El Gobierno vuelve a modificar las pensiones sin acuerdo social ni político. Un decreto-ley aprobado el pasado mes de marzo endurece la jubilación anticipada y parcial. Es la antesala de una gran reforma que verá la luz en los próximos meses, con nuevos recortes encaminados a hacer ‘sostenible’ el sistema de pensiones. Pero ¿es éste realmente insostenible?.
Atrás ha quedado la promesa de ‘no tocar las pensiones’ del presidente Rajoy. Bruselas, y especialmente Alemania, urgen a España para que siga aplicando las medidas de austeridad. Primero fueron los salarios de los empleados públicos y los derechos laborales de los trabajadores. Luego, la enseñanza y sanidad pública, la prestación por desempleo, los servicios públicos y sociales, la dependencia, la igualdad, la justicia, la I+D+i… y ahora, las pensiones. Se dice que este sistema será insostenible dentro de poco y que hay que tomar medidas ya. ¿Argumentos sobre los que se apoyan? El envejecimiento de la población, y el aumento de la esperanza de vida. Esto supondrá que las pensiones prácticamente se dupliquen y pasen de los 9 millones actuales -contando también las no contributivas- a los 17 millones en 2050, con el consiguiente incremento del gasto (del 10,1% del PIB que gasta actualmente España en pensiones, se pasaría al 13,7% en 2050).
A partir de ahora, para poder acogerse a la jubilación anticipada voluntaria habrá que cotizar como mínimo 35 años.
En cuanto a la tasa de dependencia, es decir, la relación entre el número de personas en edad de trabajar (de 16 años a 64) y los jubilados, se calcula que por cada pensionista hay 3,4 personas en edad laboral. Las condiciones óptimas de viabilidad financiera se establecen a partir de una tasa de tres, pero se prevé que en 2050 sea de 1,6. Disminuye por tanto el número de cotizantes.
Siguiendo el argumento defendido por el Ejecutivo, este envejecimiento continuado de la población hace que llegue un momento donde las pensiones se conviertan en insostenibles, de ahí que «no haya más remedio» que tomar medidas aunque no sea lo «más deseable»: reducir las pensiones (ampliando años de cotización) y el número de pensionistas (alargando la edad de jubilación). Ambas son decisiones que el gobierno está adoptando unilateralmente, sin diálogo ni consenso. En diciembre se hizo pública la medida del Gobierno de no actualizar las pensiones para 2013, incumpliendo lo prometido en el programa electoral. El pasado año terminó con manifestaciones contra los recortes de las pensiones. A corto plazo se anuncian nuevas medidas. Esto produce un temor cada vez más extendido: ¿peligran nuestras pensiones? 
Este economista asturiano no está de acuerdo con las voces que hablan de la insostenibilidad de las pensiones. “El actual sistema de pensiones no es inviable ni insostenible, aunque haya que adaptarlo a las circunstancias demográficas, que no son nada buenas para los próximos cuarenta años. Lo que quiere decir eso es que tendremos que trabajar más o disfrutaremos de una pensión más pequeña, pero no que vayan a desaparecer. Lo normal es que las pensiones crezcan según vaya aumentando la productividad. Seguramente podremos mantener el poder adquisitivo, pero no como están funcionando hasta ahora”. El futuro del sistema de pensiones debería ser un tema abierto a debate donde la información y la transparencia estuviesen presentes. En este sentido, varios economistas, entre los que se encuentra De la Fuente, dirigen la mirada al modelo sueco: “Una de las cosas que tiene este modelo es el acceso de los cotizantes a una información detallada sobre las aportaciones que van realizando, para que vayan haciendo sus propios cálculos y viendo qué pensión obtendrían: años que necesitan trabajar de más, los que necesitan cotizar, etc. El trabajador puede tomar las decisiones que estime oportunas con tiempo para preparar su jubilación. En este modelo las pensiones son variables: dependen de las aportaciones realizadas durante la vida laboral pero también introduce válvulas de seguridad que ajustan automáticamente los pagos en caso de cambios en el sistema: esperanza de vida, evolución del empleo, crecimiento del PIB, etc. Esto garantiza la sostenibilidad del sistema y evita rigideces. No estaría mal que el sistema español fuera evolucionando en esta línea”.
Los recortes no son la solución: Otras propuestas
«Sí, peligran tanto las pensiones como otros derechos sociales, pero no por las razones que se están apuntando sino precisamente por las políticas que se están aplicando», opina Juan Torres López, catedrático de Teoría Económica y Economía Política y autor de «¿Están en peligro las pensiones públicas?» (*). Son «políticas que se vienen aplicando desde hace varios años y que han generado falta de empleo, precariedad, salarios bajos, desigualdad, especulación financiera, recorte de gasto social… Por tanto, el sistema de pensiones público estaría en peligro si sólo se financia con las cotizaciones sociales que puede proporcionar el actual nivel de empleo, y con las tasas de crecimiento que se obtienen a partir de este modelo productivo, donde prima la actividad especulativa y que genera una destrucción neta de recursos materiales y naturales».
¿Cuál sería la alternativa? Torres, junto a otros economistas de reconocido prestigio, insiste en que la salida a esta situación debería situarse en dos frentes: «Generar actividad económica sostenible que se traduzca en más empleo e ingresos más elevados y mejor distribuidos; y financiar parte del sistema de pensiones mediante impuestos. Hay países donde las pensiones son financiadas enteramente con fondos públicos», recuerda. La clave no son los recortes, sino reanimar la economía, recuperar los casi cuatro millones de puestos de trabajo perdidos, aumentar la productividad, y atajar el despilfarro y la corrupción. Mientras no se hable de estos temas y se siga por la vía de aumentar la edad de jubilación y alargar los períodos de cotización, seguiremos en un proceso de caída libre, se defiende desde esta línea de opinión.
“La clave no son los recortes, sino reanimar la economía y la productividad” Juan Torres López, economista.
Una caída libre muy peligrosa si se tiene en cuenta que, en estos momentos, casi dos millones de hogares españoles tienen a todos sus miembros activos en paro, que la crisis arrecia y que lo único que parece que queda en pie son las pensiones. Las cifras señalan que se han superado ya los nueve millones de pensionistas, en su mayoría por jubilación. Y que, en muy poco tiempo, muchos se han convertido en el único sustento económico de su familia. El 9,1% ha tenido que acoger a algún familiar en su vivienda. Casi un 10% ha tenido que cuidar a algún familiar y el 20,2% prestó ayuda económica durante el pasado mes de marzo a su familia, según un estudio encargado por la Unión Democrática de Pensionistas. La situación del pensionista se tensa al convertirse en elemento fundamental de la supervivencia de la familia.
Primer tijeretazo, las prejubilaciones
Estas primeras medidas endurecen los requisitos para la jubilación anticipada y sientan las bases de otra reforma más en profundidad que verá la luz en los próximos meses.
A partir de ahora, para poder acogerse a la jubilación anticipada voluntaria habrá que cotizar como mínimo 35 años. Tal y como se preveía, la edad para solicitarla voluntariamente se eleva de forma progresiva hasta los 65 años en 2027. De manera que en 2013 la edad de 63 años y un mes irá incrementándose de forma progresiva hasta llegar a los 65 años, que es la edad acordada en la última reforma.
En el caso de la jubilación anticipada forzosa, debida a un despido, la edad para acceder aumentará gradualmente desde los 61 años hasta los 63 años. Y los años de cotización exigidos pasan de 30 a 33.
El Gobierno también ha endurecido el acceso a la prestación por desempleo para los mayores de 55 años, que se calculará no sólo en base a su nivel de renta -como hasta ahora- sino al de la de la unidad familiar. Como novedad, abre la posibilidad de compatibilizar el trabajo por cuenta propia o ajena, ya sea a jornada completa o a tiempo parcial, con el cobro de una pensión de jubilación ordinaria o demorada.
Con la aplicación de estos recortes, el Ministerio de Empleo calcula unos 5.000 millones de euros de ahorro total.
Otra vez la minería
En el caso de Asturias, a estas medidas se les suman otras más concretas que afectan una vez más al sector del carbón. Sin previo aviso, el pasado 4 de marzo la dirección de la empresa pública Hunosa puso en conocimiento de sus Comités Intercentros la inmediata paralización de las aportaciones económicas con las que se realizaban los pagos a los trabajadores prejubilados del sector. Para Asturias significa que unas 8.000 personas dejarían de percibir entre 100 y 600 euros al mes, un máximo del 25% de la cuantía total en función de los casos. Hunosa justifica su decisión en una resolución de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, respaldándose en una interpretación que hace del artículo 22 la Abogacía del Estado.
Las prejubilaciones han sido una fórmula incluida en los sucesivos Planes Generales de la Minería, que otorgaban garantías a los trabajadores en casos de despido colectivo, y que nunca hasta el momento se habían incumplido. Este tijeretazo se enmarca dentro de la reforma de las pensiones y el ataque frontal contra las prejubilaciones, con el objetivo de alargar la edad de jubilación.
Las protestas en la calle han sido clamorosas, por la cuantía del recorte, porque se produce en un momento especialmente delicado para la minería, y porque afecta a unos territorios duramente golpeados por el desempleo.
Tras fracasar la mediación solicitada al SASEC (Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos) los prejubilados de Hunosa ya han anunciado que recurrirán al Tribunal Superior de Justicia de Asturias.