La economía sumergida es uno de los grandes problemas para cualquier Gobierno, que deja de ingresar importantes sumas de dinero que podrían ser utilizadas para proporcionar bienes y servicios a sus ciudadanos. No se sabe su peso exacto, pero se calcula que pueda llegar a ser una cuarta parte del PIB de un país.
¿Es posible terminar con esta lacra? No al cien por cien, pero sí se podrían bajar esas cifras, comentan los expertos, para ello haría falta voluntad política, dotar de medios a las administraciones tributarias y articularlas para que puedan luchar contra ello, sobre todo, contra las grandes bolsas de fraude. Porque, no caigamos en el error fácil de culpar al fontanero que no pasa la factura o al albañil que cobra en negro… Como afirmó en su día el presidente de Gestha -sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda-, Carlos Cruzado, “la mayor parte del fraude es de grandes empresas y fortunas, no del ‘con o sin IVA”. Entonces, ¿por qué la lupa siempre está en el ciudadano de a pie? ¿Por qué se quejan los técnicos de Hacienda de que, a día de hoy con la ley en la mano, solo pueden investigar a particulares, autónomos y a la mitad inferior del tramo de pequeñas empresas, quedando intacto el agujero negro por el que se escapa el 70% de la evasión fiscal -multinacionales y grandes fortunas-? ¿Por qué -denuncia este colectivo- que acaba de ser rechazada su propuesta para que se amplíen sus competencias en la nueva Ley de Lucha contra el Fraude fiscal? El fraude es un problema grave pero también es cierto que se concentra en un sector muy pequeño de población que curiosamente es también el que menos impuestos paga en nuestro país.
A principios de mes conocíamos la existencia de los Papeles de Pandora, una investigación periodística a nivel internacional que revela los activos secretos, fortunas ocultas de un enjambre de ricos y poderosos entre los que se encuentran “más de 330 políticos y cargos públicos, 15 jefes de Estado de América Latina entre actuales y retirados, 46 oligarcas rusos, 133 millonarios de la lista Forbes, estrellas de moda y del espectáculo, caras conocidas del deporte y numerosas personalidades relevantes”, según informa El País.
Echando la vista atrás, acaban de cumplirse cinco años del escándalo de los Papeles de Panamá que en aquel entonces puso en el punto de mira a políticos importantes de todo el mundo ante el asombro de todos. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Quedó todo en papel mojado, en una investigación periodística que -como mucho- se hizo con el Pulitzer aquel año?
Casi el 60% ciudadanos españoles, según las últimas encuestas del CIS, creen que pagan demasiados impuestos para los servicios públicos que reciben a cambio y consideran que los impuestos no se cobran con justicia. Es decir, que los que más tienen no son los que más pagan. Y casi la totalidad de los encuestados -9 de cada 10- afirma que el fraude fiscal es una práctica generalizada.
Unos 253.000 millones de euros anuales escapan en España al control del fisco, casi 6.000 millones en Asturias. Y no es un hecho natural ni inevitable. Porque, ¿a quién acaba afectando todo esto? Al conjunto de asturianos que ve peligrar su estado de bienestar pudiendo en realidad sostenerlo con holgura y ve también cómo se incrementa el paro frente a la competencia desleal de los defraudadores.
Para acabar con esa percepción de que los poderosos gozan de impunidad debería de haber castigos ejemplares para quien decida campar a sus anchas y le saliera caro esconder su patrimonio; deberían acabar las amnistías fiscales, las regularizaciones sin inspección… porque son un insulto a los contribuyentes que sí cumplimos… que somos la mayoría. ¿El primer paso para este cambio? Voluntad política, sin duda. De momento, la caja de Pandora ha quedado abierta… a ver qué pasa esta vez.