Miles de pensionistas salen a la calle para protestar por la insignificante subida de las pensiones aprobada por el Gobierno. Este ha sido solo el detonante, en el fondo se trata de una cuestión de principios, una lucha por la dignidad. ‘Después de una vida como la nuestra, ¿pensaban que nos íbamos a callar?’, advierten los colectivos de pensionistas.
Casi el 25% de las familias asturianas tienen una pensión como único ingreso. Los mayores de 65 años son los que están aportando un mínimo de estabilidad a la maltrecha economía familiar, mientras los salarios se reducen o el desempleo hace acto de presencia. Las pensiones están ayudando a pagar la hipoteca, los recibos, la cesta de la compra o los estudios de los nietos. Pensiones justas que antes se destinaban solo a necesidades del abuelo ahora se ‘estiran’ por arte de magia y se convierten en un salvavidas para toda la familia. Pero también crece el riesgo de pobreza entre nuestros mayores. Según la última encuesta de Condiciones de Vida del INE, casi dos de cada tres mayores de 65 años declaran llegar con mucha dificultad a fin de mes, a pesar de que Asturias sea la tercera comunidad autónoma española con el promedio de pensión más elevado, «algo totalmente ficticio», declara Pepe Fuertes, presidente de la Asociación de Pensionistas de Asturias. «Hay miles de personas con pensiones de 500€ que se ven obligadas a vivir en la miseria. Y por otro lado hay pensiones decentes de la siderurgia o de la minería que elevan artificialmente el promedio. Pero la realidad es que hay muchas personas que lo están pasando mal, dejadas de la mano de Dios. De ahí nuestras protestas», concluye Fuertes.
«No se dieron cuenta de que meter mano a las pensiones era hacerlo contra todos los que luchamos por esta democracia»
Este colectivo junto a la Asociación de Pensionistas de Gijón, se manifiestan desde hace varias semanas contra la raquítica subida de las pensiones, la pérdida del poder adquisitivo y ciertos recortes sociales que les afectan directamente. Poco a poco el mensaje ha ido calando y de un pequeño grupo que era al principio, pasaron a manifestarse cinco mil personas en el centro de la capital asturiana el pasado 17 de marzo. Pepe Fuertes, insiste, «no es una cuestión de dinero sino una lucha por nuestros derechos y nuestra dignidad. No se dieron cuenta de que meter mano a las pensiones era hacerlo contra todos los que luchamos por esta democracia, los que corrimos delante de los ‘grises’ y recibimos palos por ello. Los que peleamos por muchas de las libertades que hoy se disfrutan. A nuestra edad, ¿cómo pudieron pensar que nos íbamos a quedar con los brazos cruzados mientras nos quitaban esto por lo que tanto hemos luchado y tanto sacrificio nos ha costado?»
Ojo con el borrador de la UE
Para estimular el mercado de las pensiones, la Comisión Europea está preparando un paquete de medidas para que los ahorradores de este tipo de productos tengan un tratamiento fiscal ventajoso en toda la Unión Europea. La Comisión explica que en ningún caso se trata de sustituir a los sistemas nacionales de pensiones sino que es algo complementario para fomentar el ahorro, algo que alerta especialmente a estas asociaciones de pensionistas. «Esta normativa que se está preparando va dirigida a incrementar la desgravación a los planes de pensiones privados, es decir, los subvencionaría fuertemente. Si eso se llega a aprobar en el seno de la UE sería de obligado cumplimiento para todos los estados miembros y eso nos perjudicaría mucho. Queremos una Europa solidaria, que se preocupe de las personas, por eso solicitamos al Gobierno que no se sume a esta iniciativa. Nuestro actual sistema de pensiones es solidario, adecuado, por eso hay que defenderlo», puntualiza Fuertes.
Nueve millones de votos en juego
El barómetro del CIS después de las elecciones generales de 2016, señalaba que el 41,5% de los votantes del PP eran personas de 65 años o más. Según el censo, actualmente los jubilados supondrían más de nueve millones de votos en nuestro país. Es decir, uno de cada cuatro votos sería el de un pensionista que según este barómetro, en su día habría apostado por el Partido Popular. «La prensa dice que el PP recibe el malestar de los pensionistas con preocupación y se plantea perder la mayoría absoluta. Nosotros no somos analistas pero a la vista está el cabreo de la gente, el número de manifestantes que están saliendo a la calle y el poder de convocatoria que está consiguiendo sumar a otros colectivos. El PP y su sustituto, Ciudadanos, lo tienen crudo porque tienen enfrente a nueve millones de pensionistas que les están advirtiendo que se están equivocando», comenta el presidente de la Asociación de Pensionistas de Asturias.
El colectivo de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha expresado públicamente a través de un comunicado, su apoyo a estas reivindicaciones y hace una llamada de atención a los poderes del Estado para que garanticen unas pensiones dignas tal y como está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
«Queremos defender el actual sistema público de pensiones que es correcto, solidario y exigir al Gobierno la derogación de las últimas reformas»
Se solidarizan con los pensionistas que han salido a la calle a protestar por la pérdida de poder adquisitivo de sus pensiones. Y recuerdan que ello es debido «a las leyes reguladoras del factor de sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social -las dos grandes reformas del Gobierno de Rajoy- que han terminado con el tradicional sistema de revalorización de las pensiones vinculado al IPC, tal y como estaba contemplado en el art 48 de la Ley de la Seguridad Social».
El factor de sostenibilidad es un ajuste a la baja por el que la Seguridad Social recorta la pensión inicial del nuevo jubilado en función a la esperanza de vida de su generación, teniendo en cuenta los últimos cinco años. Al aumentar la esperanza de vida, los jubilados van a vivir más años que los que actualmente están cobrando la pensión. Por tanto, sus derechos cotizados durante su etapa activa se repartirán durante un número mayor de años, luego su importe mensual será menor. «El factor de sostenibilidad significa que cuanto más anciano eres peor vas a vivir porque vas a cobrar menos durante más años. Esta es una reforma macabra que un presidente de Gobierno nunca debió de aprobar», advierte Fuertes.
Movimiento transversal
Antes eran los hijos quienes se hacían cargo de sus padres cuando eran mayores y no podían valerse por sí mismos. Ahora con la crisis, una gran parte de población en todas las franjas de edad, depende de sus pensiones. Por tanto, tienen la llave del futuro más inmediato; mucho más que los jóvenes. Además hay muchos jóvenes -entre sesenta y setenta años-, con las ideas muy claras y curtidos en mil batallas. Salen a la calle, no solo a pelear por sus pensiones sino por las de sus hijos y sus nietos, por eso invitan a todos a unirse a sus protestas porque «se trata de un tema transversal, no solo de los pensionistas: no llegar a fin de mes, no poder pagar una factura, afecta a todos», comenta Pepe Fuertes.
Sus protestas, pancartas y comunicados rezuman sentido común, son planteamientos sencillos alejados de complejidades ideológicas por eso está llegando a todo el mundo. «Somos gente normal que vemos peligrar nuestras pensiones. Como asociación estamos integrados en la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. No sintonizamos con ningún partido, somos apartidistas y eso nos da mucha libertad. Hasta ahora hemos estado en las calles pero vamos a probar otras fórmulas de protesta, por supuesto siempre pacíficas porque somos hombres y mujeres de ley. El objetivo es defender el actual sistema público de pensiones que es correcto, solidario y exigir al Gobierno la derogación de las últimas reformas que nos han hecho tanto daño. Son pensiones públicas, el Estado debe de velar por ellas y si hay déficit de caja que se cubra con los Presupuestos Generales, no con las huchas».
Del futuro de las pensiones depende el presente de una gran parte de población de todas las edades y de todas las ideologías, quizá por ello este tema emerge como uno de los grandes problemas para los españoles junto a la corrupción. El tema está en la calle y exige soluciones. ¿Quién se atreverá a coger esta patata caliente?
1-«No puede haber una mejora de las pensiones si no se deroga la modificación del artículo 135 de la Constitución realizada durante el Gobierno de Zapatero con ayuda del Partido Popular. Esta reforma atribuía prioridad absoluta a los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública, por encima del Sistema de Pensiones, de las personas».
2-«Aunque no sea de inmediato pero sí a corto plazo, exigimos una pensión mínima para todos (viudedad, orfandad, invalidez) de 1.080€ que es lo que estipula la Carta Social Europea para salir del umbral de pobreza. Un documento firmado también por nuestro país que debería hacerse efectivo en dos o tres años».
3-«Devolución de todo lo perdido desde 2011, fecha de esa cruel reforma. Esta deuda contraída es de siete puntos y afectaría todos los pensionistas, incluso a los que tienen las pensiones más altas».
4-«Actualizar las pensiones con arreglo al IPC real y que también tenga en cuenta la inflación subyacente, que es la que más influye en las pensiones y afecta a los productos frescos, de primera necesidad, que es lo que nosotros compramos».
5-«Eliminar la desgravación de los planes de pensiones privados. Ello repercute en las arcas del Estado y por tanto en las pensiones públicas»
Al cierre de edición
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, acaba de anunciar que su partido ha sellado un acuerdo con Mariano Rajoy para apoyar la primera votación en el Congreso de los Presupuestos Generales a cambio de una subida generalizada de las pensiones de acuerdo al IPC y retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad.
Según este acuerdo, las pensiones subirían 1,6% este año y el IPC correspondiente para 2019 y ello con efecto retroactivo desde enero de 2018.
También se contempla que la base reguladora de las pensiones de viudedad suban al 56% este año y al 60% el próximo. Lo que supone una subida de 8 puntos en dos años.
El temido factor de sostenibilidad que se iba a poner en marcha el próximo año y que implicaba un recorte de las nuevas prestaciones de acuerdo al crecimiento económico y la esperanza de vida, aplaza su entrada en vigor hasta 2023.
«Si ese acuerdo se llega a materializar, podremos decir que hemos ganado una batalla… pero no la guerra»
La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, a la que pertenece las asociaciones de pensionistas de Asturias, explica en nota de prensa que este pacto se firma por la presión que están ejerciendo a través de las manifestaciones en la calle, reconocidas a nivel internacional por distintos medios de comunicación. Consideran que esto ha producido un desgaste que ha obligado al Gobierno a ceder ante la propuesta del PNV. «El problema sigue estando ahí. Hay que derogar completamente esa ley de 2013 que establece el factor de sostenibilidad, una fórmula para incrementar las pensiones que nos condena al 0,25% a partir de 2020 de nuevo y que no tiene parangón en Europa». Por tanto, van a continuar las movilizaciones hasta que sus reivindicaciones sean tenidas en cuenta y se negocien con sus representantes. «Hemos hecho que cedan y el dinero para las pensiones ha aparecido donde decían que no había. Si ese acuerdo se llega a materializar por escrito podremos decir que hemos ganado una batalla… pero no la guerra».