupa especialmente a Miguel Presno Linera, profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. «En la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley Orgánica dice que ‘en otras épocas de nuestra historia, el concepto de orden público sustituyó al de seguridad ciudadana, vinculándose a una concepción en ocasiones metajurídica y referida al mantenimiento del normal funcionamiento de las instituciones y de la paz interior. No hace falta resaltar los riesgos que una visión tan amplia e indeterminada del orden público puede implicar para la garantía de los derechos y libertades de las personas’. Por ese motivo, se proclama la intención de huir ‘de definiciones genéricas que justifiquen una intervención expansiva sobre los ciudadanos en virtud de peligros genéricos e indefinidos, justificando una discrecionalidad administrativa y una potestad sancionadora genéricas’. No es el objetivo constitucional y, por tanto, tampoco podría serlo de esta ley’.
«En la redacción de este Anteproyecto -continúa Miguel Presno-, abundan definiciones genéricas que permiten una enorme discrecionalidad administrativa: ¿qué es la ‘alteración previsible de la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia’ (artículo 17) que habilita a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para «limitar o restringir, por el tiempo imprescindible, la circulación o permanencia en vías o lugares públicos» y para ‘establecer zonas de seguridad’? ¿Qué son «ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio’ (artículo 35.12? ¿Qué se quiere sancionar cuando se prevé (artículo 36.3) como infracción leve el ‘uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que atente gravemente contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen’?».
Miguel Presno Linera. Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. «En la redacción de este Anteproyecto abundan definiciones genéricas que permiten una enorme discrecionalidad administrativa»
Derecho de reunión y manifestación. El juez Martínez Zahonero, advierte que «la presencia de los ciudadanos en la calle –salvo para celebraciones deportivas o visitas papales- parece no gustar al actual poder político». Un hecho que lejos de amedrentar, incita a los ciudadanos: «Seguiremos ejerciendo la desobediencia, seguiremos denunciando la estafa de los bancos, la indefensión de las personas ante los abusos bancarios y seguiremos luchando por el derecho a la vivienda», defienden desde la PAH-Asturias. «No vamos a renunciar a luchar por las personas que están en riesgo de exclusión social por una hipoteca que les condena de por vida. Si no es con ocupaciones será de otra manera. Desconocen la fuerza de la inteligencia colectiva, de las personas que ya no tienen nada que perder. Desconocen lo que nosotros ya sabemos, y es que ¡sí se puede!».
Derecho a la información. Algunos artículos de esta ley impiden a los periodistas desarrollar su trabajo y ocasionan inseguridad jurídica, con sanciones desproporcionadas para los profesionales que estén cumpliendo su trabajo en lugares públicos donde intervengan agentes de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Situación que denuncia José Antonio Bron, presidente de la Asociación de la Prensa de Oviedo. «No sólo se sanciona al informador de forma arbitraria, sino que también serán multados los editores que publiquen contenidos que reflejen la actuación policial en informaciones sobre concentraciones, manifestaciones, encierros, desahucios… Esta ley no es la primera que impide a los periodistas desarrollar libremente sus funciones. La norma de enjuiciamiento criminal promovida por el ministro Gallardón regula, entre otras cuestiones, la publicidad de las actuaciones judiciales y establece lo que los medios pueden o no difundir durante la fase de investigación, así como la potestad del tribunal para acordar el cese de la difusión de las informaciones. Estas leyes emanan de un poder cuyo objetivo es presionar a los ciudadanos, a los periodistas y a los medios de comunicación, censurando la libertad de información como paso imprescindible para recortar la democracia, porque saben que el derecho a la información es un derecho inalienable de todo ciudadano, y que no hay democracia sin una sociedad sana y libre, sin una prensa plural e independiente.
Nunca los políticos en democracia han puesto tantas trabas y censuras para el ejercicio del periodismo. Las ruedas de prensa sin derecho a preguntas, las declaraciones enlatadas, los bloques electorales, las comparecencias a puerta cerrada, los vetos, las presiones, las amenazas y las querellas son una constante en la labor cotidiana a los profesionales de la información, que difícilmente pueden cumplir con el deber de informar con objetividad, veracidad y precisión, claves para que el periodismo responda a su función social, la de informar y formar».
José Antonio Bron. Presidente de la Asociación de la Prensa de Oviedo. «Estas leyes emanan de un poder cuyo objetivo es presionar a los ciudadanos, a los periodistas y a los medios de comunicación, censurando la libertad de información como paso imprescindible para recortar la democracia»
Pérdida de garantías: cheque en blanco.
Otro aspecto es la aplicación de la sanción administrativa a una serie de conductas que ya son objeto de tutela en el Código Penal, como las manifestaciones ante las cámaras legislativas, o la causación de daños en bienes públicos. Aquello que no sea castigado por los jueces, será sancionado por la Administración. Es evidente que la respuesta judicial a ciertos hechos, en la que los jueces no se han plegado al interés gubernamental, no ha gustado»
La preocupación por esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana ha traspasado nuestras fronteras hasta llegar al Consejo de Europa, donde es observada con recelo. El Comisario de Derechos Humanos ha hecho llegar su inquietud al ministro de Interior, Jorge Fernández, al considerar esta norma como «altamente problemática» y desproporcionada en cuanto a la cuantía de las multas propuestas.
Las protestas en la calle tampoco se han hecho esperar: convocatorias pacíficas de ciudadanos que no quieren abandonar un espacio que por derecho les pertenece.