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martes 19, marzo 2024

Hablando de hablar

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Citando al sociólogo Juan Carlos Monedero: ‘la democracia se construye sobre palabras’. Quiere esto decir que sin diálogo no hay democracia, que las ideas y sus consecuentes hechos hay que defenderlos, matizarlos y consensuarlos en la medida de lo posible.
Esto, que parece de perogrullo, es el origen de muchos de los problemas actuales: la falta de entendimiento, la mala gestión del proceso que debe llevar del conflicto al encuentro, ha derivado en un enrarecido clima político, en el que la mayoría numérica parece patente de corso. Y si bien no es difícil recordar cómo gobiernos anteriores -de cualquier signo- usaron ese absolutismo para aprobar determinadas medidas, no conocíamos esta capacidad de tomar el Decreto Ley como modus operandi. Lo que debería ser una herramienta de utilización excepcional se ha convertido en norma, lo nunca visto.
La mayoría absoluta en el gobierno central marca en estos momentos una hoja de ruta inexorable, con recortes en lo que hasta hace bien poco considerábamos intocable: sanidad, pensiones, educación pública. Y se hace, en casi todos los casos, sin informes previos, sin razonamiento, sin debate ni ánimo de convencer a una oposición que, al fin y al cabo, es prescindible en el cómputo final de votos.
Asturias entró en la lista de comunidades «insumisas» por la puerta grande, negándose a aplicar el copago sanitario y planteando un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Decreto Ley que desgrana la reforma de la Sanidad estatal. Parece que no queda otra: cuando falla la vía de las palabras, entra en juego la judicial. Asturias tiene ahora mismo varias causas pendientes en los tribunales, además de ésta: el reparto asimétrico del déficit, los recortes en educación, la Ley de Costas, el impuesto a los depósitos bancarios a «tipo cero».
Gran parte de estos recursos se justifican en la Constitución, como documento de referencia donde se listan todos esos derechos que se nos están arrebatando poco a poco. Una norma fundamental que nació -se supone- del consenso y que sólo debería cambiar si éste existe. Y, si bien muchas veces a los ciudadanos de a pie se nos escapan los resquicios legales y los plazos de la justicia se nos pueden hacer eternos, está bien tener una referencia sólida, no sometida a los vaivenes del político de turno. Una vela para navegar en tiempos de tormenta, cuando la galerna amenaza con llevarse lo que nos mantiene a flote como sociedad.
Por eso, da la sensación de que muchos de los que se llenan la boca mentando la Constitución deberían releerla (o directamente leerla). También que los que dicen que ese texto no se toca, amenazando con la catástrofe nacional, recordasen que no hace tanto se modificó para limitar el endeudamiento público. También sin consenso, por cierto.
Y llegados a este punto, quizá habría que mencionar que todavía quedan opciones, que el mundo no se acaba en los entresijos políticos y judiciales. Porque parece que la calle, en forma de marea humana, también tiene cosas que decir y lo está haciendo, de momento, con un pacifismo sin más fisuras que la actuación policial.
Y la calle reclama fundamentalmente ser tenida en cuenta más allá de la cita con las urnas cada cuatro años. Un voto no es un cheque en blanco. Un voto es una opción que representa el principio del verdadero trabajo, que en democracia se basa en algo tan sencillo como hablar, con todo lo que ello conlleva.
Volviendo al principio, la democracia se construye sobre palabras, es decir: dialogando. No hay otro modo.

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