En septiembre de 2014 más de 3.000 ayuntamientos españoles presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional al considerar inadecuados ciertos planteamientos de la Ley de reforma de la Administración Local. Ignacio García Palacios, presidente de la Federación Asturiana de Concejos, fue uno de los alcaldes que personalmente cursaron el recurso en Madrid. El pasado mes de marzo el TC les dio la razón anulando varios de los preceptos polémicos.
El también alcalde del concejo de Navia explica ésta y otras cuestiones que preocupan a los municipios españoles.
-Uno de los puntos polémicos de la Ley fue el intento de eliminar competencias de servicios sociales y sanidad a los gobiernos locales, aunque finalmente el TC se pronunció a favor de los municipios.
-Sí y un 38% de los ayuntamientos españoles hicimos una reclamación ante el Constitucional, algo insólito. Esto mueve a pensar que era algo importante de todo el arco municipalista en España, porque sólo quedó en defensa de la Ley el partido del Gobierno.
La Ley no tuvo en ningún momento la participación directa de los ayuntamientos, lo cual, ya de por sí la descalifica. Afortunadamente, en ese sentido la sentencia fue contundente, y como dijo Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha sido un varapalo al Gobierno en toda la apreciación.
-¿Qué es lo que reivindican los municipios españoles?
-El elemento central es la autonomía municipal. Defendemos el derecho a tener una autonomía en el tema de las competencias y actividades de ayuntamientos. La ley, por varios conductos, las elimina en materias sociales y educacionales y esto es un disparate porque esta medida iba a empeorar el servicio. Somos los gobiernos locales los que, por la cercanía con los ciudadanos y por la facilidad para conocer sus problemas, tendríamos que prestar esos servicios. Entendemos que es la mejor forma de darlos y nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio. Estamos hablando de cuestiones como la educación de 0 a 3 años o de los servicios sociales en general, entre los que se halla la ayuda a domicilio, la teleasistencia, las ayudas en caso de emergencia…
Y no sólo queremos que no nos las quiten, si no que nos den más financiación para desarrollar estas competencias de mejor forma.
«En Asturias, sobre todo, necesitamos un presupuesto aprobado, no prorrogado»
-¿Es falsa la imagen de los municipios como malos administradores de las arcas públicas?
-Es rigurosamente falso que somos dilapidadores. Gracias a nosotros se cumplen los objetivos de Europa porque somos la administración que da superávit. En 2011 teníamos el -0’3% del PIB, pero a día de hoy exhibimos un superávit del 0’5%, que además va en aumento y es el que enjuaga el déficit de las otras dos administraciones para cumplir con los compromisos europeos.
-La sociedad reclama cada vez una mayor transparencia de las instituciones para ver cómo se gestionan los recursos.
-En Asturias hay una Ley de Transparencia y es la comunidad autónoma número uno en cuestión de transparencia. Hace tres años ocupábamos el penúltimo puesto en la lista de autonomías españolas en dación de cuentas, mientras que en el último ejercicio ya estábamos como los primeros de España. Desde los ayuntamientos se ha trabajado mucho y el Consorcio de Servicios Tecnológicos hizo una labor muy importante para que los ayuntamientos asturianos pudieran dar sus cuentas a tiempo. Y lo hacemos con facilidad y prontitud.
-Hay sectores que plantean que el desarrollo de Asturias pasa por la fusión de municipios, lo que permite optimizar recursos y disminuir gastos, pero plantea el problema de identidad. ¿Por dónde enfocar el futuro?
-Hay un estudio que encargó el Gobierno del Principado, con el que estoy bastante conforme. Lo primero que establece es que setenta y ocho ayuntamientos no son preocupantes para la población, en relación a la extensión. Y desemboca en las comarcas naturales, que están bien definidas. Mediante este sistema ya estamos compartiendo muchas cosas, pues son una muy buena idea para estructurar servicios. En la comarca natural de la cuenca del Navia compartimos los servicios turísticos, los servicios de oficina técnica o los servicios para hacer proyectos, pero a lo mejor también es interesante gestionar en conjunto el agua. Este sistema ya lo inventaron las empresas, a nivel privado, ahora se trata de hacerlo con los servicios públicos. Y en ello tampoco se trata de hacer comarcas rígidas. Lo que no ha funcionado son las mancomunidades y órganos que dependen directamente de los ayuntamientos y sus aportaciones. El futuro son las comarcas que contratan los servicios que pagan los ciudadanos con un organismo que los comercialice y sea eficiente al trabajar para varios municipios cercanos.
«Gracias a la gestión económica en los municipios españoles se cumplen los objetivos de Europa porque somos la administración que da superávit»
-¿Qué disposición muestran los municipios asturianos frente a la cuestión de los refugiados?
-El tema de refugiados tiene varios escenarios. Uno es el internacional, el europeo, donde los han paralizado en Turquía. Luego hay un escenario español, donde la mayoría del arco parlamentario está en contra de esa decisión de tenerlos en ese país como en un campo de concentración y pagarle para que permanezcan ahí. Sin embargo, el Gobierno del Estado en funciones ha dicho otra cosa diferente, y esas discrepancias no permiten tomar medidas. Luego las autonomías y más abajo los ayuntamientos, han mostrado en todo momento una disposición muy favorable a la acogida de refugiados. No a que vengan todos, sino aquellos que vienen huyendo de una guerra, igual que nosotros huimos en la Guerra Civil. Eso está en la mente de todos.
Pero un partido de fútbol no se puede jugar si no hay pelota, así que nosotros no podemos demostrar esa solidaridad si no nos dejan desde Europa, ni desde España.
-¿Hay en Asturias posibilidades de acoger refugiados?
-En Asturias hay sensibilidad al respecto, están de acuerdo muchos ayuntamientos, incluso hay algunos movimientos de recogida de víveres, ropa y dinero para enviar. La realidad se producirá -si es que llega a producirse-, cuando haya efectivamente refugiados. Aunque España hablaba de ciento ochenta y seis, y para esa cantidad no hace falta hacer una movilización.
«Los ayuntamientos han mostrado en todo momento una disposición muy favorable a la acogida de refugiados. (…) Pero un partido de fútbol no se puede jugar si no hay pelota, así que nosotros no podemos demostrar esa solidaridad si no nos dejan desde Europa, ni desde España»
-¿Cuáles son los grandes retos que tienen por delante las administraciones locales?
-El reto conjunto de los municipios asturianos es una mejora continua de los servicios que damos a los vecinos. Y para ello necesitamos una Ley de Financiación de los Municipios, cuestión por la que están luchando todos los municipios españoles a través de sus Federaciones. Yo tengo la percepción de que ésta puede ser una legislatura que precisamente sea municipalista, porque se prevé que va a haber una intervención en el mecanismo más importante de la sociedad española, que es la Constitución. Y como los municipios estamos en régimen de igualdad con otras administraciones, aspiramos a que cuando se hable de la financiación autonómica se hable de la municipal también.
Otra cuestión es mejorar esa financiación y gestión que tenemos acreditadas, permitiéndonos que el techo de gasto se modifique.
Y en Asturias, sobre todo, necesitamos un presupuesto aprobado, no prorrogado. Eso es lo que pedimos desde nuestra posición administrativa: que la Junta del Principado llegue a acuerdos, porque no es presentable que se pase todo un año con muchas obras paralizadas y retrasos en muchas decisiones.
-Los Planes Locales de Empleo, que nacieron para dar trabajo temporal a personas que estaban en paro, están generando denuncias por parte de usuarios. ¿Cómo se puede dar solución a esto?
-Concretando las modalidades de contratación, utilizando el contrato por obra o servicios para los Planes de Empleo. Desde la Federación recomendamos que se concrete y cumpla la obra que va asociada a esos Planes de Empleo. Haciéndolo así, en principio parece subsanada la cuestión, pero en paralelo tenemos otro gran problema y es que en España estamos con un gobierno en funciones y nosotros necesitamos un gobierno que funcione, no un gobierno «en» sino un gobierno «con». Cuando eso se aclare propondremos una modalidad de Contrato para la Formación pero que pague el paro. En resumen, se trata de contratar a personas que están en riesgo de expulsión laboral para que puedan primero volver a coger la rueda laboral, y que además puedan cobrar paro posteriormente si no encuentran trabajo. Es el único modelo que vemos posible porque un paisano de sesenta años lo que quiere es cotizar –no sólo cobrar-, y si este tipo de contrato no lo contempla, los excluye.
El paso valiente de los ayuntamientos en este terreno es arriesgarnos, aún a riesgo de que por alguna vuelta jurídica o lo que sea haya problemas, que los asumimos, pero lo hacemos porque queremos paliar el paro en la medida que podamos. Este es un tema doliente para algunos ayuntamientos que han sido denunciados, pero por encima de todo valoran que la mayoría de personas que entran en los Planes de Empleo van a mejorar su autoestima, a trabajar y a ganar un dinero que además cotiza para la Seguridad Social.