Gonzalo Olmos Fernández-Corugedo

El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Liu Xiaobo ha permitido que su nombre nos resulte conocido y podamos acceder a los detalles de su trayectoria en la lucha por los derechos humanos en China.

Desde que la crisis económica se manifestó con toda su virulencia y, sobre todo, desde que su incidencia sobre la situación financiera de las Administraciones públicas se ha hecho evidente, se vienen poniendo encima de la mesa alternativas de lo más diverso para afrontar la difícil situación que comporta la insuficiencia de recursos para sostener inversiones o servicios públicos al nivel que se desearía.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, relativa al principal recurso de inconstitucionalidad frente al Estatuto de Autonomía de Cataluña, ha adquirido una extraordinaria importancia, no sólo por las valoraciones políticas que se han sucedido en torno a ella, sino, sobre todo, por su incidencia en la definición jurídica de nuestro modelo de Estado.

De la respuesta de las sociedades ante determinadas situaciones graves pueden obtenerse datos relevantes, a veces concluyentes, sobre su prelación de valores y estima por la civilidad.

En los últimos meses, en el contexto de la crisis económica y la fuerte crítica a la actuación de los poderes públicos ante aquélla, ha adquirido cierta fortuna una tendencia de recelo hacia las comunidades autónomas que, incluso, ha comportado propuestas de retorno a un patrón territorial centralista y al cuestionamiento del proceso autonómico en su conjunto.

Si algo nos enseña esta crisis económica es que la desbordante sucesión de acontecimientos, cuyas consecuencias se multiplican en nuestro entorno más directo aunque procedan de orígenes aparentemente lejanos, requiere mecanismos de reacción rápidos, pero que, ante todo, tengan fundamentos robustos y verdadera capacidad de respuesta.

No hace falta rebuscar mucho entre los recuerdos personales ni en los titulares de prensa para traer a la memoria algunas reivindicaciones relativamente recientes que, ahora, en medio de la vorágine de los acontecimientos propios de esta crisis, casi parecen espejismos, por muy fundadas que fuesen tales reclamaciones.

En una sociedad organizada, en buena medida, sobre la base de la actividad productiva y las circunstancias materiales de los individuos y colectivos que la integran, parece natural que la coyuntura de crisis económica invada la totalidad de espacios de debate público, centre la actividad institucional, y se filtre, hasta rebosar, en la esfera particular.

En las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2011, tendrá lugar una circunstancia novedosa, que aporta valiosas pistas sobre el futuro de la relación entre la nacionalidad, la ciudadanía y los derechos políticos derivados de ambas condiciones. Por primera vez, un grupo nutrido de residentes nacionales de terceros Estados no pertenecientes a la Unión Europea tendrán derecho de sufragio activo en estos comicios y, por ello, podrán participar en la elección de los concejales de los ayuntamientos en cuyos términos municipales habitan.

Hace unas semanas se produjo una sonora polémica a raíz de las declaraciones del titular del Juzgado de Familia de Sevilla nº 7, Francisco Serrano, con motivo de su visita a Oviedo para participar en un acto dirigido a reprobar la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.