Como si la crisis económica no estuviese ya trayendo bastantes zozobras a Asturias -por cierto, la comunidad con la cifra de mayor crecimiento de desempleo en 2012-, tenemos un gran interrogante pendiendo sobre el sector minero en su conjunto.
La reconversión de la minería no es un asunto simple. No tiene una sola vertiente, ni una versión única, ni tampoco parece posible una vía de salida que sea la buena, la que conforme a todos. Históricamente, cada vez que se ha abordado la reconversión de una actividad ha resultado ser una operación socioeconómica de enjundia, un proceso lento, complejo, controvertido y penoso para quienes han tenido que padecerlo. A la hora de plantear recortes se pide un sacrificio enorme en el presente, en pos de un beneficio mayor en un futuro. Pero ese supuesto beneficio a veces se ve demasiado borroso en el horizonte. En el caso que nos ocupa, se suman demasiadas incertidumbres: se echa en falta un norte, aparecen difusos los objetivos, resulta chocante la indolencia con que el Gobierno deja pasar el tiempo, sorprenden las decisiones tomadas aprisa y sin consultar, igual que desconcierta que se digan cosas y que al rato se desdigan. Como si no hubiese en juego varias empresas, muchas familias, miles de trabajadores. Esta suma de rarezas está convirtiendo el tema del carbón en una deriva kafkiana, cuando debería ser un proceso programado y conducido con sentido común y sensibilidad hacia los afectados. En los últimos meses parece que hay una sola estrategia, y es la de marear la perdiz. No se puede esperar de eso más que unos pobres resultados.
Y claro, en Asturias nos toca de pleno. Tenemos por delante cuatro años en los que debe redefinirse todo el escenario. De aquí a 2018, se supone que se aclarará cuánto se cierra y cuánto no. La parte que no, responderá a criterios de competitividad, y por tanto tendrá opción a continuar en el mercado, aunque relativamente, si se cumple eso de que deban devolver todas las ayudas recibidas.
Se puede entender que en las circunstancias actuales sea necesario reconvertir un sector para hacerlo rentable –mal que nos pese, es evidente que el mercado manda-, pero lo que no se entiende es que se haga sin hablar, sin dar voz a los implicados. Lo que piden los que genéricamente se da en llamar “agentes sociales” es más que legítimo en democracia. Piden participar. Piden ser escuchados. Piden formar parte de un proceso que, si ha de ser, que sea de la manera menos traumática posible y en las mejores condiciones para los trabajadores, que son el eslabón último de la cadena y el que soporta finalmente el peso de los ajustes. Al cierre de esta edición, el Ministerio de Industria anunciaba la retirada de las ayudas en 2015, lo que supone la estocada definitiva al sector. No conceder siquiera la posibilidad de sentarse a la misma mesa a debatir es un desplante inconcebible, no importa que haya una mayoría absoluta por medio. En este tema y en cualquier otro, democracia significa participar, y no sólo cada cuatro años. Por tanto, al margen las complejidades intrínsecas del asunto del carbón, lo que no se debe permitir es la política del manotazo en la mesa. Ni en este tema ni en otros que están todos los días en los medios de comunicación, léase sanidad, educación, justicia, etc.
Para poder dar respuesta, representantes de los trabajadores, políticos y ciudadanos deben forjar un frente sólido de criterio y de acción. Unidad para sumar fuerzas. Unidad para decir alto y claro que los mineros y Asturias tenemos voz, además de voto.