El pasado agosto se aprobó un Real Decreto por el que las bibliotecas públicas deberán pagar un canon por el préstamo de libros, en concepto de derechos de autor. La combinación de una directiva europea con la concreción que ha llevado a cabo el Ejecutivo español, ha dado como resultado la puesta en marcha de dos nuevos tipos de tasas a las bibliotecas: por usuario y por libro prestado. Se ensancha la delgada línea roja que separa el acceso de todo ciudadano a la cultura.
Primero, los datos. Según información facilitada por la Red de Bibliotecas de Asturias, el número de visitantes durante 2013 se elevó a los 3.033.246: esto quiere decir que cada habitante acudió a una biblioteca una media de 2,83 veces en el año. Se observa también un incremento de usuarios que utilizan gratuitamente internet en estas instalaciones. En cuanto a los préstamos, se han realizado cerca de millón y medio, entre libros de adultos, infantiles, audiovisuales, documentos sonoros, revistas y recursos electrónicos. A ello hay que añadir los préstamos interbibliotecarios, que siguen creciendo año tras año.
El pasado año se realizaron cerca de un millón y medio de préstamos. En Asturias se lee y las bilbiotecas están en alza.
En Asturias se lee, y las bibliotecas están en alza. Se ve gente por los pasillos, colas en la sección de préstamos, personas de todas las edades sentadas con un libro o periódico entre las manos: la aceptación de las bibliotecas se mide por el uso que se hace de ellas. Más del 50% de la población asturiana tiene tarjeta ciudadana o carnet de lector para acceder a los distintos servicios que se prestan, que son muchos y variados. Cuentacuentos, visitas guiadas, clubes de lectura, teatro infantil, audiciones y ciclos, concursos, exposiciones, conferencias… son algunas de las iniciativas que se realizan desde las bibliotecas para promocionar la lectura. También presentaciones de libros, algo por lo que nunca se ha pedido compensación a las editoriales o los autores. El pasado año se organizaron 6.792 eventos, con la participación de más de 150.000 personas.
A partir del 1 de agosto entra en vigor un Real Decreto que establece el pago de las bibliotecas públicas a entidades de gestión de derechos de autor por el préstamo de libros y por el número de usuarios. Una norma encuadrada en el marco legal europeo que llega a nuestro país con siete años de retraso y una avivada polémica. Desde la Asociación Profesional de Especialistas en la Información (APEI) miembro integrante de FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística), manifiestan su total desacuerdo con este canon impositivo y afirman que hay margen legal para combatirlo: «El decreto aprobado en España puede modificarse en muchos aspectos, por lo cual debe continuar la lucha, con el fin de garantizar el derecho al acceso a la información de todos los ciudadanos».
Según la nueva norma, el pago de esta remuneración no recae en los usuarios sino en las propias bibliotecas, que deberán abonar por cada usuario y por cada obra que se preste.
La polémica viene desde 2007, cuando una sentencia del Tribunal de Luxemburgo obliga a España a regirse por la norma europea. Ahí empiezan las críticas y se crea la Plataforma No al Préstamo de Pago, a la que se suman más de ciento veinte escritores de la escena literaria española, declarando en un manifiesto que no quieren «servir de coartada a esta nueva maniobra de mercantilización de la cultura, y exigimos que no se cobre canon alguno por el préstamo de nuestros libros». También se posicionan en contra editores, rectores de universidades, FESABID, y el movimiento 15M publica un manifiesto al respecto… Todo ello, sin resultados hasta la fecha.
Origen de la polémica
Según la Directiva Europea se reivindica «el derecho de remuneración a los autores por el préstamo de sus obras, realizados en determinados establecimientos accesibles al público». Según la nueva norma, el pago de esta remuneración no recae en los usuarios sino en las propias bibliotecas, que deberán abonar por dos conceptos: 0,005 euros por cada usuario que utilice el servicio de préstamos durante el año y 0,004 euros por cada obra que se preste. Y no será el Ministerio quien se encargue de administrar ese dinero, sino las entidades de gestión de derechos de autor. Ana Bernardo, de APEI, argumenta que «si bien la directiva reafirma el derecho de remuneración a los autores, también admite que los estados decidan cómo se determina, o si se exime a determinados establecimientos. Incluso permite que no se legisle al respecto, siempre y cuando se establezca una remuneración». Por este motivo muchos consideran que, de todas las interpretaciones posibles, el Ejecutivo ha elegido una de las más restrictivas.
El objetivo de la normativa europea es compensar a los autores, sin embargo muchos ven en esta medida un trato de favor a los intereses de las entidades privadas en materia de gestión y un nuevo ataque al fomento de la cultura.
Este nuevo canon, junto al cada vez más reducido presupuesto de las bibliotecas públicas, pone en un serio aprieto a sus responsables. «Creemos que es ahí donde los colectivos deben poner el énfasis», advierte Ana Bernardo. «La Administración Central debería asumir el pago del canon, ya que las competencias sobre gestión de la propiedad intelectual -y por tanto las relativas a derechos de autor- no están transferidas ni a las Comunidades Autónomas ni a la Administración Local. Si no, esta situación podría llevar al cierre de bibliotecas, al no poder hacer frente a los pagos, en otras se verá reducido el presupuesto para nuevas adquisiciones, actividades, etc».
¿Puede un préstamo bibliotecario sustituir a una venta? No hay datos que demuestren que una librería venda menos porque haya una biblioteca cerca; a cambio, la idea de que los lectores son compradores de libros es de una lógica evidente. En APEI van más allá: «Los escritores y escritoras en su inmensa mayoría se han manifestado en contra del canon, saben que las bibliotecas somos aliados y no enemigos de sus intereses. La gente que lee en las bibliotecas es también la que compra: ahí están los datos de ventas cuando se tienen encuentros con el autor. Además, las bibliotecas ya pagan a los autores al comprar las obras. El objetivo principal de las bibliotecas, especialmente de las públicas, es el acceso a la información, que es un derecho de todos los ciudadanos y debe estar garantizado».
¿Quién sale beneficiado?
Las entidades de gestión de los derechos de autor, como CEDRO o SGAE recibirán este canon y lo repartirán con un criterio ‘objetivo, proporcional y de público conocimiento’. Pero la Directiva no contempla un porcentaje concreto para los autores, y este tipo de asociaciones, al ser privadas, no están obligadas a cumplir las normas de transparencia aplicables en administración pública. Es decir, no está totalmente claro qué se hace con ese dinero una vez que se ingresa.
No hay datos que demuestren que una librería venda menos porque haya una biblioteca cerca.
La Asociacion Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (Anabad) advierte a través de un comunicado que «entre la asfixia del canon, los recortes económicos, la políticas culturales absurdas, la paulatina desaparición de la industria cultural, la llegada vía net de los libros a nuestros dispositivos y el abusivo IVA cultural, el panorama de las bibliotecas públicas es más que demoledor. Dentro de poco no existirán». Eso es algo que no están dispuestas a permitir las asociaciones y plataformas que siguen trabajando para cambiar la ley.
A pesar de la crisis, las bibliotecas asturianas siguen manteniendo el nivel de préstamos de libros e incrementando el número de lectores. Para muchos son lugares míticos donde dejar volar la imaginación, o comprender mejor la realidad que nos rodea, donde se puede acceder a miles de libros y películas, donde hay un espacio tranquilo y cómodo para trabajar o estudiar, donde acceder a wifi gratis… Estos espacios en estos momentos pertenecen a 534.966 asturianos: un 50% de población que guarda como un tesoro su carnet de biblioteca.