El pasado mes de marzo se firmó un convenio mediante el cual Asturias, Cantabria, y Castilla y León se comprometen a gestionar conjuntamente el Parque Nacional de Picos de Europa. El acuerdo ha suscitado críticas por varias razones: en los órganos de gestión está ausente el Gobierno Central, se establece la existencia de tres codirectores y las Comunidades Autónomas se han reservado el derecho de veto.
‘¿Cómo valora el futuro de este espacio protegido con este convenio?’
Belén Fernández
Viceconsejera de Medio Ambiente
«El convenio de colaboración entre Cantabria, Castilla- León y Principado de Asturias tiene la altura de miras necesaria para garantizar buenas perspectivas de progreso social, económico y ambiental a Picos de Europa y a sus gentes. Aprovechando la ya dilatada trayectoria autonómica en la gestión de espacios naturales protegidos, instituye a nivel organizativo y de planificación el marco para una gestión única, estable y garante de la conservación de la extraordinaria riqueza natural del Parque Nacional. Las Comunidades Autónomas debemos emplearnos a fondo para conseguir en el día a día hacer realidad estos objetivos.
Una vez que consigamos poner en marcha el Consorcio Parque Nacional de los Picos de Europa a través de la aprobación de sus Estatutos, estaremos en condiciones de recibir el traspaso del Parque Nacional. Comenzará así una nueva época en la historia del más emblemático de nuestros espacios protegidos donde las Comunidades Autónomas tendremos que llevar las riendas de su gestión y en la que Asturias desea seguir contando con la implicación, apoyo y valiosa experiencia del Estado para regir con éxito los destinos del Parque». §
«Este convenio tiene la altura de miras necesaria»
Rodrigo Suárez Robledano
Director-Conservador del Parque Nacional de los Picos de Europa
«Estamos ante la oportunidad de articular un procedimiento de cooperación entre tres CC.AA. para la gestión coordinada de un mismo territorio (lo que viene impuesto por la STC) como no ha habido, hasta ahora, en nuestro país y desde la promulgación de la Constitución; y con lo que ello implica, si se acierta, de cercanía de la gestión al ciudadano y garantía de conservación de los recursos naturales de un ámbito natural único, ajeno a divisiones administrativas en su conformación geomorfológico y biológica, y de excepcional calidad ambiental.
Y estamos además ante un gran reto precisamente centrado en acertar, a la hora de desarrollar el Convenio mediante unos Estatutos, y lograr ese objetivo de coordinación, que respete los criterios de una gestión unitaria sin perder la riqueza de la diversidad». §
«Es una oportunidad y un gran reto»
Alfredo García
Alcalde de Cangas de Onís
«Independientemente de que me hubiese gustado que los alcaldes, o algún alcalde en representación de la administración local estuviese presente dentro de los órganos de gestión, este convenio hay que valorarlo positivamente, porque es un acuerdo político entre las tres comunidades y era importante que hubiera acuerdo entre comunidades de distinto signo político. A partir de ahí, que se vaya tramitando este convenio para que cuanto antes la gestión pase a depender de las comunidades, que es lo que esperamos, porque desde las administraciones más cercanas pueden resolverse mejor los temas y los problemas del día a día.
El hecho de que existan tres co-directores no tiene mayor importancia, es un tema de coordinación entre los directores. Lo importante es que se vaya avanzando en ese sentido para elaborar un plan de uso y gestión de este espacio protegido». §
«Hay que valorarlo positivamente»
Avelino Cárcaba
Colectivo Montañero por la defensa de los Picos de Europa
«Es un convenio muy criticable porque implica, en la práctica, la disgregación de este Parque Nacional en tres partes.
Los aspectos puntuales de este texto que son rechazables son los siguientes:
1º) Mediante este Convenio estas comunidades autónomas pretenden elaborar, de nuevo, el PORNPE, el PRUG y el Plan de Desarrollo Sostenible, lo que implica, otra vez, volver a empezar, dejando en baldío todos los años empleados para que Picos tuviese una legislación para su protección. Ello, además, es preocupante porque ahora puede significar que cada comunidad tenga más facilidad para rebajar las limitaciones proteccionistas. Eso no es un temor infundado, pues esa es la pretensión histórica de alguna autonomía. El caso de la caza en León es un ejemplo.
2º) La intervención del Estado Central desaparece, por completo. Con ello, su capacidad de intermediación ante desacuerdos entre las autonomías se esfuma.
3º) En este Convenio se establece el derecho al veto de las autonomías para actuaciones que afecten en exclusiva a su porción del Parque Nacional. ¿Qué posibilidades quedan, entonces, para eliminar actuaciones indeseadas?
4º) Se nombrará un director exclusivo para cada sector del parque. Aunque se hable de un director y co-directores, la realidad es que una dirección general no se ve por ningún lado, pues esa dirección lo es sólo a los efectos de representación externa del Parque y de forma rotatoria. Por tanto, cada cual dirigirá su parte de manera independiente del resto.
Hay que recordar que estos planteamientos son, exactamente, los que postulaban quienes se opusieron, desde el principio, a la declaración de los tres macizos como Parque Nacional. Ese es el caso de Castilla y León que recurrió en 1994 el PORNPE ante el Tribunal Constitucional, defendió siempre la caza en su territorio, repudió desde el principio que el Estado Central tuviese intervención en su área y mantiene desde hace años que debería haber tres directores en este parque.
Todas las razones anteriores se mantenían con el único deseo de poder rebajar la protección de este espacio natural. Por lo tanto, ahora ha mantenido su postura para aceptar firmar este convenio. Las otras dos autonomías, sin la presencia, ahora, del Estado Central han aceptado, sin reparos sus condiciones.
En conclusión, se puede decir que hemos ido hacia la peor de las posibilidades. El Parque rebajará su protección y la gestión irá cada una por su lado: el Parque Nacional como unidad de gestión habrá desaparecido. §
«Hemos ido hacia la peor de las posibilidades»
Ernesto Díaz
Coordinador de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica
«Valoramos este convenio con verdadero pesimismo y muchos temores, porque las Comunidades Autónomas están resolviendo francamente mal muchos aspectos vinculados con la conservación de los espacios y las especies. Baste ver lo que está sucediendo en Castilla y León con la conservación del oso pardo, que está siendo una auténtica hecatombe. Hace muy poco ha aparecido otro oso pardo en el norte de Palencia, muy cerca de los límites con el Parque Nacional. Por su parte, Asturias y Cantabria se muestran muy dispuestas a gestionar el Parque Nacional, pero creemos que los intereses, según hemos visto en los medios de comunicación, tienen mucho que ver con llevar adelante recetas que hasta ahora no han podido aplicarse, como son los aspectos vinculados con el turismo y la gestión cinegética.
Por otro lado, una sentencia del Tribunal Constitucional otorga a las Comunidades Autónomas la gestión de los parques nacionales. Hasta ese momento el Gobierno Central, con todos sus errores, siempre ha actuado como garante de determinadas amenazas que venían de las propias Comunidades Autónomas, cosa que ahora no sucede. Todo esto nos hace presumir que el Parque Nacional se va a ver sujeto a tensiones, cada uno tirando hacia sus intereses, y muy poco de esa gestión coordinada que nos prometen.
En un espacio como la Cordillera Cantábrica no vamos a hablar sólo de Picos de Europa, que es un macizo montañoso de tamaño peculiar y con unas características especiales, en los aspectos ambientales estas tensiones se observan de una manera especialmente llamativa. No olvidemos que la Cordillera Cantábrica va desde Galicia hasta Euskadi y en ella participan nada menos que cinco Comunidades Autónomas, cada una con su propia normativa, que en muchas ocasiones choca con la normativa vecina.
Nosotros apostamos porque el Gobierno de España tenga un papel realmente estabilizador y coordinador en territorios limítrofes y en políticas ambientales, que no conocen ni de siglas políticas, ni de comunidades autónomas, ni de límites fronterizos.
Por lo tanto, para Picos de Europa promulgamos una sola gestión y una sola dirección tutelada por el Gobierno Central». §
«Las CC.AA. están resolviendo mal muchos aspectos vinculados con la conservación»