Desde que la crisis económica se manifestó con toda su virulencia y, sobre todo, desde que su incidencia sobre la situación financiera de las Administraciones públicas se ha hecho evidente, se vienen poniendo encima de la mesa alternativas de lo más diverso para afrontar la difícil situación que comporta la insuficiencia de recursos para sostener inversiones o servicios públicos al nivel que se desearía.
La mayor parte de los planteamientos pretende incidir en el aspecto del gasto público, más que en el del ingreso, cuestión que, sin embargo, tiene especial interés porque su análisis en profundidad abriría la puerta a la revisión de la fiscalidad en su conjunto, lo que significa tanto como determinar qué parte de la riqueza se detrae del ámbito privado para destinarla a fines colectivos y con qué criterios se fija la carga que corresponde a ciudadanos y empresas. Este debate, siempre abierto y que ahora resultaría especialmente pertinente, se encuentra desplazado, en buena medida, por la fuerza que han cobrado las posiciones que, antes de otras consideraciones, más allá de un coyuntural descenso del gasto público promueven, directamente, una retirada de los poderes públicos de muchos de los ámbitos en los que actualmente despliegan su actuación.
En este escenario en el que tantas cosas se han puesto en cuestión y tantas pretensiones en juego pretenden hacerse valer, muchas veces al margen del interés general, se ha desencadenado una verdadera ofensiva frente al papel de las Administraciones, con especial impacto sobre los ayuntamientos. En el contexto previo a la crisis existía un reconocimiento mayoritario a las funciones de los poderes locales y se situaba en el catálogo de reformas necesarias la relativa al gobierno y la administración local, para definir mejor las competencias atribuidas a los municipios, mejorar la estructura de los órganos de los ayuntamientos, favorecer la transparencia y promover la participación ciudadana. Junto a esta reivindicación, muy extendida ante el municipalismo y justificada por la evolución de la realidad de las entidades locales en los 25 años de desarrollo de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), se situaba la reclamación de la garantía de recursos para que los ayuntamientos pudiesen sufragar la ejecución de las competencias asignadas, con la correspondiente reforma de las haciendas locales y la adecuada participación en los ingresos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
La campaña emprendida desde determinadas posturas interesadas y contrarias por sistema hacia lo público tiene como finalidad generar una infundada desconfianza, de principio, hacia los ayuntamientos. Este enfoque conduce a desacreditar injusta y erróneamente la labor dinamizadora de los poderes locales.
Curiosamente, el consenso que, al menos en apariencia, existía sobre la necesidad de otorgar una posición más destacada a los ayuntamientos, ha sido sustituido por una corriente de fuerte crítica a su cometido y su gestión, al propio principio de autonomía local, a la organización territorial del Estado en este aspecto y al actual mapa municipal. Censura que alcanza también a Asturias, pese a que nuestra realidad local es, en un examen comparativo, más manejable y más sólida: un número de municipios menor que otras CCAA uniprovinciales (o que muchas provincias de otras CCAA), con un territorio de los municipios en muchos casos mayor que el de la media; una trayectoria en materia de prestación de servicios de forma consorciada con ejemplos claramente positivos, como, por ejemplo, en gestión de residuos, abastecimiento de agua, transportes y servicios tecnológicos; algunas experiencias de colaboración intermunicipal que, aún con altibajos, arrojan un saldo positivo; una federación de concejos asentada como interlocutor institucional; y una relación de colaboración intensa y directa entre municipios y Comunidad Autónoma.
Es cierto que, en un momento de estrechez en las arcas públicas es plenamente legítimo analizar si la forma de organización territorial –en este caso la municipal-, es susceptible de mejoras que la hagan más eficiente. Sin duda hay margen para ello, acometiendo las modificaciones legislativas pendientes en materia de gobierno, administración y haciendas locales, y alentando la colaboración intermunicipal, que en un futuro puede dar lugar, si las circunstancias lo favorecen, a fusiones de municipios, objetivo que la LBRL recoge indicando al Estado que la promueva.
Ahora bien, nada de esto tiene que ver con la campaña, emprendida desde determinadas posturas interesadas y contrarias por sistema hacia lo público, cuya finalidad es generar una infundada desconfianza, de principio, hacia los ayuntamientos. Este enfoque conduce a desacreditar injusta y erróneamente la labor dinamizadora de los poderes locales que, en la trayectoria de los municipios democráticos, vista en perspectiva, ha mejorado sensiblemente el espacio urbano de muchas localidades haciéndolas más habitables, ha permitido la prestación de numerosos servicios públicos y ha posibilitado una implicación activa de los ciudadanos en la vida política, social y cultural.