El paso adelante que supuso la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia en 2006 sufre los efectos de la avalancha de recortes que el Gobierno está poniendo en marcha en distintos ámbitos. Si ya antes la situación era complicada por las dificultades de financiación y los retrasos en la concesión de ayudas, ahora, la reducción de la aportación del Estado amenaza con estrangular a las autonomías.
La reforma integral de la ley aprobada en consejo de Ministros el pasado 13 de julio incluyó un recorte del 15% en las prestaciones que actualmente reciben los cuidadores no profesionales, que en Asturias son 7.000, la mayoría mujeres. Esto tiene lugar en un contexto en el que, en Asturias, el Gobierno tendrá que solucionar el gran retraso existente en la tramitación de solicitudes. Tenemos en la actualidad 5.573 dependientes con el grado y nivel ya reconocidos pero esperando saber qué tipo de prestación recibirán, más otras 4.200 personas esperando por la resolución de su solicitud inicial. En total, a 1 de junio de 2012, en Asturias se han producido 35.879 solicitudes desde la entrada en vigor de la Ley. Son datos facilitados por la Plataforma de Afectados por la Ley de Dependencia en Asturias, que representa el abogado Alberto Zurrón.
-En lo relativo a número y tramitación de solicitudes, ¿cuál es la situación en Asturias, en comparación con otras comunidades?
-El número de solicitudes registradas en Asturias es muy elevado si se compara con otras regiones como Baleares, cuya población es mayor, y donde sin embargo se han registrado casi 10.000 solicitudes menos. Por eso mismo, pero también por la congestión procedimental, las resoluciones tardan en salir bastante más tiempo del que se preveía, por lo que en Asturias nos encontramos ante un atasco proverbial con una salida difícil, a tenor de los medios humanos de que hoy se disponen. Seguimos ante cifras leoninas e insoportables.
«Las resoluciones tardan en salir bastante más tiempo del que se preveía, por lo que en Asturias nos encontramos ante un atasco proverbial con una salida difícil»
-La Plataforma se constituyó en 2011. Con algo más de un año de trayectoria, ¿cuál es la valoración, qué avances se han producido? ¿Con cuántos miembros cuenta la plataforma?
-En mi condición de abogado yo me encargo de la coordinación y atención de las consultas, además de tramitar los procedimientos administrativos y los propiamente judiciales, y de entrevistarme con los políticos y medios de comunicación. Cuento con la colaboración esporádica de un técnico en la materia, de manera que casi podría decirse que se trata de una plataforma unipersonal. Sus inicios son anecdóticos, ya que en mi condición profesional daba conferencias en geriátricos ante internos y familiares sobre el proceso civil de incapacitación judicial, pero todas las preguntas al final versaban sobre la dependencia y nunca sobre el objeto de la conferencia. Actualmente se producen del orden de 20 consultas mensuales.
-En los últimos meses el Principado ha bajado en su calificación con respecto a otras comunidades, según publicó recientemente el Observatorio de Dependencia. ¿Cuál es el problema: dotación económica, organización administrativa, coordinación?
-Empezando por el final son esos tres los problemas que se aúnan para paralizarnos: falta de previsión más falta de dotación, y lo cierto es que la supresión del nivel acordado por parte de la Administración central para el año 2012 no ha ayudado nada, por cuanto ello supone 8,1 millones menos, más otros 8,1 millones que en su desdoblamiento ponía la comunidad autónoma. Téngase en cuenta que el Estado prioriza a aquellas comunidades con más beneficiarios reales, y que Asturias se vio penalizada en el año 2011 al perder 600.000 € de ayuda por el atasco que acumulaba en su gestión, agravada por la propia interinidad del gobierno regional.
Sigo insistiendo en que la solución pasa por incrementar los medios humanos especializados, tal como Foro había decidido al final de su gestión. Sólo así empezará a subir nuestra nota para evitar este 3,8 último e ignominioso. Hay que tener en cuenta que Asturias ha suspendido en los 12 parámetros del examen.
-¿En qué medida ha perjudicado la situación política que ha arrastrado Asturias en los últimos meses en la aplicación de la Ley ?
-Esa interinidad no ha propiciado ninguna ayuda, como tampoco la brevedad del propio gobierno. Quienes llegan parten de cero, quizás con buenas ideas, pero lastrados también por las directrices y recortes del gobierno central, por lo que el margen de maniobra es cada vez más pequeño cuando los presupuestos recalan en dique seco.
«Las perspectivas para el próximo año son pésimas, como se acaba de comprobar con el anuncio de la modificación de la Ley de la Dependencia: mayor copago, mayor laxitud en la tramitación procedimental, menos prestaciones»
-¿Cuáles son las perspectivas para el próximo año?
-Pésimas, como se acaba de comprobar con el anuncio de la modificación de la Ley de la Dependencia por la ministra. Mayor copago, mayor laxitud en la tramitación procedimental, menos prestaciones e involución del grado inferior (dependientes moderados) con ampliación de moratoria para sostener el cupo de los grandes dependientes. A ello hemos de sumar, insisto, la moratoria para el año 2015 del acceso del grado I, nivel 1, así como los restantes del nivel 2, y la actual supresión del nivel mínimo acordado, sin perspectivas de restablecimiento.
-Asturias está canalizando una buena parte de las ayudas hacia «pagas» a los cuidadores, lo que en un inicio se establecía como una medida excepcional. ¿Cómo valoran ese dato?
-Es nefasto, una auténtica perversión del sistema que lo desnaturaliza por completo y hace más dependientes a los dependientes, en perjuicio de una reeducación de su autonomía, factor éste que siempre se olvida. Pero se trata de un comprensible mecanismo de subsistencia familiar sin recursos, además de conservar así íntegra la pensión del mayor sin detracción de su 80% para gastos residenciales. Actualmente hay en Asturias 7.809 dependientes con un familiar como cuidador frente a los 3.111 que disfrutan de una plaza geriátrica.
-La puesta en marcha de esta Ley implicaba un importante cambio de mentalidad a la sociedad en su conjunto, en la medida en que la ayuda constituye un derecho, y no una contribución solidaria o algo similar. ¿Ha cambiado la sociedad en este sentido?
-Las bases de la sociedad son dinámicas y varían en función no de la ética, por desgracia, sino de los recursos económicos. Me da la sensación de que la ley se morirá por sí misma porque nació en una época de bonanza y hoy todo apunta contra su desaparición. A eso también se le llama «fatiga de materiales». La mentalidad de la sociedad no cambia en términos de solidaridad; lo único que cambia es el registro para financiar a los más necesitados y en este punto la tela para cortar es muy poca.
Las claves de la reforma
• Se eliminan los niveles de gravedad con los que se clasifica a los dependientes de cada grado. Los solicitantes no tendrán derecho a recibir las ayudas que les correspondan con carácter retroactivo más allá de los dos años.
• Los dependientes con discapacidad entrarán en el copago, del que estaban exentos.
• Se aplaza hasta el año 2015 la incorporación de dependientes de grado 1.
• Las cuidadoras familiares, en su mayoría mujeres, pierden las cotizaciones a la Seguridad Social que pagaba por ellas el Gobierno y que les servía para completar periodos cotizados y acceder a una pensión de jubilación.