‘El Gobierno central decide -a través de un Real Decreto- que los inmigrantes en situación irregular no reciban atención sanitaria regular, y esto choca frontalmente con nuestra ética médica, que dice que no podemos excluir a nadie por razón de ideología, credo, color de piel o situación administrativa’, defiende con contundencia el doctor Salvador Tranche.
El uno de septiembre entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 por el que se excluye a estas personas de la asistencia sanitaria gratuita. En respuesta la SEMFYC, Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, con más de veinte mil asociados en toda España, lanza una campaña para que médicos de cualquier especialidad puedan declararse -si así lo desean-, objetores de conciencia. Cientos de profesionales de la medicina han decidido anteponer su lealtad con los pacientes y su juramento hipocrático al cumplimiento de la norma: “Unos 1.700 en toda España y más de cincuenta en Asturias”, puntualiza Tranche, secretario general de la SEMFYC.
Insumisos no: objetores
Aunque popularmente se les denomina “médicos insumisos”, ellos insisten en que son objetores. “Esta norma sitúa a los profesionales de la medicina en una situación muy incómoda, en una disyuntiva. Por un lado, tenemos que obedecer a quien nos ha contratado que es el Servicio de Salud. Pero por otra parte esta norma rompe la relación de lealtad que debemos a nuestros pacientes. No pueden cambiarse las reglas del juego de la noche a la mañana. Podríamos haber optado por una especie de desobediencia civil o insumisión, aceptando todas las consecuencias punitivas que pudieran derivarse de ello: suspensión de empleo y sueldo, apertura de expedientes, etc. pero optamos por la objeción de conciencia, una respuesta individual y subjetiva que recoge la ley. Un médico tiene derecho a objetar siguiendo sus principios, de forma personal, notificándolo a la administración sanitaria y al Colegio de Médicos. Contra ello no pueden derivarse acciones punitivas. Es un derecho que nos asiste”. Si al principio sólo fueron médicos de familia los que se sumaron a esta iniciativa, posteriormente lo han hecho profesionales sanitarios de otras especialidades, trabajadores sociales, enfermeros. Porque “curar no es una obligación, sino un derecho”.
“Avanzamos hacia una privatización, como ya está ocurriendo en algunas comunidades autónomas”
Población diana
A partir del 1 de septiembre los inmigrantes que no cuentan con estancia legal en España se convierten en población diana, objetivo de estas medidas: dejarán de ser atendidos por los servicios de salud ordinarios, salvo atenciones básicas como “urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años”, según señala el Real Decreto-Ley 16/2012. “¿Y qué hago yo con un sahariano que llega a mi consulta con paludismo? ¿No le vacuno? ¿Permito que genere un grave problema de salud pública?”, se pregunta Tranche. Los facultativos advierten de que esta medida puede ser contraproducente desde el punto de vista epidemiológico, y más costosa económicamente. “El gasto que se va a generar derivando pacientes a urgencias es mayor, además de saturar aún más a este servicio que en principio está diseñado para resolver patologías urgentes y vitales. ¿Qué hago con un paciente que está con tratamiento de diálisis o tuberculosis? ¿Espero a que esté muy mal y lo mando a urgencias semana tras semana para que le pongan el tratamiento? No me gusta hablar en estos términos, pero esta norma va a acarrear graves problemas de salud pública”, señala este médico de familia.
En Asturias existen unos cuatro mil inmigrantes, aseguran las ONG’s. Hablamos de un colectivo que -según datos de la SEMFYC- acude menos al médico que el resto de población española, “por más que intenten convencernos de lo contrario. Y es lógico, los que vienen a nuestro país es la gente más sana, fuerte, joven, mejor preparada… Nadie emigra por placer. Ese es un mito que se desvanece con datos en la mano”.
Paquete básico
El SEMFYC propone un paquete básico de asistencia primaria para los inmigrantes que incluye la atención primaria, la salud pública y la prevención, la asistencia urgente, atención a la discapacidad y la prescripción de medicamentos esenciales propuestos por la Organización Mundial de la Salud y reconocidos en la mayor parte de países de nuestro entorno. A partir de aquí empieza lo que denominan el ‘baile de las autonomías’: “Salen los consejeros de Sanidad de distintas comunidades y empiezan a decir cosas que no aparecen en el decreto. Se han publicado algunas instrucciones pero en la mayoría de comunidades no tenemos información detallada”. Cada Comunidad busca un modelo para cumplir los recortes y la mayoría no sabe cómo. Otras, directamente, se declaran insumisas a la norma como Andalucía, Cataluña, el País Vasco o Asturias. ¿Qué margen de maniobra tienen las comunidades autónomas para aplicar o no el Real Decreto? “En el tema de atención a los inmigrantes, tienen cien por cien de autonomía para decidir. Nos encontramos con cuatro comunidades que están en contra de la medida y van a seguir prestando atención sanitaria, y trece que van a adoptar decisiones variopintas”.
Respuesta social positiva
A pesar de que desde el Ministerio se amenaza con una batalla legal contra los objetores, desde la calle los movimientos sociales, asociaciones de emigrantes, sindicatos, etc. secundan esta iniciativa. “Cada vez hay más gente que apoya lo que decimos. Hemos iniciado acciones conjuntas con Médicos del Mundo, sociedades civiles como Red Acoge o Salud y Familia, Amnistía Internacional… Se van incorporando distintas sociedades de medicina de familia, medicina interna, Sociedad Española de Neuropsiquiatría, etc. Estamos aunando voluntades, sin protagonismos ni motivaciones políticas. Queremos que la ley retire los apartados que estamos denunciando y queremos seguir pensando que podemos conseguirlo”.
“¿Qué hago yo con un sahariano que llega a mi consulta con paludismo? ¿No le vacuno? ¿Permito que genere un grave problema de salud pública?”
“Hoy son los inmigrantes, mañana pueden ser los ancianos porque generen mucho gasto público”