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miércoles 28, febrero 2024

Medidas contra la despoblación

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En Japón hay decenas de municipios al borde de la desaparición. A ese desplazamiento de la población rural a las grandes urbes que viene realizándose desde hace años -convirtiéndose en un problema de superpoblación en ciudades como Tokio- se suma el envejecimiento de la población por una crisis de natalidad que ha llevado a muchos pueblos a quedarse sin habitantes y, por tanto, también sin servicios. Hay millones de casas vacías en el entorno rural, un fenómeno al que denominan “akiya”. Viviendas que con el tiempo van perdiendo su valor y acaban conservando sólo lo que vale la tierra.

El problema es de tal gravedad -los servicios públicos de las ciudades están cada vez más tensionados por la cantidad ingente de personas que tienen que atender- que el gobierno japonés ha activado un plan contra la despoblación ofreciendo generosas sumas de dinero (unos 7.600 dólares) para motivar a las familias jóvenes y con hijos a instalarse en los pueblos.
Lo llaman tarifa de reubicación, y crece cada año a medida que el problema persiste o se agrava. La cantidad se ajusta en base a un convenio realizado entre gobierno central y municipios locales que se distribuyen el gasto al 50% y la cantidad se actualiza cada año.

Como requisito está el vivir en alguno de los veintitrés distritos centrales de la capital japonesa y trasladarse a vivir al medio rural; permanecer allí un mínimo de cinco años -con la advertencia de devolver el dinero si no es así-, y para aquellas parejas jóvenes menores de 39 años que también se quieran beneficiar de una prestación añadida de 2.240€, deberán estar trabajando -en el nuevo destino o en remoto- al menos un miembro de la familia o planear abrir un negocio en el municipio.

El Gobierno nipón ha hecho cuentas y ha visto que, de seguir esto así, la crisis demográfica y el envejecimiento de la población conduciría a una reducción de la fuerza de trabajo y eso podría llevar no solo a un estancamiento económico sino también pondría en peligro el sistema de pensiones. En la actualidad más de 1.300 municipios (un 80% del total) se han sumado a esta iniciativa.

Durante los próximos años muchos países -como España- verán cómo su población en edad de trabajar se reduce cada vez más y cómo aumenta el número de personas mayores que demandan todo tipo de servicios. En Asturias el problema es más grave todavía, somos la comunidad más envejecida de España. En 2030 tendremos la población más envejecida de toda Europa.

Navia y Ribadesella se acaban de incorporar a los 55 concejos asturianos en riesgo de despoblación. Los de oriente y occidente son los que cuentan con menos de 20.000 habitantes y los que han visto reducida al menos un 10% su población respecto al año 2000, y eso no son buenas noticias.

La Asturias vaciada también se está vendiendo a buen precio. Hay aldeas enteras en venta, pero también casas que se están adquiriendo incluso sin venir a verlas. Madrileños, castellanos, catalanes, extremeños, están comprando en las zonas rurales casas a bajo precio para reformarlas. No es el “akiva” de los japoneses, pero ahí estamos. Los pueblos se vacían y la gente se concentra en la zona central de Asturias. Y es que, si no se hace algo ilusionando y proporcionando diferentes ayudas a la población del medio rural, no se va a quedar nadie; si no hay servicios y unas condiciones dignas para las familias, si no hay infraestructuras, internet, comunicaciones y sobre todo, oportunidades laborales, la población no se asienta. La prioridad son las personas, hay necesidades por cubrir, pero lo primero es tener gente, sobretodo joven porque la población está muy envejecida.

El pasado octubre el Gobierno de Asturias aprobaba el proyecto de Ley de Impulso Demográfico, que combina medidas dirigidas al fomento de la actividad económica y cohesión social, tendentes a revertir la pérdida de población. Se aumentan las ayudas directas a la natalidad, se mejoran las deducciones fiscales y se habilitan, por primera vez en la historia, ayudas a familias con menores de cuatro años, hasta un total de 1.500€ por hijo/a que no tenga escuelas infantiles públicas en su concejo y carezca de plaza.

Mientras, el Gobierno del Principado acaba de aprobar un decreto con beneficios fiscales para afrontar el reto demográfico que se extenderán a estos 55 concejos afectados. De cara a la próxima campaña del IRPF los residentes en estos municipios podrán aplicar deducciones de nacimiento o adopción, a partir del segundo hijo, para gastos en centros de 0 a 3 años, por rehabilitación, adquisición o arrendamiento de vivienda, por alta de trabajadores o por gastos de transporte.

Estas son algunas de las medidas que se suman a las ya existentes en todo el territorio asturiano, habrá que esperar a ver sus efectos. El Principado es una de las comunidades más prolijas en la puesta en marcha de medidas contra la despoblación, aun así, el esfuerzo realizado no es suficiente.

Son muchos los que piensan que este tema debería de ser un problema de Estado, ya que más del 80% del territorio español es rural y en esta gran superficie solo vive un 16% de población. Un problema que habría que plantear a la UE, pues a día de hoy sólo reconoce oficialmente a Teruel, Soria y Cuenca como zonas despobladas en España. Esto permite que gocen de ayudas y actuaciones específicas prioritarias, así como el apoyo de otros instrumentos como el Fondo de Transición Justa o el mecanismo de recuperación y sean también objeto de acciones legales concretas para ayudar a su impulso.

Según el Instituto Nacional de Estadística, la natalidad en España ha descendido un 30% en la última década. Si continúa esta senda, Naciones Unidas prevé que en 2050 seamos el segundo país, por detrás de Japón, más envejecido del mundo.

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