Por experiencia particular y por convicción personal, creo que la participación activa en los asuntos públicos, la asunción de responsabilidades ejecutivas e incluso la militancia partidaria no tienen por qué estar reñidas con la suficiencia de criterio necesario para, en un momento posterior, desempeñar funciones en órganos institucionales en los que la ecuanimidad y la autonomía en la toma de decisiones es determinante. Que una persona haya optado, en un determinado momento, por colaborar comprometidamente con un gobierno o un partido político no tiene por qué inhabilitarle necesariamente para responsabilidades para las que demuestre su valía y en las que, por su trayectoria, se presume que desempeñará sus funciones de manera adecuada a la altura del cometido conferido.
El problema surge cuando el procedimiento de selección de las personas llamadas a ocupar responsabilidades en órganos institucionales de la máxima entidad, de relevancia constitucional o estatutaria, o que resultan esenciales para la regulación de sectores económicos, viene fuertemente condicionado por una cultura partidaria fuertemente expansiva. En este tipo de situaciones es fundamental que los detentadores del poder político demuestren una vocación de respeto por el sistema de equilibrios propio de la arquitectura institucional democrática, en especial cuando la decisión afecta al núcleo del funcionamiento del sistema, que es la división de poderes. Y, evidentemente, a ese anhelado modelo de responsabilidad institucional debe sumarse una regulación legal suficientemente completa en materia de requisitos del designado, incompatibilidades, causas de inelegibilidad, prevención del conflicto de intereses, etc.; normas que, aunque nunca asegurarán el acierto del nombramiento, al menos contribuirán a evitar situaciones indeseadas.
El partido gobernante se ha decidido a prescindir de miramientos y la pelota pasa desde ese momento a otros tejados: el de aquellos que deben demostrar su cuestionada independencia. No siempre las precauciones citadas funcionan. A veces puede más la voluntad de poseer el mayor número de resortes de mando posibles o de atenuar todos los contrapesos contemplados en la estructura del sistema. E iniciada la dinámica de sometimiento de las instituciones, la espiral avasalladora se retroalimenta hasta oxidar el engranaje interno de limitación del poder. En los casos patológicos, una democracia representativa relativamente sana es arrastrada a las aguas turbias del autoritarismo y acaba por resultar irreconocible, porque uno a uno los procedimientos de supervisión son desvirtuados, desconectados y puestos al servicio de un objetivo –el del Ejecutivo y sus sostenedores- distinto del previsto. La misma corrosión opera en las instituciones reguladoras del mercado cuando pasan a ser trofeo de caza, dando paso a lo que Stiglitz bautizó como el «capitalismo de amiguetes», que, precisamente, es el mayor enemigo del correcto y limpio funcionamiento del libre mercado.
Para que eso suceda, hay un primer estadio de deterioro en el que un grupo de poder en horas fuertes reduce drásticamente el elenco de personas que pueden ser llamadas al ejercicio de una responsabilidad de esta categoría a aquellos profesionales que considera de su entorno y afinidad, sin considerar de antemano otros posibles perfiles y sin perseguir la fortaleza y vitalidad de los órganos de control de los que se trata. En España en esa fase primigenia estamos, con escaso debate público -más allá de la polémica inicial- sobre la degradación que puede conllevar, porque el partido gobernante ha promovido, de forma escasamente disimulada, la promoción de un militante suyo a la Presidencia del Tribunal Constitucional; de un ex alto cargo en el Ministerio de Justicia a la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial; de un afiliado del PP, ex Diputado, ex Ministro de Sanidad y ex Consejero de la Xunta de Galicia, como Presidente del Consejo de Estado; de una dirigente del PP y ex Ministra de Medio Ambiente como Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; y de un ex alto cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología a la Presidencia de RTVE (en todos los casos hablamos de pertenencia o dependencia de gobiernos del mismo signo, claro). La enumeración se efectúa por citar órganos en los que no sólo la solvencia profesional que concurre en las personas citadas es necesaria, sino que también se precisa una particular independencia y la ausencia de toda duda de parcialidad; cautela que en estos casos no parece totalmente garantizada, sobre todo porque los nombramientos responden a una misma estrategia dirigida a copar descaradamente todos los espacios del poder público.
El prestigio de las instituciones y su correcto funcionamiento es también una cuestión de actitudes, estilos y autocontroles. El partido gobernante se ha decidido a prescindir de miramientos y la pelota pasa desde ese momento a otros tejados: el de aquellos que deben demostrar su cuestionada independencia; y el de la ciudadanía en cuya conciencia y capacidad de acción está repeler cualquier desvío hacia el despotismo.
La ocupación completa del poder
