Se calcula que más de 5.500 millones de euros se encuentran ‘sumergidos’ en Asturias. El impacto de la crisis económica, unido a la ineficacia de la lucha contra el fraude, los altos índices de corrupción y la justificación moral por parte de gran número de ciudadanos, hacen que la economía sumergida ronde el 26% del PIB asturiano.
Mucho se ha dicho sobre la esencia de la picaresca en la sociedad española, poco acostumbrada históricamente a interiorizar las obligaciones cívicas. El pícaro, si bien dista de la imagen del caballero y públicamente no es un ejemplo a seguir, en la cultura latina representa una figura con chispa, ágil, habilidosa, con arte para saltarse las obligaciones comunes o ganar más trabajando menos, lo que despierta cierta admiración.
La peor crisis que se recuerda en los últimos años ha activado esa ‘genética pícara’ que los españoles llevan dentro, con un objetivo para muchos: sobrevivir. Esa reparación que se ofrece con o sin IVA, el cuidado de mayores o enfermos y el trabajo doméstico sin contrato, las horas extra que no figuran en la nómina y se pagan en un sobre aparte, alquilar la casa del pueblo durante el verano y no declararla, el trabajo precario para jóvenes sin experiencia, las «chapucillas» extra porque el subsidio no llega a final de mes… Las actividades de ciudadanos y empresas que escapan al control de la Seguridad Social y Hacienda, la denominada economía sumergida, ha aumentado de forma considerable, tanto desde el punto de vista de los trabajadores como de las empresas.
«El 20% de la riqueza en España está en manos de sólo 20 personas. Fortunas que apenas tributan» (Oxfam)
«Por la mañana trabajo por horas en un domicilio y por la noche cuido a enfermos», cuenta Rocío S. de 42 años, separada y madre de dos hijos. Trabaja de forma ilegal pero se justifica tímidamente: «Prefiero arriesgarme y comer todos los días a estar en el paro». Su caso no es el único. Los números indican que a mayor tasa de desempleo, especialmente de larga duración, más probabilidad de participar en la economía sumergida. Álvaro F. tiene una empresa de fontanería con dos empleados. Explica que los ingresos descienden mes a mes. «Siempre he tenido todo en regla y he pagado como el que más, pero de un tiempo a esta parte hay cosas que no declaro porque no gano para impuestos. O eso, o cierro el negocio», sentencia. Decenas de personas sobreviven gracias a una economía sumergida que, según denuncian los sindicatos, empieza a extenderse por diversos sectores.
Jesús Barcelona, coordinador en Asturias del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), describe lo delicado de esta situación: «Estamos ante un círculo vicioso que se retroalimenta. La Inspección de Trabajo y de Hacienda no da abasto y carece de los medios necesarios, algunos empresarios aprovechan la extrema necesidad de los desempleados para escatimar en gastos, y el trabajador, que está desesperado, solo pretende ganar algo de dinero para sobrevivir».
El 71% de la evasión fiscal es obra de las grandes empresas y fortunas. Sin embargo, se da la gran paradoja de que la Agencia Tributaria dedica el 80% de sus recursos a investigar posibles irregularidades de autónomos y pymes.
Las consecuencias negativas son evidentes: el Estado tiene unas necesidades recaudatorias, de modo que lo que dejan de pagar los defraudadores termina cargándose en la cuenta de quienes sí declaran correctamente, mediante una subida de tipos o nuevas figuras impositivas. Sin embargo también existen opiniones que consideran que un cierto grado de economía sumergida es necesario, porque sirve para «engrasar» la economía oficial, generando así mayores tasas de crecimiento. Otro argumento a favor es que permite liberar tensiones en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, permitiéndoles obtener los recursos económicos imprescindibles para subsistir. La otra cara de la moneda es que lo que en un principio pueden parecer ventajas, a la larga se tornan en inconvenientes: no estar dado de alta en la Seguridad Social, perder años de cotización y derechos ante futuras prestaciones, etc. El fraude tampoco le sale a cuenta a las empresas que obtienen beneficio manteniendo a trabajadores en economía sumergida porque al final no desgravan las inversiones que realizan en mano de obra. Entonces ¿por qué se dan este tipo de prácticas?
Factores que influyen
Las últimas reformas laborales impulsadas por el Gobierno algo tienen que ver en esto. Muchos son los que piensan que la actual regulación es muy rígida y no se adapta a las necesidades de cada empresa, ni permite a los trabajadores compaginar varios puestos de trabajo. A ello hay que sumar el aumento de trabas, papeleos, permisos, falta de crédito, excesivos gravámenes y una burocracia administrativa disparada.
Jesús Barcelona coincide en señalar que la altísima tasa de desempleo es la causa principal del aumento de la economía sumergida, al tiempo que añade otros factores: «La subida de impuestos (IVA e IRPF) de los últimos años también ha incentivado este fenómeno, ya que no ha venido acompañada de un control tributario suficiente. A ello hay que sumar los casos de corrupción política y empresarial que se han multiplicado, así como el grave problema de moralidad que existe en nuestro país con una enraizada cultura de tolerancia de la evasión y el fraude fiscal».
La crisis ha activado la ‘genética pícara’ de los españoles, con un objetivo para muchos: sobrevivir.
A pesar de que se suele poner el acento en los «trapicheos» de autónomos y trabajadores «en negro», según datos de la GESTHA, los trabajadores autónomos representan un 8% de la evasión fiscal, mientras que las pequeñas y medianas empresas (pymes) suponen el 12%. Entonces, ¿quiénes son los grandes defraudadores? El 71% de la evasión fiscal es obra de las grandes fortunas y las mayores empresas de este país. Sin embargo, se da la gran paradoja de que la Agencia Tributaria dedica el 80% de sus recursos a investigar posibles irregularidades de los dos primeros grupos.
Las grandes fortunas apenas pagan impuestos
Las familias aportaron el 90% de la recaudación fiscal del Estado y las empresas el 10% restante. De ello, las grandes corporaciones contribuyeron con un 1,98%. Menos de un dos por ciento. Estos son algunos de los datos que aparecen en el informe de Oxfam, ‘Tanto tienes, ¿tanto pagas? Fiscalidad justa para una sociedad más equitativa’. Un documento que revela con cifras en la mano que la política fiscal española está basada en impuestos que favorecen a las grandes fortunas y empresas, una situación que ha llevado a la desigualdad extrema entre grupos sociales. Otro dato sangrante que aporta el citado informe es que el 20% de la riqueza de este país se encuentra en manos de sólo veinte personas. Grandes fortunas que apenas tributan en nuestro país.
«Esta realidad no resulta fácilmente digerible para la ciudadanía, que está tomando conciencia de la imperiosa necesidad de reformar el sistema tributario actual», reconoce Barcelona. «Cada vez más se está acentuando la percepción de que los impuestos no se recaudan atendiendo a los principios de capacidad económica y progresividad. De hecho las últimas encuestas indican que el 87% de los españoles opina que los impuestos no se cobran con justicia y el 80% cree que los más ricos pagan pocos impuestos. Es urgente, y aquí coincidimos ciudadanos y expertos, reformar en profundidad nuestro sistema tributario. Hasta el Gobierno de la nación participa de esta opinión, y ha anunciado que va a presentar en los próximos días una reforma fiscal de ‘gran calado’. Esperemos que, como siempre, no sea la clase media trabajadora la que tenga que pagar el precio de la reforma».
Medidas antifraude
La denominada Ley Antifraude que entra en vigor en 2012 introduce como medida más novedosa la limitación del pago en efectivo a 2.500 euros entre empresas y profesionales. El objetivo es limitar la circulación de ‘dinero negro ‘ y atajar la economía sumergida. Para el Ministerio de Hacienda, ésta era la ley antifraude ‘más ambiciosa’ de la historia de la democracia española. Posteriormente, el ministro Montoro da luz verde a la polémica ‘amnistía fiscal’ con la que pretendía regularizar la situación de los defraudadores -mayormente las grandes fortunas-, simplemente pagando el 10% de lo regularizado o un 8% para aquellos que retornasen de paraísos fiscales. Sacar a la luz aproximadamente 2.500 millones de euros de la economía sumergida. Al final, sólo aparecieron 50,4 millones. «Hay que ser realistas, -advierte Barcelona- reducir a cero el fraude fiscal es imposible, ni siquiera los países del norte de Europa lo han conseguido. Pero sí debería ser posible alcanzar unos niveles similares a los países más avanzados de la Unión Europea, en torno al 10%-13% del PIB, frente al 24,6% de España. Esto permitiría recaudar más de 30.000 millones de euros adicionales, lo que haría innecesario realizar tantos recortes para conseguir la reducción del déficit público que nos exige la Unión Europea».
El caso de Asturias
El Coordinador en Asturias del GESTHA no ve que exista en la región una cultura de fraude distinta a la del resto del país. «El fraude en el Principado ronda el 26% del PIB, algo superior a la media nacional, pero su esencia es la misma. Al igual que en el resto de las comunidades, los niveles más altos de fraude se localizan entre las rentas empresariales, profesionales y del capital, tanto de las personas físicas como de las jurídicas, respecto de las que la Agencia Tributaria y su sistema informático ejerce un menor control».
¿Fraude o instinto de supervivencia? La crisis, además de crear nuevos ámbitos de economía sumergida, la aumenta en aquellos ya existentes. Es un problema que nos afecta a todos y que precisa de una reforma fiscal que dote al sistema de una mayor equidad, donde cada uno pague de acuerdo a su situación económica. Algo que aún está por ver.
Nueva reforma fiscal
Coincidiendo con el cierre de nuestra edición, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la anunciada reforma fiscal. Recogemos las primeras valoraciones.
«El Gobierno no precisa con claridad cómo se financiará la caída de ingresos por estas rebajas» GESTHA
Si se bajan una serie de impuestos, si no se anuncia ninguna otra subida, ni se reducen los gastos, ¿cómo va a conseguir el Gobierno hacer frente a la rebaja de déficit al que se ha comprometido? Para el GESTHA «el Gobierno no precisa con claridad cómo se financiará la caída de ingresos por estas rebajas, por lo que teniendo en cuenta el impacto económico de la medida, es posible que se compense con otras fórmulas como el copago o la privatización parcial de AENA, que reportará 2.500 millones de euros».
Muchos son los expertos -además de la propia Comisión Europea- que consideran que esta reforma fiscal obedece a intereses electorales y no a las necesidades sociales y económicas del momento. Echan en falta una reforma integral y completa, al tiempo que señalan que al final de la legislatura la mayoría de españoles pagará más impuestos que al principio. Los números no engañan.