Ferrocarril de cercanías y competencias autonómicas

Desde que la crisis económica impactó duramente sobre las cuentas de las Administraciones y se generó una desconfianza severa sobre la capacidad de respuesta de los poderes públicos, se produjo como réplica de este terremoto –una de tantas que ha habido, la mayoría altamente destructivas- un castigo adicional a las Comunidades Autónomas, una nueva tendencia a la recentralización competencial (con el Gobierno estatal marcando la pauta de los recortes y las medidas legislativas de urgencia) y la pérdida del impuso autonómico que en la década precedente había deparado una nueva generación de Estatutos en varias Comunidades (y trabajos preparatorios en muchas otras, luego en vía muerta). Quedó desterrada de la agenda pública autonómica la revisión de los Estatutos, la transferencia de nuevas competencias y, lo peor (porque afecta a la eficacia de nuestro sistema territorial), desapareció cualquier intento de establecer instituciones y procedimientos propios de un modelo federal, en el que exista una verdadera cooperación y compromiso entre Comunidades y Estado. En este contexto, mencionar la sola posibilidad de que una Comunidad Autónoma asuma nuevas competencias, con la dotación de recursos asociada y la profundización en su capacidad de autogobierno, parece prácticamente prohibido. En el caso de Asturias, además, la cuestión ni siquiera figura en los discursos de las fuerzas antaño más partidarias de incrementar los techos competenciales y completar nuestra estructura institucional. Sin embargo, las causas que sustentan la apuesta por el desarrollo competencial de las Comunidades Autónomas y por acercar la toma de decisiones en determinados aspectos al territorio sobre el que se han de aplicar, deberían seguir motivando un debate racional sobre la materia, desde un punto de vista político y de eficacia en la gestión, sin los apasionamientos propios de la algarabía partidaria a la que nos hemos acostumbrado.

Es lamentable que las posibilidades de vertebración de villas, rasa costera, zonas periurbanas y valles mineros que ofrece la vieja red de FEVE no hayan sido aprovechadas para permitir oportunidades de actividad y fijación de población.

Pongamos como ejemplo lo que viene sucediendo en los últimos años en Asturias en materia de transporte ferroviario de cercanías, y singularmente respecto a los servicios de FEVE (que han perdido el 55% de viajeros desde 2005). En un momento en el que la ordenación del Área Central y las políticas de reequilibrio territorial vuelven a cobrar cierta importancia en la actuación del Gobierno del Principado de Asturias (aun con las dificultades que para todo proyecto comportan los efectos aún presentes de la crisis), y cuando en todas las estrategias para frenar el cambio climático se coloca el transporte sostenible como prioridad (lo que llevaría a potenciar el ferrocarril de cercanías frente al vehículo privado), nos encontramos con un servicio abandonado a su suerte por el Ministerio de Fomento, al que le importa más bien poco lo que suceda en esta región, los pueblos que se quedan sin transporte y las oportunidades de desarrollo que se pierden. Es impensable que no haya una red de cercanías verdaderamente integrada (y eso que RENFE y la antigua FEVE ahora están bajo una única gestión), que los servicios existentes no conecten puntos neurálgicos de los principales núcleos de población ni los polígonos industriales (al menos los del Área Central). Es alucinante y tremendamente significativo que el Aeropuerto de Asturias no tenga conexión ferroviaria de cercanías, cuarenta y ocho años después de su inauguración. Es penoso ver a diario la autopista Y sobrecargada y desvencijada sin que el transporte ferroviario contribuya de forma mucho más destacada a aliviar esta vía. Es lamentable que las posibilidades de vertebración de villas, rasa costera, zonas periurbanas y valles mineros que ofrece la vieja red de FEVE no hayan sido aprovechadas para permitir oportunidades de actividad y fijación de población.
Si las cercanías ferroviarias estuviesen bajo el amparo competencial autonómico, en su integridad, con la dotación presupuestaria transferida (en cuantía adecuada) y confiriendo capacidad de actuación tanto sobre prestación del servicio como en la gestión de infraestructuras, aunque la complejidad de la gestión continuase siendo importante, y desde luego, nadie obraría milagros, posiblemente la atención política sobre la materia le otorgaría la debida prioridad. La sociedad, además, no asumiría mansamente –como está sucediendo, en buena medida- el deterioro irreversible del servicio, pudiendo realizar un seguimiento directo de las decisiones, hoy prácticamente alejadas del escrutinio público. Y se analizaría con la profundidad e intensidad que corresponde el papel de este medio de transporte insustituible en el futuro de esta tierra.