Gonzalo Olmos Fernández-Corugedo. Asturianos en Mauthausen

La responsabilidad del votante

Se acerca un periodo electoral inusual, ya que desde 1979 no se vivía la circunstancia de celebrarse, en un plazo temporal tan breve, dos...
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Transición y amputación energética

En los últimos meses se ha suscitado con fuerza -no es para menos- un intenso debate sobre el rumbo de la economía asturiana, en el contexto de la llamada transición energética y la descarbonización.
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Frixuelos, hórreos, másteres y educación

Poco más tengo que añadir, en el plano burlesco, a la riestra de memes, performances tuiteras e invocaciones salerosas al respeto de la cultura popular asturiana que se han sucedido tras las desafortunadas declaraciones de Pablo Casado en la presentación de la candidata que ha designado para la Presidencia del Principado de Asturias.
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Infiernos, paraísos y purgatorios fiscales

Uno de los grandes éxitos políticos -y culturales, si me apuran- de la derecha española, es haber convencido a una parte importante de la población española, incluidas personas que viven de modestas rentas del trabajo, de la existencia de una presión fiscal insoportable de la que hay que liberarse como sea.
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Enseñanzas de un centenario

El 11 de noviembre se cumplieron 100 años del Armisticio de Compiègne con el que se dio por concluida la I Guerra Mundial, aunque las negociaciones posteriores duraron meses, hasta la celebración de los distintos tratados de paz. Una guerra con epicentro y causas eminentemente en Europa, de dimensiones y consecuencias inesperadas por los propios dirigentes de los países en conflicto y con un coste humano de proporciones colosales.
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La batalla por la música en vivo

Parece mentira que llevemos años dándole vueltas a la manera de otorgar seguridad jurídica a la realización de conciertos en vivo en locales de hostelería de Oviedo, de manera que no tengan que desarrollarse en un entorno de incertidumbre o, como mucho, tolerancia y alegalidad.
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La Asturias huérfana y descreída

Empezamos el curso político 2018-2019, que es año electoral y en triple convocatoria esta vez, porque coincidirán las municipales, autonómicas y europeas el 26 de mayo próximo. El ambiente de crispación que irradia la política nacional previsiblemente contagie el debate electoral, en una Legislatura de las Cortes Generales particularmente convulsa, que ha visto circunstancias excepcionales, desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española ante el desafío independentista en Cataluña hasta la primera ocasión en que una moción de censura triunfa.
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La peste xenófoba

El sentir más extendido de nuestro tiempo es el miedo a perder lo que se tiene -o se cree tener-, por poco que sea, a manos de un tercero considerado extraño. Al menos así sucede en muchos de los países que disfrutan, por lo común, de unos ciertos estándares materiales de vida (aunque hay que ver cómo se reparte en ellos la riqueza y qué grado de desigualdad soportan), en los que se atiza con fuerza el fuego del temor a la desposesión, que prende con rapidez también entre las clases medias e incluso en las personas de recursos más humildes.
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Una bicicleta aparcada en Malleza

De todas las vivencias de la emigración asturiana en América, de quienes labraron junto con otras tantas manos el futuro de los países de destino y quienes dieron a sus aldeas de origen escuelas, caminos y fuentes, o al menos quitaron una boca que alimentar en la precaria familia que dejaron atrás, están aún por descubrir las historias más modestas de los muchos emigrantes anónimos cuyo rastro se perdió en el tiempo,
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Por una Comisión de la Verdad

En 2009 España ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Instrumento de Ratificación de la Convención fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 18 de febrero de 2011 y la Convención se encuentra plenamente en vigor, tras su ratificación por, hasta el momento, 58 Estados (se requería que al menos 20 Estados la ratificasen, lo que se consiguió ya en diciembre de 2010).

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