El pasado 4 de octubre entró en vigor en Asturias la conocida como Ley de Muerte Digna por la que los pacientes pueden rechazar tratamientos o recibir sedaciones paliativas en los momentos finales cuando se encuentren en situación grave e irreversible, aunque ello implique un acortamiento de la vida. La norma aprobada no aborda la eutanasia o el suicidio asistido por tratarse, según comentó el consejero de Sanidad, de una competencia de ámbito estatal.
Es curioso cómo en la calle estos temas están a la orden del día y en cambio se hable tan poco de ellos a nivel político o jurídico. La muerte es un tema incómodo por el que se intenta pasar de puntillas.
Nos ha llamado la atención que la última vez que la encuesta del CIS preguntó por este tema a los ciudadanos haya sido en 2009, después existe un silencio absoluto. Los datos recogidos en aquella encuesta señalaban que más del 77,5% de ciudadanos aprobarían la legislación de la eutanasia y casi un 40% apoyaría el suicidio asistido. Uno se pregunta por qué el derecho a poner fin a la propia existencia no forma parte desde el principio de los tiempos del proceso lógico de la vida. ¿En qué momento cambió? Si la muerte forma parte de la vida, ¿por qué se nos quita el derecho a vivirla dignamente?
La muerte impone respeto y la eutanasia parece haberse convertido en un problema incómodo para el poder político, que con frecuencia se ve influido por las creencias religiosas no propias de un estado aconfesional como es el nuestro.