En 2008, cuando las entidades bancarias ven venir la crisis económica crean -para mantener sus ingresos- una serie de productos bancarios que implican un elevado riesgo del que no informan a sus clientes. Contratos de permuta (swaps), participaciones preferentes, compraventa de acciones de Bankia, obligaciones subordinadas, cláusulas suelo, son algunos de los denominados ‘productos tóxicos’ con los que estos bancos engañaron a cerca de tres millones de familias españolas. De ellas, cuarenta mil eran asturianas.
Modus operandi. Una vez que el banco crea estos nuevos productos y sus condiciones, son los profesionales financieros los encargados de venderlos al mejor precio y al mayor número de clientes posible siguiendo las directrices de su empresa: cuanto más margen económico consigan para el banco, más incentivos obtienen.
Hay que atraer la atención de los clientes como sea y para ello emplean tácticas comerciales muchas veces engañosas. «Los bancos saben que uno de los primeros efectos de la crisis va a incidir en el mercado inmobiliario provocando un descenso en barrena del Euribor. La primera reacción es ‘blindar’ todas sus hipotecas con una cláusula suelo para que por mucho que baje el Euribor no repercuta favorablemente en las familias, que seguirán pagando lo mismo para que el banco no se resienta.
Si tenemos en cuenta que el Euribor lleva cotizando un año en negativo y que la gente sigue pagando entre un 3 y 4% más, estamos hablando de un precio añadido a la cuota ordinaria de entre 150 y 300€, es decir, unos 3.000€ al año. Esto ha hecho que mucha gente no pueda seguir pagando su hipotecas y se enfrente a una ejecución hipotecaria o a un desahucio», denuncia Dacio Alonso presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE-Asturias). Casi en el 90% de los desahucios la cláusula suelo ha tenido un papel determinante, según estimaciones de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (ADICAE). El fin de esta cláusula -según sus propios cálculos- evitaría 200.000 ejecuciones hipotecarias.
«Hemos conseguido eliminar 2.500 cláusulas suelo y que los bancos devuelvan a los consumidores las cantidades correspondientes desde mayo de 2013″(Dacio Alonso. UCE)
La falta de información por parte de los bancos sobre el producto que ofertaban es la base sobre la que se han apoyado organizaciones como la UCE para reclamar a los bancos y llevarlos a los tribunales. En agosto del pasado año, Consumidores de Asturias consigue la primera sentencia firme que condena a un banco. «Hemos conseguido eliminar 2.500 cláusulas suelo -asegura Dacio Alonso- y que los bancos devuelvan a los consumidores las cantidades correspondientes desde mayo de 2013- fecha en la que se pronuncia por primera vez el TS-. Ahora tenemos encima de la mesa dos mil demandas listas para presentar en los tribunales asturianos a la espera de que el Tribunal de Justicia Europeo se pronuncie el 26 de abril y obligue a los bancos españoles a devolver todo lo cobrado, no ya desde 2013 sino desde que se introdujo la cláusula suelo. Éste será un importante paso de cara a reparar el daño causado a todos estos ciudadanos».
A esta situación sangrante se suman otras denunciadas por los consumidores ante los tribunales. La lista de productos tóxicos se hace más grande.
El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº3 de Gijón, Miguel Covián con amplia experiencia en este tipo de casos asegura que es «a partir de 2010 cuando empiezan a denunciarse a gran escala los contratos de permuta de tipos de interés (conocidos como swaps) que ahora mismo están siendo objeto de numerosas sentencias del TS, confirmando sustancialmente el criterio seguido mayoritariamente en los tribunales asturianos años antes. Luego siguieron los juicios relativos a la participaciones preferentes y obligaciones subordinadas y luego, las relativas a la compraventa de acciones de Bankia».
Más de doce mil familias asturianas han sido víctimas de las estafas de las preferentes y de las swaps según la UCE, y cerca de cinco mil en el caso de las acciones de Bankia: una de las mayores estafas en la historia del país según los peritos del Banco de España.
La estafa de Bankia
Además del dinero que pusimos todos los ciudadanos para rescatar a la entidad, unos 22.500 millones de euros, Bankia se benefició de la venta de acciones y preferentes, ocultando a los clientes su auténtica situación: se habían falsificado sus cuentas y el banco estaba quebrado antes de empezar a cotizar en Bolsa en julio de 2011. Es decir, la entidad no tenía capacidad de generar beneficios y por tanto de dar dividendos a los futuros accionistas. Un hecho que pasó desapercibido para el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El fraude en la salida de Bolsa de Bankia fue masivo -involucró a miles de ciudadanos de a pie, inversores corrientes- y además millonario -supera los 3.000 millones de euros-. La nulidad de la compraventa de acciones de Bankia –con varias sentencias pioneras en Asturias- ha sido uno de los temas que con más frecuencia llegaron a los tribunales asturianos a partir de 2014. «Casi de manera unánime -asegura el magistrado- las sentencias fueron estimatorias de las demandas interpuestas al considerar que, cuando se comercializaron las acciones, el comprador no conocía la verdadera situación de la entidad, que fue ocultada. En la actualidad hay dos sentencias del TS que vienen a confirmar este criterio, acogiendo las pretensiones de nulidad de tales compraventas».
Mientras pasaba todo esto, los consejeros de Bankia disfrutaban de elevados sueldos, primas, y de las famosas tarjetas black.
Tribunales asturianos dictan sentencias pioneras
Los juzgados y tribunales asturianos se han convertido en este tiempo en un referente en la escalada de pleitos que se han puesto en marcha en todo el país contra los productos tóxicos que la banca comercializó hace unos años. Jueces y magistrados de la región dan la razón a los consumidores con sentencias pioneras que sirven de referencia en otros lugares de España.
«Desde hace tiempo se venían planteando ante los tribunales reclamaciones de los consumidores, pero se hacía de forma esporádica y con diferentes resultados. Ahora los procedimientos relacionados con esta materia han aumentado exponencialmente. Ello ha sido el resultado -opina el juez Covián- de un conocimiento más profundo del derecho europeo por parte de todos los profesionales que intervenimos en la aplicación del derecho, así como de la existencia de abusos o fraudes que han afectado a un gran número de personas». Recientemente hemos conocido una sentencia en el Principado que, amparándose en un informe de Bruselas, obliga a un banco a devolver la cantidad de dinero cobrada de más a un cliente con un préstamo hipotecario con cláusula suelo, no sólo a partir de mayo de 2013 sino desde la fecha de la firma del contrato, pese a la doctrina en contra del TS. El juez firmante defiende que el derecho de la UE prevalece por encima del nacional.
Asturias está cobrando protagonismo. En febrero la Audiencia Provincial confirmaba la primera sentencia colectiva dictada en España con motivo del caso Bankia, en la que anulaba el contrato de la compra de acciones de la entidad y daba la razón a un grupo de diez consumidores. El magistrado Covián apunta que «ha llegado el momento de reivindicarnos. En general la justicia en Asturias funciona razonablemente, tanto en los tiempos de respuesta como en la calidad de sus resoluciones. El hecho de que los tribunales asturianos hayan sido de los primeros en resolver sobre las pretensiones de los consumidores, unido a la calidad de la respuesta dada en muchos casos, entiendo que ha hecho que nuestras decisiones influyan en las de otros territorios, máxime hoy, cuando el acceso a todas las resoluciones resulta de lo más sencillo».
La banca pierde
A pesar de haberse saltado a la torera la normativa bancaria, no sólo española sino también las directivas europeas, los bancos se resisten a perder la partida. ¿Cómo es posible que después de que el Tribunal de Justicia Europeo declarase nulas las cláusulas suelo, los bancos sigan resistiéndose a retirarlas e incluso obliguen a sus clientes a negociarlas? «Quiero pensar -reflexiona el juez Covián- que se deba al impacto económico que la cuestión tiene en sus cuentas de resultados. Sin embargo, tal negativa no es lógica ni razonable pues, aunque más tarde, acabará produciendo mayores perjuicios a las propias entidades».
Asociaciones de consumidores denuncian la existencia de ‘acuerdos trampa’ por parte de las entidades bancarias, para rebajar, quitar temporalmente o dejar de aplicar la cláusula suelo cuando la realidad es que no se llega a firmar ningún papel. Dacio Alonso de la UCE alerta de este tipo de prácticas: «Ante esta situación los bancos están intentando tomar la iniciativa para engañar una vez más al cliente para que firme un documento donde se comprometa a no reclamar la cantidad que le pudiera corresponder. Hay mucha gente que a día de hoy desconoce las cláusulas suelo, les llama el director de la sucursal, le ofrece una cantidad de dinero y acaban firmando después de dar un abrazo al director. Eso imposibilita que al final le devuelvan a esa persona la cantidad completa a la que tiene derecho. Los bancos están tomando iniciativas bajo engaño».
«Cuando se comercializaron las acciones de Bankia, el comprador no conocía la verdadera situación de la entidad, que fue ocultada» (Miguel Covián. Magistrado)
Despachos de abogados y asociaciones de consumidores están ganando la partida a los bancos en los tribunales. No sólo en cuanto al número de sentencias a favor sino también porque la mayoría de los fallos obligan a las entidades a devolver importantes cantidades de dinero. En el caso de las cláusulas suelo, se calcula que las entidades están perdiendo alrededor del 95% de las demandas en juzgados y audiencias provinciales. Lo mismo ocurre con el caso Bankia.
A ello se suma la actuación del Servicio de Consumo del Principado, única comunidad autónoma española que se ha atrevido a sancionar con 8.000€ a entidades bancarias por prácticas abusivas como las cláusulas suelo. «La actuación del Principado ha sido clave en toda esta historia y de una valentía increíble -asegura Dacio Alonso-. Ha dado la cara ante los mismos bancos que están financiando su deuda y su déficit y eso no le ha amedrentado».
Están en marcha numerosas batallas legales contra los bancos en todo el territorio español. Cuestión que debería hacer reflexionar a nuestros políticos sobre la necesidad de cambios urgentes en las políticas económicas que afectan de manera directa a los ciudadanos. Es una reclamación a gritos.