Este año 2019, Amnistía Internacional (AI) hizo público un detallado informe, bajo el título “Leyes concebidas para silenciar: ataque mundial a las organizaciones de la sociedad civil”, donde se analizan normas o proyectos normativos de 50 países de todas las regiones del mundo que utilizan o están elaborando leyes concebidas para restringir el derecho a las libertades civiles más elementales, empezando por el derecho de asociación, reunión pacífica y expresión. AI constata cómo en todo el mundo, y cada vez más a menudo, las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos que alzan la voz contra las leyes y las prácticas gubernamentales injustas, cuestionan la opinión pública o a quienes están en el poder, y exigen justicia, dignidad y libertad son objeto de ataques. Estos agentes sociales se enfrentan a campañas difamatorias y hostigamiento, a procesamientos por cargos falsos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas e incluso la muerte o desapariciones forzadas sólo por la labor que desarrollan. En el informe se aprecia cómo está aumentando el ataque de gobiernos de todo el mundo contra las organizaciones no gubernamentales mediante la creación de leyes que las someten, a ellas y a su personal, a vigilancia, a kafkianas trabas burocráticas y a la amenaza constante. Sólo en los dos últimos años, en el mundo se han adoptado o están en trámite casi 40 instrumentos legales que interfieren con el derecho de asociación y han sido concebidos para obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, por lo general aplicando absurdos procesos para la inscripción de estas organizaciones en el registro, vigilando su trabajo, restringiendo sus fuentes de recursos y, en muchos casos, cerrándolas si no cumplen con los irrazonables requisitos que se les imponen.
La circunstancia singular de este panorama que describe AI es que no todas estas medidas son adoptadas en países que, en un examen inicial, pudieran ser fácilmente catalogados como regímenes opresivos o dictatoriales. Lamentablemente, también protagonizan esta involución gobiernos cuya práctica y planteamientos les adscriben a la corriente de las llamadas “democracias iliberales” o autoritarias (valga el oxímoron). O incluso, en algunos casos, incurren en esta tendencia, con distinta intensidad, gobiernos de países de mayores credenciales democráticas que persiguen sortear arteramente el sistema de controles y contrapesos propios de la división de poderes y que son reacios a soportar la crítica y el escrutinio provenientes de la sociedad civil y de los medios de comunicación.
En los dos últimos años, en el mundo se han adoptado o están en trámite casi 40 instrumentos legales que interfieren con el derecho de asociación y han sido concebidos para obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil
Este fenómeno, además, se vive en un contexto en el que la tendencia represiva o las pulsiones autoritarias no siempre cuentan con el recelo o la oposición de la ciudadanía. Al contrario, en no pocos casos, existe una aparente o expresa aprobación, por una parte no pequeña de la población, sobre todo cuando el hostigamiento y restricción de libertades se ceba con una minoría o se sostiene en la lucha con un enemigo, concreto o difuso, real o sobredimensionado (muchas veces el segundo de los casos).
El drama de nuestro tiempo es que el aprecio a las libertades no cotiza al alza, abonando el campo para su restricción. El deseo de anular al rival, ilegalizar o expulsar del terreno de juego lo que no nos guste o silenciar lo que nos incomoda no es propio sólo de gobernantes con tendencias autócratas, sino que se ha extendido como pauta de conducta en muchos más ámbitos. A ello se suma, en los países con mayor bagaje histórico en la materia, una extendida falta de comprensión sobre la fragilidad de las libertades y sobre el esfuerzo invertido en su consecución, lo que debilita gravemente su defensa, porque no se alza en su favor quien no ha interiorizado su importancia ni ha conocido un pasado reciente menos favorable. A su vez, la sensación de pérdida de control sobre el propio destino y el temor a los cambios vertiginosos de nuestra era (en la actividad productiva, en la composición social, en la relación con la tecnología, en la diversidad nacional, cultural y racial, etc.) acrecienta la inclinación a entregar parcelas de poder a líderes con poca vocación de compartirlo y con escaso respeto a los procedimientos y limitaciones propias del Estado de Derecho democrático. El binomio y equilibrio entre libertad y seguridad hace tiempo que se ha roto, en favor de la orientación securitaria que, además, no garantiza ni una ni otra. En efecto, ¿qué mayor desorden e inseguridad hay en aceptar ejercicios abusivos, arbitrarios e impunes del poder, en convertir a grupos sociales enteros en parias en su propio país, en admitir que alzar la voz suponga arriesgarse a la represión más o menos abierta, a veces saldada con la propia pérdida de libertad?